Un informe elaborado por el almirante retirado Jorge Enrico advierte sobre el deterioro de las condiciones salariales dentro de la Armada y señala que la pérdida de personal experimentado puede convertirse en un problema estratégico para la institución. El reclamo vuelve a poner bajo la lupa el estado de las Fuerzas Armadas durante el gobierno de Javier Milei.

Hay problemas que no hacen ruido hasta que empiezan a vaciar las instituciones por dentro. No aparecen necesariamente en un desfile ni en una fotografía oficial. A veces se manifiestan de una manera mucho más sencilla: profesionales que deciden irse.

Ese es el diagnóstico que plantea un documento elaborado por el almirante retirado Jorge Enrico sobre la situación de la Armada Argentina. El informe advierte que los bajos salarios están empujando a integrantes con experiencia hacia el retiro y que esa pérdida de cuadros puede terminar afectando las capacidades de una institución que necesita formación especializada y experiencia acumulada.

El planteo llega en un momento incómodo para el Gobierno de Javier Milei. La administración libertaria sostiene desde su llegada al poder una mirada que busca recuperar determinadas capacidades de las Fuerzas Armadas y otorgarles un papel más relevante dentro de la política de defensa. Pero una fuerza militar no se reconstruye solamente con equipamiento.

También necesita personas capacitadas para utilizarlo.

Y formar a esas personas lleva años.

El problema salarial adquiere entonces una dimensión que supera el reclamo individual. Un oficial, un técnico o un especialista que abandona la institución no se reemplaza simplemente incorporando a alguien nuevo. Detrás de cada integrante experimentado existe un proceso de formación, entrenamiento y conocimiento práctico que se acumula durante años.

Cuando ese capital humano se pierde, reconstruirlo puede ser mucho más difícil que recuperar una partida presupuestaria.

El documento de Enrico apunta precisamente sobre esa cuestión y expresa un malestar que, según La Política Online, ya resulta difícil de ocultar dentro de la Armada. El diagnóstico habla de remuneraciones insuficientes y de una situación que estaría empujando a los mejores cuadros hacia el retiro.

La discusión aparece además en un contexto económico en el que el Gobierno sostiene como prioridad el equilibrio fiscal y la reducción del gasto público. Esa política tuvo efectos particularmente fuertes sobre distintas áreas del Estado y las Fuerzas Armadas tampoco quedaron fuera de la discusión presupuestaria.

Pero defensa tiene una característica particular: sus resultados no siempre pueden medirse en términos inmediatos.

Una escuela necesita docentes todos los días. Un hospital necesita médicos. Una fuerza militar necesita mantener durante años una estructura de formación y entrenamiento aunque, idealmente, buena parte de sus capacidades nunca tenga que utilizarse.

Ese es uno de los dilemas clásicos de cualquier política de defensa. El Estado invierte en capacidades que espera no tener que poner a prueba.

La Argentina, además, tiene una geografía que vuelve difícil pensar la defensa únicamente desde los grandes centros urbanos. El Atlántico Sur, la Patagonia, los espacios marítimos bajo jurisdicción argentina y la proyección hacia la Antártida requieren capacidades específicas. La Armada ocupa un lugar central en esa estructura.

Por eso, la discusión salarial no debería reducirse a cuánto cobra un integrante de la fuerza.

La pregunta más importante es cuánto le cuesta al Estado perder profesionales que ya fueron formados.

Si un especialista se retira porque encuentra mejores condiciones fuera de la institución, el Estado pierde simultáneamente experiencia, formación acumulada y capacidad operativa. Después, para reemplazarlo, debe comenzar nuevamente un proceso que puede llevar años.

La paradoja es evidente: ahorrar en el presente puede generar costos mayores en el futuro.

Esto no significa que las Fuerzas Armadas deban quedar fuera de cualquier discusión sobre eficiencia, transparencia o prioridades presupuestarias. Al contrario. Una política de defensa seria necesita controles, planificación y rendición de cuentas. Pero también necesita reconocer que algunas capacidades estratégicas requieren continuidad.

El debate debería ubicarse allí.

No se trata de reivindicar un aumento salarial porque sí, ni de convertir cualquier reclamo interno en una disputa política. Se trata de discutir qué capacidades militares quiere tener la Argentina y cuánto está dispuesta a invertir para sostenerlas.

Porque si el Estado decide que necesita una Armada moderna, profesional y capaz de actuar en el Atlántico Sur, entonces debe garantizar las condiciones para que las personas que la integran puedan construir una carrera dentro de ella.

El equipamiento puede comprarse.

La experiencia, no.

Y cuando los mejores cuadros comienzan a irse, el problema ya no es solamente cuánto cobra un militar. Es cuánto conocimiento estratégico está abandonando una institución que necesita justamente lo contrario: conservarlo.