La causa por presunto enriquecimiento ilícito que involucra al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, sumó un nuevo capítulo. El fiscal federal Gerardo Pollicita ordenó una serie de medidas de prueba para reconstruir la evolución patrimonial del funcionario y determinar si existe correspondencia entre sus ingresos declarados y el crecimiento de su patrimonio. Los resultados podrían derivar en un pedido formal de explicaciones y, eventualmente, en una indagatoria.

La investigación judicial sobre el patrimonio del jefe de Gabinete volvió a registrar avances.

El fiscal federal Gerardo Pollicita dispuso nuevas medidas de prueba orientadas a profundizar el análisis sobre la situación patrimonial y financiera de Manuel Adorni y de su esposa, en el marco de la causa por presunto enriquecimiento ilícito.

Entre las diligencias ordenadas figura un informe integral a cargo de la Dirección General de Asesoramiento Económico y Financiero en las Investigaciones (DAFI), organismo especializado del Ministerio Público Fiscal. El estudio buscará reconstruir la evolución de los bienes, ingresos, inversiones, préstamos, gastos y pasivos del matrimonio desde diciembre de 2023, cuando Adorni ingresó a la función pública.

Además, la fiscalía solicitó información a las plataformas de activos digitales Lemon Cash y Binance para conocer posibles movimientos con criptomonedas realizados entre 2020 y 2021. También requirió datos a la administración del barrio privado donde el funcionario adquirió una vivienda y pidió información a otros organismos públicos y privados para contrastar distintos aspectos de su situación patrimonial.

De acuerdo con la investigación, una vez reunidos esos elementos de prueba el fiscal evaluará realizar un requerimiento de justificación patrimonial, una instancia en la que el funcionario deberá explicar el origen de determinados bienes y movimientos económicos observados durante la pesquisa. Ese paso suele anteceder, en caso de que persistan inconsistencias, a un eventual pedido de declaración indagatoria.

La causa tomó mayor relevancia pública luego de que Adorni rectificara sus declaraciones juradas patrimoniales e incorporara activos que no habían sido informados previamente, entre ellos ganancias atribuidas a inversiones en criptomonedas. Esas modificaciones motivaron nuevos cuestionamientos políticos y reforzaron el interés judicial sobre la evolución de su patrimonio.

Desde el Gobierno, el presidente Javier Milei mantiene su respaldo al jefe de Gabinete, mientras la oposición continúa reclamando explicaciones en el Congreso y sigue de cerca el avance de la investigación.

Por ahora, la causa permanece en etapa de recolección de pruebas.

Las conclusiones de los informes solicitados serán determinantes para definir si la investigación avanza hacia una nueva instancia judicial o si las explicaciones aportadas por el funcionario resultan suficientes para despejar las sospechas sobre su patrimonio.