Un relevamiento sobre las condiciones económicas de los sectores populares advierte que las organizaciones criminales aprovechan la falta de oportunidades para captar adolescentes con promesas de dinero inmediato. Las estimaciones ubican el pago inicial en unos 50.000 pesos por día, pero detrás de esa cifra aparecen explotación, amenazas y una exposición extrema a la violencia.

La crisis de ingresos y la falta de perspectivas laborales abren un terreno de vulnerabilidad que las organizaciones narcocriminales aprovechan para reclutar adolescentes en barrios populares. En distintas zonas urbanas del país, jóvenes de entre 13 y 16 años son captados con la promesa de recibir dinero en efectivo y acceder a consumos que sus familias difícilmente pueden afrontar. Sin embargo, detrás de esos ofrecimientos se esconde una estructura de explotación que los coloca en situaciones de enorme peligro.

Las estimaciones de fuentes barriales, investigaciones judiciales y crónicas policiales ubican en alrededor de 50.000 pesos diarios el pago inicial que pueden recibir quienes son incorporados como eslabones menores de esas redes. La cifra, que puede variar según las tareas y las condiciones impuestas, resulta especialmente significativa en un contexto donde numerosos trabajadores tienen dificultades para cubrir sus necesidades básicas con un empleo formal.

La comparación con los ingresos de otras actividades permite dimensionar el problema. Un trabajador de reparto mediante aplicaciones puede obtener montos similares en una jornada completa, aunque debe afrontar gastos de movilidad, mantenimiento y otros costos. La diferencia es que, en el caso de las redes criminales, el dinero ofrecido está asociado a una relación de sometimiento y a riesgos que pueden comprometer la integridad y el futuro de los jóvenes.

El atractivo de la promesa económica no puede separarse de las condiciones sociales en las que se produce el reclutamiento. La falta de empleo estable, las dificultades para continuar los estudios, la fragilidad de los espacios de contención y la ausencia de expectativas concretas generan un escenario en el que el ingreso inmediato puede imponerse sobre cualquier proyecto a largo plazo.

Pero los pagos no reflejan las condiciones reales de esa actividad. Los jóvenes pueden quedar sometidos a jornadas extensas, controles permanentes y descuentos arbitrarios. En algunos casos, las organizaciones reemplazan parte de la remuneración por mecanismos de dependencia y sometimiento, aprovechándose de situaciones de vulnerabilidad y consumos problemáticos.

La estructura criminal también distribuye de manera desigual los riesgos. Quienes ocupan los lugares más bajos quedan expuestos a situaciones de violencia y a las consecuencias de disputas territoriales, mientras que quienes conducen las organizaciones permanecen alejados de la primera línea. Los adolescentes terminan siendo los más desprotegidos dentro de un negocio del que difícilmente pueden salir sin apoyo.

La dimensión económica ayuda a comprender por qué el reclutamiento encuentra terreno fértil. Para noviembre, las estimaciones de la canasta básica total ubicaban entre 1,53 y 1,60 millones de pesos mensuales los ingresos necesarios para que una familia tipo de cuatro integrantes no quedara bajo la línea de pobreza. La canasta de indigencia, por su parte, se encontraba entre 530.000 y 570.000 pesos.

Los ingresos laborales muestran una distancia considerable respecto de esos valores. Según los datos del INDEC citados en el relevamiento, el ingreso promedio de las personas ocupadas era de 1.129.527 pesos, mientras que la mediana se ubicaba en 900.000. Esto significa que la mitad de quienes tenían ingresos laborales percibía esa suma o menos. En los cuatro deciles de menores ingresos, el promedio descendía a 415.012 pesos.

La precariedad tampoco desaparece automáticamente con el empleo registrado. En noviembre, el salario bruto inicial de un trabajador de maestranza en Comercio se ubicaba en torno a 1,37 millones de pesos, mientras que un ayudante de la construcción percibía aproximadamente un millón por mes, de acuerdo con las escalas salariales consideradas en el informe. En ambos casos, los montos quedaban por debajo de la canasta de pobreza estimada para un hogar de cuatro integrantes.

Estas diferencias exponen una contradicción social profunda: el trabajo legal no siempre garantiza condiciones suficientes para sostener un hogar, mientras que las redes criminales utilizan esa fragilidad para presentar ingresos inmediatos como una alternativa. Pero no existe una verdadera oportunidad detrás de esa oferta. Se trata de mecanismos de captación que convierten las necesidades económicas en herramientas de control.

La respuesta, por lo tanto, no puede limitarse a los operativos policiales ni a la persecución de los eslabones más débiles de esas estructuras. La prevención requiere políticas sostenidas de inclusión educativa, acompañamiento familiar, acceso al empleo, espacios comunitarios y protección integral de niñas, niños y adolescentes. También demanda investigaciones capaces de llegar a quienes organizan y se benefician de estas redes.

Cuando un adolescente encuentra más visible la promesa de dinero de una organización criminal que la posibilidad de estudiar, trabajar y construir un proyecto propio, el problema excede la seguridad. Habla de un mercado laboral que no alcanza, de instituciones que necesitan mayor presencia y de una desigualdad que deja a demasiados jóvenes frente a opciones profundamente desiguales.

El dinero rápido funciona como anzuelo, pero el costo lo pagan quienes tienen menos herramientas para defenderse. La discusión de fondo es cómo reconstruir oportunidades concretas para que la vulnerabilidad económica deje de ser una puerta de entrada para las redes criminales.