El fiscal Gerardo Pollicita investiga un caso impulsado por el Ministerio de Seguridad, liderado por Patricia Bullrich, que ha ganado atención mediática. Se acusa a organizaciones como el Polo Obrero, el FOL y Barrios de Pie de extorsión y coacción a beneficiarios de planes sociales. Sin embargo, desde las organizaciones denunciadas se señalan ilegalidades en los operativos. La causa se inserta en un contexto de tensión política entre el gobierno y los movimientos sociales.

Una operación judicial dirigida por el fiscal Gerardo Pollicita, a instancias del Ministerio de Seguridad liderado por Patricia Bullrich, ha generado controversia al acusar a organizaciones sociales como el Polo Obrero (PO), el Frente de Organizaciones en Lucha (FOL) y Barrios de Pie de extorsión y coacción a beneficiarios de planes sociales. La causa, que ha sido objeto de intensa cobertura mediática, se enmarca en una supuesta guerra del gobierno contra los movimientos sociales.

Los operativos, que incluyeron allanamientos en locales partidarios, comedores y domicilios particulares, se basan en la denuncia del Ministerio de Seguridad sobre presuntas prácticas coercitivas por parte de estas organizaciones para movilizar a beneficiarios de planes sociales. Sin embargo, desde las organizaciones señalan una serie de irregularidades en los procedimientos, incluyendo violencia física, uso de armas de fuego y falta de testigos.

La investigación, que se inició a raíz de denuncias presentadas en diciembre pasado, ha sido objeto de disputa política desde su origen. El fiscal Pollicita ha delimitado la causa a hechos ocurridos en la Ciudad de Buenos Aires, solicitando la indagatoria y detención de 28 personas y una serie de allanamientos. Sin embargo, el juez Sebastián Casanello decidió realizar una instrucción suplementaria, lo que fue objeto de apelación por parte del fiscal.

La intervención de la sala I de la Cámara Federal porteña, integrada por jueces designados durante la gestión de Mauricio Macri, ha generado más controversia, ya que revirtieron la decisión de Casanello y ordenaron los allanamientos solicitados por Pollicita. Esta situación ha exacerbado las tensiones entre el gobierno y las organizaciones sociales, que denuncian una persecución judicial con motivaciones políticas.

En medio de este panorama, las organizaciones acusadas rechazan las imputaciones y señalan que se trata de una estrategia para deslegitimar su accionar y desmovilizar a la población en un contexto de crisis económica y social. Mientras tanto, el gobierno busca capitalizar la causa para fortalecer su posición política y justificar su política de ajuste, en medio de denuncias cruzadas y tensiones crecientes entre ambas partes.