La administración de las islas prorrogó los permisos para la exploración de hidrocarburos offshore y dejó abierta la posibilidad de extenderlos otros dos años. La decisión cuenta con el respaldo del Reino Unido y fue rechazada por el Gobierno argentino.

La administración de las Islas Malvinas anunció la extensión por cinco años de todas las licencias vigentes para la exploración de hidrocarburos offshore en las aguas que rodean al archipiélago. La medida cuenta con el respaldo del Gobierno británico y se conoce mientras Argentina profundiza sus acciones contra las empresas vinculadas con los proyectos petroleros.

Los permisos podrán extenderse durante otros dos años si las compañías cumplen con los programas de trabajo establecidos. Las autoridades isleñas señalaron que la prórroga busca otorgar previsibilidad a las empresas para que continúen con sus inversiones y con las tareas de exploración.

La decisión alcanza a los permisos que actualmente se encuentran en etapa de exploración. Entre los proyectos que avanzan en la zona se encuentra Sea Lion, ubicado en la cuenca norte de las islas y desarrollado por la petrolera israelí Navitas junto con la británica Rockhopper. Las compañías proyectan comenzar la extracción de petróleo en 2028.

Al mismo tiempo, la administración isleña aprobó la adquisición por parte de una subsidiaria de Navitas del 65 por ciento del bloque PL001, situado junto al área de Sea Lion. La operación había sido acordada previamente con JHI Associates y ahora recibió la autorización correspondiente para avanzar.

Desde las autoridades de las islas sostienen que las extensiones permitirán continuar con las inversiones y profundizar el conocimiento sobre el potencial hidrocarburífero de la zona. También anunciaron que durante el nuevo período de licencias se establecerán programas de trabajo reforzados, que incluyen compromisos para realizar nuevos pozos de evaluación.

La decisión se produce después de una serie de medidas impulsadas por el Gobierno argentino contra las compañías que participan de la actividad petrolera en Malvinas. Durante septiembre, la administración de Javier Milei avanzó con procedimientos administrativos y acciones judiciales contra empresas y personas vinculadas con los proyectos offshore. Además, presentó un proyecto para endurecer las sanciones relacionadas con la explotación de recursos naturales en la zona.

La Argentina sostiene que las licencias otorgadas por la administración de las islas carecen de validez y que las actividades hidrocarburíferas desarrolladas en el área afectan los derechos soberanos argentinos. La Cancillería presentó una protesta formal ante el Reino Unido luego de conocerse la extensión de los permisos.

El Reino Unido mantiene una posición diferente. En documentos oficiales recientes, el Gobierno británico sostuvo que respalda el derecho de los habitantes de las islas a desarrollar sus recursos naturales y que la política británica de licencias de petróleo y gas no se aplica directamente en el territorio isleño.

El proyecto Sea Lion se convirtió así en uno de los principales puntos de la disputa actual. Navitas y Rockhopper sostienen que cuentan con permisos otorgados por las autoridades de las islas, mientras que Argentina cuestiona esas autorizaciones y busca impedir que las empresas avancen con la explotación de hidrocarburos.

La extensión de las licencias agrega ahora un nuevo capítulo a una disputa que combina soberanía, recursos naturales e inversiones energéticas. Mientras las autoridades isleñas buscan consolidar los proyectos petroleros y ampliar los plazos de exploración, Argentina mantiene su reclamo de soberanía y profundiza las medidas destinadas a cuestionar la actividad hidrocarburífera en el Atlántico Sur.