El Gobierno incorporó al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones a Harbour Energy, una empresa que había sido sancionada por la Argentina por realizar actividades hidrocarburíferas vinculadas a las Islas Malvinas sin autorización. La decisión vuelve a poner bajo la lupa la política oficial sobre soberanía y los beneficios otorgados a compañías que operan en el Atlántico Sur.
El Gobierno de Javier Milei otorgó los beneficios del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) a Harbour Energy, una petrolera que había sido sancionada por la Argentina por sus operaciones vinculadas a las Islas Malvinas. La decisión genera cuestionamientos porque la empresa había sido declarada clandestina e inhabilitada por las autoridades argentinas.
Harbour Energy tiene presencia en proyectos hidrocarburíferos del Atlántico Sur y su actividad en torno a las Malvinas había sido observada por el Estado argentino debido a que se desarrollaba sin autorización de las autoridades nacionales. La incorporación al RIGI supone ahora el acceso a un régimen diseñado para ofrecer beneficios fiscales, aduaneros y cambiarios a grandes inversiones.
La medida resulta particularmente sensible por el conflicto de soberanía que la Argentina mantiene con el Reino Unido desde 1833. Para Buenos Aires, cualquier explotación de los recursos naturales de las islas y de las aguas circundantes sin autorización argentina constituye una actividad ilegítima.
El caso vuelve a plantear una tensión dentro de la política energética del Gobierno. Mientras Milei sostiene un discurso de defensa de la soberanía argentina sobre las Malvinas, su administración decidió otorgar un régimen de beneficios a una compañía que había sido sancionada precisamente por desarrollar actividades relacionadas con la explotación de recursos en ese territorio.
La cuestión también abre interrogantes sobre los criterios utilizados para seleccionar a las empresas que ingresan al RIGI. El régimen busca atraer inversiones de gran escala mediante condiciones especiales y estabilidad normativa, pero la incorporación de una compañía con antecedentes de sanciones por operaciones en Malvinas plantea dudas sobre la compatibilidad entre esos incentivos y la política argentina respecto de los recursos naturales del Atlántico Sur.
La decisión fue tomada por el área económica del Gobierno y coloca nuevamente al RIGI en el centro de la discusión política. Desde su creación, el régimen es presentado por la administración de Milei como una herramienta para atraer capitales y desarrollar sectores estratégicos, mientras sus críticos advierten sobre los beneficios concedidos a grandes compañías y la capacidad del Estado para controlar sus actividades.
En este caso, además, el conflicto no es solamente económico. La explotación de hidrocarburos alrededor de las Malvinas está directamente vinculada con una disputa territorial que atraviesa la política exterior argentina desde hace décadas.
La incorporación de Harbour Energy al RIGI, por eso, excede la discusión sobre una inversión petrolera. También obliga a preguntarse cómo conviven la estrategia de atraer capitales extranjeros, las reglas especiales para las grandes inversiones y una política de Estado que históricamente ha sostenido el reclamo argentino sobre las islas y sus recursos.
