Apenas tres días después de asumir la Presidencia, el nuevo mandatario solicitó que ministros y altos funcionarios pusieran sus cargos a disposición. La decisión se produce en medio de la crisis política y financiera provocada por el colapso de Ueno Bank, que derivó en la salida de su antecesor y abrió una investigación judicial.

Paraguay atraviesa una profunda reconfiguración política. El nuevo presidente, Pedro Alliana, pidió a todos los ministros, secretarios y principales funcionarios del Estado que pusieran sus cargos a disposición, en una decisión que busca reorganizar el Gobierno después de la destitución de Santiago Peña. El movimiento llegó apenas tres días después de que Alliana asumiera la jefatura del Ejecutivo, en medio de una crisis financiera que sacudió las instituciones del país.

El anuncio fue realizado el lunes 9 de noviembre mediante un comunicado difundido en la cuenta oficial del mandatario en la red social X. Alliana instruyó al jefe del Gabinete Civil, Rolando de Barros, para que transmitiera el pedido a los responsables de las distintas áreas del Estado que ocupan cargos de confianza.

El presidente justificó la decisión en la necesidad de fortalecer la coordinación gubernamental y garantizar una administración más eficiente, enfocada en las prioridades de la población. También aclaró que la medida no implicaba una salida inmediata de todos los funcionarios y aseguró que las instituciones continuarían funcionando con normalidad mientras se definía la nueva composición del equipo.

La reorganización se produce después de una semana de acontecimientos extraordinarios. Alliana llegó al poder el viernes 6 de noviembre, luego de que el Senado destituyera a Santiago Peña mediante un juicio político. El proceso estuvo relacionado con la crisis de Ueno Bank, una entidad financiera digital cuya intervención por parte del Banco Central dejó a millones de clientes con dificultades para acceder a sus depósitos.

El caso provocó un fuerte impacto político porque las investigaciones comenzaron a examinar posibles vínculos entre autoridades públicas y la entidad financiera. Peña quedó bajo investigación judicial y fue sometido a prisión preventiva domiciliaria, mientras que otros responsables del sector bancario también quedaron bajo la lupa de la Fiscalía. El expresidente niega las acusaciones.

Desde su llegada al Ejecutivo, Alliana comenzó a introducir cambios en áreas centrales de la administración. El lunes tomó juramento a Ariel Martínez como ministro del Interior, Juan Carlos Baruja al frente de Obras Públicas y Rolando de Barros como jefe del Gabinete Civil. También avanzó con nuevas designaciones en organismos vinculados con el ambiente, la tecnología y la empresa estatal de electricidad ANDE.

Uno de los movimientos más relevantes fue la designación de Jorge Schreiner al frente del Banco Central del Paraguay, nombramiento que recibió el respaldo del Congreso. El nuevo titular de la autoridad monetaria deberá conducir la respuesta institucional a una crisis que puso en cuestión los mecanismos de supervisión financiera y la relación entre el poder político y el sistema bancario.

La prioridad inmediata del Gobierno es recuperar la confianza de los ahorristas y avanzar con la devolución de los fondos afectados. La intervención de Ueno Bank dejó a una gran cantidad de clientes sin acceso normal a sus cuentas, mientras las autoridades comenzaron a implementar mecanismos de garantía y medidas de alivio tributario para quienes enfrentan dificultades derivadas de la situación.

La crisis también alcanzó al debate presupuestario. Alliana pidió revisar el proyecto de Presupuesto General de la Nación para 2027 y planteó la necesidad de reducir gastos que considera innecesarios para destinar mayores recursos a las prioridades sociales. La discusión legislativa quedó atravesada por los plazos institucionales y por la intención del nuevo mandatario de introducir modificaciones respecto de la propuesta presentada durante la gestión de Peña.

El pedido de renuncias marca el comienzo de una nueva etapa, pero no resuelve por sí mismo los problemas que desencadenaron la crisis. Alliana deberá enfrentar simultáneamente la reorganización del Ejecutivo, las consecuencias económicas del caso bancario y las demandas de una ciudadanía que reclama respuestas sobre sus ahorros y responsabilidades políticas.

El desafío para el nuevo Gobierno será reconstruir la confianza en las instituciones y garantizar que la investigación avance sin interferencias. La caída de Peña dejó al descubierto una crisis que excede los nombres del gabinete: puso bajo discusión los controles del sistema financiero, la transparencia en la administración pública y los mecanismos de rendición de cuentas del poder.