“Esta legislación que dictó  la Legislatura el año pasado, ya fue reglamentada y a partir de allí, hay que empezar a adaptar todas las adecuaciones de las normativas municipales y también de provincia para que, este registro donde van a estar por disposición y orden del Poder Judicial inscriptas aquellas personas que incumplan una medida urgente,  una cautelar o que no cumpla con el tratamiento que le ordena la Justicia; por decisión y orden del juez van a estar en el registro. Y eso genera un montón de situaciones que perjudican la cotidiana de esas personas, muy similar a como está hecho en el registro de deudores alimentarios. La idea es  que sea un registro muy ágil y las personas, rápidamente, con el solo hecho de cumplir -sobre todo con el tratamiento educativo y socio-terapéutico- los jueces ordenan el levantamiento de su inscripción en el registro. Es una herramienta más, específicamente para ese particular que es por ejemplo mantener un alejamiento dede 200 m de la persona que es víctima y no la cumplen. Frente a esas situaciones es que aparece esta opción que se le da el juez de poder decirle “mire si no cumple va a tener un montón de dificultades en la vida cotidiana, con la intención de persuadir de alguna forma al cumplimiento; cumplen por el interés personal de no generarse un problema”, explicó

En relación al convenio, Comelli indicó que, “por eso es el convenio con los municipios y esperemos poder avanzar también con el sector privado. Simplemente es el cotejo a través de una App que hemos diseñado junto al Poder Judicial, ingresando el numero de documento de esa persona para ver si está o no está -como cuando pedís un libre deuda-; acá sería la exigencia de este libre deuda para toda actividad. Queremos involucrar en este cambio cultural a toda la sociedad de decir no, basta a quien es un victimario, una persona que tiene una medida ordenada por la justicia de cautelar, la orden de un tratamiento y no lo cumple. Entonces va a tener estas otras sanciones”

La Subsecretaría llamó a recordar que,  “muchas de las situaciones límites  de violencia que hemos tenido, la mayoría las mujeres ya habían denunciado y a veces ya tenían incluso en alguna 

restricciones  de alejamiento que no fueron respetadas. Es una herramienta más para  hacer cumplir las órdenes policiales y cesar los círculos de violencia”.

Se refirió al trabajo concreto que deberá realizarse para llevar adelante su aplicación en toda la provincia y señaló: “Tenemos que adecuar normas, porque decimos que no pueden ser empleados no pueden concursar en cada municipio; entonces va haber que modificar las normas locales de régimen de personal, de contrataciones. Ponemos a disposición un equipo de profesionales para ir acompañando todas estas adecuaciones normativas locales que van a hacer y sobre todo también, convocar al privado como mensaje de estamos todos dispuestos a hacer nuestro aporte para la erradicación de las violencias, en el Estado no vamos a favorecer ninguna situación en la que la persona que, obviamente tendrá todas las oportunidades si cumple las medidas de restricción y el tratamiento y no va a tener ninguna consecuencia; pero en el caso de no hacerlo., tiene que tener prevista a través de la orden judicial las restricciones de la ley”.

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