Desde la unidad fiscal de Delitos Económicos se solicitó la prórroga por 8 meses del plazo para investigar las supuestas estafas cometidas con la asignación y pago de planes sociales dependientes del Ministerio de Desarrollo Social de Neuquén.
La Unidad Fiscal de Delitos Económicos solicitó una prórroga de 8 meses para la investigación de presuntas estafas relacionadas con la asignación y pago de planes sociales vinculados al Ministerio de Desarrollo Social de Neuquén. La medida también incluye la renovación de las medidas cautelares destinadas a proteger el patrimonio en caso de condena, con el objetivo de resarcir a las cuentas públicas por un perjuicio estimado hasta el momento en $153.377.900.
Las medidas cautelares abarcan embargos que afectan hasta un 20 por ciento de cuentas bancarias, billeteras virtuales, vehículos y propiedades inmuebles, junto con inhibiciones generales de bienes. Durante la audiencia, el fiscal Juan Narvaez amplió la lista de bienes embargados y propuso extender las medidas cautelares durante el período de la investigación preliminar, destacando la necesidad de evitar la pérdida de fondos ilícitos y buscar resarcir al Estado en caso de una condena.
La jueza de garantías convalidó la prórroga de la investigación por 8 meses y pospuso la resolución sobre las medidas cautelares hasta el mediodía del día siguiente.
El fiscal Narvaez detalló las tareas realizadas hasta el momento y las pendientes para respaldar la extensión del plazo de la investigación:
- Pericia informática: Se ha completado un 22%, incluida la apertura del 50% de los dispositivos secuestrados.
- Informe técnico contable: Actualmente en un 50%, depende de la extracción de datos para determinar el monto total del perjuicio.
- Pericias caligráficas: Necesarias debido al uso de cheques; pendientes sobre las firmas.
- Informe en curso sobre imágenes de cámaras de seguridad.
La fiscalía sostiene que un grupo de ex funcionarios y empleados del Poder Ejecutivo formaron parte de una asociación ilícita dedicada a estafas relacionadas con la administración y el cobro indebido de planes sociales. La acusación se amplió recientemente, incluyendo a altos funcionarios como Abel Di Luca y Tomás Siengentharler como «jefes» de la organización. Hasta el momento, hay 31 personas involucradas en la investigación.
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