El juzgado Criminal y Correccional Federal 7 confirmó la recepción de un informe del ministerio de Seguridad sobre el protocolo antipiquete y en consecuencia pidió a esta cartera que «adecue la actuación de las fuerzas policiales y de seguridad federales a los límites impuestos» por la Constitución Nacional y los estándares internacionales de protección de los derechos humanos.

En un documento al cual tuvo acceso Télam, el juez federal Sebastían Casanello confirmó la recepción de un informe solicitado recientemente a la cartera dirigida por Patricia Bullrich para que detalle los «fundamentos jurídicos» del protocolo y «si fueron consultadas» la Secretaría de Derechos Humanos, organizaciones de la sociedad civil u organismos internacionales.

El juez lo había pedido en respuesta a la acción de «inconstitucionalidad» presentada por la legisladora porteña del Movimiento Socialista de los Trabajadores (MST) Celeste Fierro el 18 de diciembre pasado, cuando aseguró que la iniciativa que prohíbe que sean cortadas calles y rutas durante protestas «amenaza derechos políticos».

«El Ministerio de Seguridad explicó cómo arribó al dictado de la resolución impugnada, sus fundamentos, y la normativa en la cual seencuadraba la competencia del Ministerio de Seguridad de la Nación. De su respuesta surge que no fueron consultados otros organismos del Estado, organizaciones de la sociedad civil ni organismos internacionales», indicó Casanello.

Y sobre la adecuación del Protocolo a las normas internacionales de derechos humanos, «se hizo una genérica invocación de instrumentos y documentos», agregó.