Ante la falta de consenso político, el presidente Javier Milei optó por modificar la fórmula jubilatoria mediante un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU). La medida, que incluirá una actualización basada en el IPC más un porcentaje extra, busca evitar una postergación que afectaría a los jubilados.
El Gobierno de Javier Milei, en conjunto con el ministro de Economía, Luis Caputo, ha decidido modificar la fórmula jubilatoria mediante un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU). Esta medida se toma después de semanas de negociaciones políticas infructuosas y ante la inminente necesidad de tomar acción.
A pesar de que inicialmente se buscaba alcanzar un consenso político suficiente para llevar a cabo la modificación por vía legislativa, se considera que las instancias de negociación se han agotado y que la publicación del decreto es inminente. Este decreto establecerá una actualización basada en el Índice de Precios al Consumidor (IPC) más un porcentaje adicional, que se estima estará entre el 12 y el 14 por ciento.
La urgencia de la medida radica en evitar que la entrada en vigencia de la nueva fórmula se demore más allá del 1ro de abril, fecha que marcaría un nuevo empalme en los ingresos de los jubilados. Si la decisión se postergara aún más, se teme que la situación social del sector jubilado se vuelva aún más insostenible, especialmente considerando que la inflación se mantiene en niveles elevados.
Esta decisión implica descartar los pedidos de tratar el proyecto de María Eugenia Vidal por parte de PRO, ya que el debate legislativo sobre la fórmula jubilatoria se llevará a cabo mediante un DNU. Aunque esta opción era la menos deseada para el Ejecutivo, se considera que era la única viable dadas las circunstancias políticas actuales.
Ahora, el Gobierno se enfrenta a las críticas habituales por legislar mediante un DNU, una vía que suele generar controversia por su carácter unilateral. A pesar de ello, desde el entorno de Milei se argumenta que se agotaron todas las instancias de consenso y que esta medida era necesaria para garantizar la aplicación de la nueva fórmula jubilatoria.
