La Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) atraviesa una fuerte crisis tras una nueva ola de despidos que afectó a trabajadores de distintas áreas del organismo. La medida provocó protestas en centros atómicos de todo el país, mientras los gremios denunciaron falta de explicaciones por parte de las autoridades y reclamaron la reincorporación del personal cesanteado.

La Comisión Nacional de Energía Atómica quedó en el centro de un nuevo conflicto laboral.

La decisión de no renovar contratos y avanzar con despidos masivos desencadenó protestas en las distintas sedes del organismo, donde trabajadores y representantes gremiales cuestionaron la medida y reclamaron una explicación oficial sobre los criterios utilizados para las cesantías.

Según denunciaron los sindicatos, alrededor de 170 trabajadores podrían perder sus puestos, entre técnicos, profesionales, administrativos e investigadores que cumplen funciones en proyectos estratégicos vinculados al desarrollo nuclear argentino.

La tensión aumentó en la sede central de la CNEA, donde empleados realizaron una protesta dentro del edificio para exigir respuestas de las autoridades.

Durante la jornada también se registró un operativo de Gendarmería, lo que incrementó el malestar entre los trabajadores y derivó en momentos de fuerte tensión.

Los gremios sostienen que las desvinculaciones contradicen versiones previas que hablaban de la continuidad de los contratos y cuestionan la falta de diálogo con la conducción del organismo.

Además, advierten que la reducción de personal podría afectar el funcionamiento de laboratorios, proyectos de investigación y actividades consideradas estratégicas para el desarrollo científico y tecnológico del país.

Desde el Gobierno, la reducción de personal forma parte del proceso de reorganización del Estado impulsado por la administración de Javier Milei, que busca disminuir el gasto público mediante la reestructuración de distintos organismos nacionales.

Mientras tanto, las organizaciones sindicales anticiparon que continuarán con las medidas de protesta y exigirán la reincorporación de los trabajadores despedidos.

El conflicto abre un nuevo capítulo en el debate sobre el futuro del sistema científico y tecnológico argentino, en un contexto de ajuste sobre distintos organismos públicos y de creciente preocupación entre los empleados del sector.