El terremoto de magnitud 7,4 dejó cientos de muertos, desaparecidos y una infraestructura severamente dañada. Mientras bomberos, rescatistas y vecinos trabajan contra reloj, la respuesta del Gobierno quedó atravesada por un problema que no se mide en escombros: la demora en aceptar ayuda internacional.

Las primeras 72 horas después de un terremoto tienen algo de carrera contra el tiempo. Cada minuto cuenta. Cada señal debajo de los escombros puede significar una vida. Y cada decisión tomada desde un escritorio puede terminar teniendo consecuencias muy concretas a varios kilómetros de distancia.

En Colombia, esas horas estuvieron marcadas por una respuesta desigual.

El terremoto de magnitud 7,4 que golpeó al país el lunes 10 de agosto tuvo su epicentro cerca de San José del Palmar, en el departamento del Chocó, y provocó daños especialmente graves en ciudades como Cali, Pereira, Manizales y Quibdó. Para el miércoles, la cifra de muertos ya superaba las 200 personas y había cientos de desaparecidos.

La dimensión de la emergencia desbordó rápidamente la capacidad de algunas regiones. Escuelas, hospitales, aeropuertos, redes de agua y edificios quedaron dañados. Al menos 807 establecimientos educativos fueron afectados y miles de familias tuvieron que abandonar sus viviendas. Las primeras estimaciones internacionales ubicaron el costo potencial de la reconstrucción entre 1.000 y 10.000 millones de dólares.

Pero la tragedia no golpeó a todos por igual.

En las ciudades con mayores recursos y estructuras de emergencia más desarrolladas, los equipos pudieron desplegarse con mayor rapidez. En zonas como Quibdó, históricamente atravesadas por desigualdades y carencias de infraestructura, la respuesta fue mucho más complicada.

Es una vieja historia latinoamericana: el desastre natural puede ser igual para todos, pero la capacidad de enfrentarlo casi nunca lo es.

En Cali, por ejemplo, los equipos de rescate trabajaron entre edificios colapsados mientras vecinos y voluntarios intentaban colaborar. La Guardia Indígena del norte del Cauca también se sumó a las tareas de remoción de escombros. En algunos puntos, la población comenzó a organizarse antes de que llegaran todos los recursos oficiales.

El problema fue que el tiempo no esperaba.

Durante las primeras horas, el Gobierno de Abelardo de la Espriella decidió no aceptar inicialmente determinados equipos internacionales de búsqueda y rescate. La decisión estuvo vinculada a recomendaciones de Javier Pava, entonces responsable de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, quien consideraba que Colombia contaba con suficientes grupos especializados propios. También planteó reparos sobre algunos de los equipos ofrecidos desde el exterior.

La discusión no era menor.

En una emergencia de esta magnitud, aceptar ayuda extranjera no implica necesariamente reconocer una incapacidad estatal. Puede significar exactamente lo contrario: utilizar todos los recursos disponibles para aumentar las posibilidades de encontrar personas con vida.

Finalmente, el Gobierno modificó su postura. La Cancillería comenzó a aceptar la llegada de rescatistas internacionales después de más de 54 horas del terremoto. Para entonces, la ventana más favorable para encontrar sobrevivientes ya estaba cerrándose.

Los primeros equipos extranjeros comenzaron a llegar mientras continuaba la búsqueda.

Entre ellos estuvo una brigada de rescatistas latinoamericanos que ingresó a una de las zonas más afectadas de Cali. Con drones, sensores y radares, trabajaron sobre edificios donde todavía existía la esperanza de encontrar personas atrapadas.

El contraste resulta inevitable.

Mientras algunos rescatistas locales trabajaban desde las primeras horas y ciudadanos removían escombros con herramientas improvisadas, equipos especializados que habían ofrecido su ayuda desde otros países tardaron en recibir autorización para intervenir.

No es una discusión abstracta sobre diplomacia.

En una catástrofe, la política también tiene un reloj.

El Gobierno ahora enfrenta una segunda etapa: pasar del rescate a la reconstrucción. La emergencia económica ya está sobre la mesa y las autoridades analizan medidas para asistir a las familias desplazadas, entre ellas subsidios de alquiler y alivios tributarios. También se contempla recurrir a organismos internacionales para financiar parte de la respuesta.

El desafío será enorme.

Reconstruir una escuela no significa solamente levantar paredes. Reconstruir un hospital tampoco consiste únicamente en reparar un edificio. Detrás de cada infraestructura destruida hay comunidades que necesitan volver a estudiar, trabajar, atenderse y recuperar una rutina que el terremoto rompió en cuestión de segundos.

Y existe una cuestión todavía más profunda: la prevención.

Los terremotos no pueden evitarse. Sus consecuencias, en cambio, sí pueden reducirse. La calidad de las construcciones, los sistemas de alerta, la planificación urbana, los equipos de emergencia y la coordinación entre organismos pueden determinar la diferencia entre una tragedia grave y una catástrofe todavía mayor.

Colombia tendrá que discutir todo eso cuando pase la urgencia.

Por ahora, la prioridad sigue siendo encontrar sobrevivientes y asistir a quienes lo perdieron todo.

Las imágenes de las últimas horas muestran a bomberos, rescatistas, vecinos y voluntarios trabajando juntos entre los restos de edificios. Hay cansancio, incertidumbre y dolor. Pero también hay una forma elemental de solidaridad que aparece cuando las estructuras fallan: muchas personas intentando sostener a otras.

El terremoto dejó al descubierto edificios destruidos.

También dejó al descubierto las desigualdades del país y las dificultades de su Estado para responder de manera uniforme ante una emergencia de semejante escala.

Las próximas semanas determinarán cómo se reconstruye Colombia.

Pero las primeras 72 horas ya dejaron una lección difícil de ignorar: frente a una catástrofe, la velocidad de las decisiones puede ser tan importante como la fuerza de la naturaleza que las provoca.