La Cámara alta aprobó 67 pliegos de jueces, camaristas y defensores, en una nueva tanda de designaciones impulsada por el Gobierno. En paralelo, la oposición llevó al recinto el aumento del endeudamiento de las familias y Patricia Bullrich buscó tomar distancia de Milei frente a un problema que el Presidente relativiza.

El Senado tuvo este jueves una de esas jornadas en las que dos Argentinas parecen convivir dentro del mismo recinto.

Por un lado, el Gobierno consiguió avanzar con una nueva batería de designaciones judiciales. Por otro, la oposición aprovechó la sesión para poner sobre la mesa un problema mucho más doméstico: familias que acumulan deudas, tarjetas que se vuelven difíciles de pagar y préstamos cuyo atraso crece mes a mes.

La Cámara alta aprobó 67 pliegos de jueces, camaristas y defensores oficiales. Todos fueron avalados por unanimidad, salvo el correspondiente al juez Pablo Bertuzzi, que obtuvo 44 votos afirmativos. Además, ingresaron alrededor de veinte nuevas designaciones para continuar con el proceso de cobertura de vacantes judiciales.

La magnitud de la tanda no es menor.

Con estas nuevas aprobaciones, el Gobierno de Javier Milei consiguió avanzar con 170 cargos judiciales en poco más de dos meses, después de las tandas de 74 pliegos aprobadas en junio y otros 29 tratados en julio. La Casa Rosada busca así reducir las vacantes existentes y, al mismo tiempo, avanzar en la conformación de tribunales que tendrán bajo su órbita causas de enorme sensibilidad política.

Entre los nombres aprobados aparecen dos candidatos para la Cámara Federal porteña: Pablo Bertuzzi y Pablo Yadarola.

El dato adquiere especial relevancia porque ese tribunal podría intervenir eventualmente en causas que comprometen al Gobierno, entre ellas la investigación relacionada con el caso $Libra. Ambos nombres generaron cuestionamientos desde sectores del peronismo por sus antecedentes y vínculos dentro del Poder Judicial.

Bertuzzi fue particularmente resistido por el bloque Justicialista. José Mayans anunció antes de la votación que el interbloque Popular no acompañaría su pliego, al recordar su actuación durante el gobierno de Mauricio Macri y su participación en el episodio conocido como la “Gestapo antisindical”.

Yadarola también quedó bajo observación por haber participado del viaje a Lago Escondido en el que estuvieron, entre otros, el actual ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, y el empresario británico Joe Lewis.

La aprobación de estos nombres muestra una de las características centrales de la política argentina de estos meses: el Gobierno puede tener dificultades para imponer determinadas leyes, pero encontró en el Senado una vía de negociación mucho más efectiva para cubrir espacios institucionales.

La oposición, en ese escenario, conserva capacidad de negociación, aunque no siempre consigue bloquear las iniciativas oficiales.

Pero mientras los nombres de jueces ocupaban buena parte de la discusión política, otra cuestión empezó a ganar espacio: la situación financiera de los hogares.

La senadora rionegrina Ana Marks pidió que se traten tres proyectos vinculados con el endeudamiento y la morosidad familiar. Las iniciativas contemplan mecanismos administrativos y judiciales para consumidores sobreendeudados, la posibilidad de suspender embargos y frenar intereses considerados abusivos, además de modificaciones a la legislación de Defensa del Consumidor y la incorporación de educación financiera en las escuelas.

El senador Martín Soria también planteó una cuestión de privilegio contra Milei y sostuvo que la morosidad viene aumentando durante 20 meses consecutivos.

Según los datos expuestos durante la sesión, la mora en los préstamos personales habría pasado del 3,3% en octubre de 2024 al 16% en mayo, mientras que en las tarjetas de crédito habría subido del 1,6% al 13,1%.

Son números que ayudan a entender por qué la discusión dejó de ser exclusivamente económica.

Cuando una familia deja de pagar una tarjeta o empieza a acumular cuotas atrasadas, la estadística tiene una traducción bastante sencilla: hay menos margen para llegar a fin de mes.

El Gobierno, sin embargo, mantiene otra interpretación.

Milei relativizó el fenómeno y sostuvo que los niveles de mora argentinos son comparables con los de Estados Unidos y otros países de la región. La respuesta resulta políticamente significativa porque evita reconocer que el problema pueda constituir una señal de deterioro más profundo del consumo y de la capacidad de pago de los hogares.

Y ahí apareció una pequeña grieta dentro del propio oficialismo.

Patricia Bullrich, jefa del bloque de La Libertad Avanza en el Senado, admitió que la situación es motivo de preocupación y aseguró que están trabajando sobre el tema. Pero, al mismo tiempo, rechazó los proyectos del peronismo y sostuvo que la solución no puede consistir simplemente en emitir nuevas normas.

Su propuesta apunta a que bancos y fintech presenten mecanismos concretos de refinanciación y acompañen a los deudores.

La escena es interesante porque Bullrich intenta ocupar un espacio propio.

No contradice frontalmente la orientación económica de Milei, pero tampoco repite su diagnóstico sin matices. Reconoce que existe un problema y propone una respuesta desde el funcionamiento del sistema financiero.

Es una diferencia política que puede parecer pequeña, pero que adquiere valor cuando el oficialismo empieza a prepararse para una nueva etapa electoral.

Mientras tanto, la reforma electoral continúa prácticamente congelada.

Bullrich anunció que la semana próxima se retomará el debate en comisiones sobre el proyecto de reforma política, considerado estratégico por la Casa Rosada. Hasta ahora, la iniciativa apenas tuvo una reunión informativa en mayo. También se prevé discutir proyectos de Ficha Limpia, después de que la senadora Edith Terenzi reclamara su tratamiento.

Así, el Senado empieza a convertirse en un escenario donde el Gobierno combina negociación, acuerdos y construcción institucional.

No tiene mayoría propia suficiente para avanzar solo.

Necesita aliados.

Y los encuentra, en algunos casos, en acuerdos que permiten aprobar nombramientos judiciales mientras otras iniciativas quedan pendientes o son utilizadas por la oposición para instalar problemas que afectan directamente a la vida cotidiana.

La contradicción es evidente.

Mientras el Gobierno avanza en la ocupación de vacantes judiciales, el debate sobre la economía real se desplaza hacia las familias que están quedándose sin margen financiero.

Un país puede tener nuevos jueces y, al mismo tiempo, hogares que no pueden pagar sus tarjetas.

Puede discutir una reforma electoral mientras miles de personas discuten con el banco cómo refinanciar una deuda.

La política institucional y la economía cotidiana no son mundos separados.

Tarde o temprano, terminan encontrándose.

Y el Gobierno tendrá que decidir qué hace cuando esa segunda Argentina, la de las cuotas, los préstamos y las deudas acumuladas, empiece a pesar tanto como la primera.

El Senado le dio a Milei una victoria importante en la Justicia. Pero la discusión que puede resultar más difícil de administrar no está en los tribunales: está en los bolsillos de las familias.