El ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, advirtió que organizaciones vinculadas al narcomenudeo comenzaron a utilizar los préstamos de dinero como una nueva fuente de negocios y que las amenazas y lesiones graves asociadas al cobro de deudas se duplicaron durante los primeros cuatro meses del año. El fenómeno expone cómo la falta de acceso al crédito formal puede dejar a sectores vulnerables atrapados entre la necesidad económica y redes criminales.

Hay una escena que permite entender una parte menos visible de la violencia en los barrios populares bonaerenses: una persona necesita dinero, no consigue un préstamo en el sistema formal y termina recurriendo a quien puede prestárselo. El problema aparece después, cuando llega el momento de devolverlo.

Según explicó el ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Javier Alonso, en determinados barrios quienes prestan dinero están vinculados con organizaciones dedicadas al narcomenudeo. El funcionario sostuvo que esa combinación entre mercado ilegal de drogas y préstamos informales está generando una nueva dinámica de violencia.

Durante los primeros cuatro meses del año, aseguró Alonso, se duplicaron respecto del mismo período del año anterior distintos delitos vinculados con estas situaciones, entre ellos homicidios, intentos de homicidio, lesiones graves y amenazas con armas de fuego. Dentro de ese fenómeno, mencionó específicamente el aumento de las lesiones producidas contra personas endeudadas.

La afirmación describe un problema que va bastante más allá del narcotráfico.

Porque detrás de cada deuda hay una condición económica previa.

Cuando una familia necesita dinero para cubrir un gasto cotidiano y no puede acceder a una alternativa bancaria o financiera que pueda afrontar, el crédito informal aparece como una salida inmediata. La urgencia suele ganar la discusión que podría hacerse con más tiempo: cuánto se paga, bajo qué condiciones y qué sucede si no se puede cumplir.

En los barrios donde las organizaciones criminales ya tienen presencia territorial, ese mecanismo puede adquirir una dimensión todavía más peligrosa.

Alonso explicó que el narcomenudeo genera importantes ganancias y que los puntos de venta se adaptaron para funcionar de manera más móvil. En lugar de depender siempre de lugares fijos, parte de la actividad se desplaza mediante jóvenes que transportan la droga, lo que dificulta desarticular permanentemente el negocio.

Según el funcionario, una vez que una organización consigue consolidarse en un barrio, empieza a diversificar sus actividades y puede incorporar los préstamos de dinero entre sus negocios.

Es allí donde la deuda deja de ser solamente un problema financiero.

Se convierte en una herramienta de control.

El dato más preocupante es que muchas de las personas afectadas pertenecen precisamente a los sectores que tienen menos capacidad para defenderse. El propio ministro reconoció que se trata de situaciones que suelen atravesar familias vulnerables y señaló una dificultad adicional: para que el Estado pueda intervenir frente a determinadas amenazas o extorsiones, las víctimas deben realizar una denuncia.

Y denunciar no siempre es sencillo cuando quien reclama el dinero conoce el barrio, tiene capacidad para ejercer violencia y puede volver a encontrarse con la víctima después de que termine el procedimiento policial.

Ese círculo es uno de los mayores desafíos.

La persecución penal resulta indispensable frente a las organizaciones criminales, pero difícilmente alcance si no existe, al mismo tiempo, una alternativa económica para quienes quedan atrapados en estos circuitos.

El problema también debe leerse junto con el crecimiento del endeudamiento de los hogares.

En los últimos meses aumentaron las discusiones sobre familias que utilizan créditos, tarjetas y billeteras virtuales para cubrir gastos corrientes. La Provincia de Buenos Aires abrió investigaciones sobre denuncias de usuarios que señalaron situaciones de acoso y hostigamiento vinculadas con préstamos otorgados por plataformas financieras, además de cuestionamientos sobre la información proporcionada y las tasas de interés.

No son exactamente el mismo fenómeno.

Una deuda con una entidad financiera regulada y un préstamo otorgado por una organización criminal pertenecen a mundos jurídicos y económicos diferentes. Pero ambos muestran algo parecido: cuando los ingresos no alcanzan, la necesidad de conseguir dinero no desaparece.

Simplemente busca otra puerta.

La diferencia es que una de esas puertas funciona dentro de la ley y la otra puede abrirse hacia un sistema de amenazas y violencia.

Por eso la respuesta pública debería combinar seguridad, acceso al crédito y protección social.

Desarticular organizaciones criminales es una parte fundamental. Pero también lo es ampliar las posibilidades de acceder a financiamiento transparente, con reglas claras y condiciones que las familias puedan comprender y afrontar.

De lo contrario, el Estado llega cuando la deuda ya se transformó en conflicto.

Y para entonces el problema puede haber dejado de ser económico.

La situación también expone una transformación de los mercados ilegales. El narcotráfico ya no puede analizarse únicamente desde la venta de drogas. Allí donde una organización acumula dinero, territorio y capacidad de intimidación, aparecen incentivos para expandirse hacia otras actividades.

El préstamo informal puede ser una de ellas.

La advertencia de Alonso debería servir, entonces, para mirar el problema desde dos extremos que suelen discutirse por separado: la violencia y la economía cotidiana.

Porque una persona endeudada no necesariamente está frente a un problema de seguridad.

Pero cuando el prestamista forma parte de una estructura criminal, la deuda puede convertirse en una forma de sometimiento.

Y allí el Estado tiene una responsabilidad doble: perseguir a quienes utilizan la violencia y construir condiciones para que la necesidad económica no empuje a las familias hacia circuitos cada vez más riesgosos.

La discusión de fondo no es solamente cuántos operativos se realizan o cuántos puntos de venta se desarman.

También es qué sucede al día siguiente.

Si la organización criminal vuelve a ocupar el territorio, si otra persona reemplaza al vendedor detenido o si la familia vuelve a necesitar dinero y no encuentra una alternativa formal, el problema simplemente cambia de nombre.

La deuda no debería convertirse en una puerta de entrada a la violencia. Cuando el crédito formal desaparece para quienes más lo necesitan, el Estado no puede limitarse a perseguir las consecuencias: también debe impedir que la vulnerabilidad económica termine alimentando los negocios de las redes criminales.