Apenas tres meses después de quedarse con el control de Transener, el grupo de los hermanos Neuss quedó bajo cuestionamientos por una operación financiera que, según una investigación de La Política Online, habría utilizado fondos de la propia compañía para cubrir parte del costo de adquisición. El caso vuelve a poner bajo la lupa las condiciones de la privatización de una empresa estratégica para el sistema eléctrico argentino.

La privatización de Transener, presentada por el Gobierno como una pieza más de la retirada del Estado de las empresas energéticas, empieza a acumular preguntas incómodas.

Los hermanos Patricio y Juan Neuss, asociados con Genneia y otros empresarios a través del grupo Edison, se quedaron en abril con el 50% de Citelec que estaba en manos del Estado y que les permitió acceder al control conjunto de Transener junto con Pampa Energía.

La oferta ganadora había sido de unos 356 millones de dólares, superando las propuestas de Central Puerto y Edenor. La operación convirtió al grupo de los Neuss en uno de los nuevos actores de peso dentro del negocio eléctrico argentino.

Transener no es una empresa cualquiera.

Opera y mantiene una parte central de la red de transporte eléctrico de alta tensión y constituye una infraestructura estratégica para que la electricidad generada en distintos puntos del país pueda llegar hasta los centros de distribución.

Por eso, cualquier movimiento sobre sus recursos financieros excede una discusión empresarial.

Según la investigación publicada por La Política Online, apenas tres meses después de concretarse la privatización, los nuevos accionistas habrían utilizado recursos de la propia Transener para financiar el desembolso realizado para adquirirla.

El mecanismo es el punto central de la controversia.

En una operación de este tipo, el comprador aporta capital o consigue financiamiento para adquirir una compañía. El problema aparece si, una vez concretada la compra, los fondos de la empresa adquirida terminan siendo utilizados para cancelar las obligaciones asumidas por sus propios compradores.

La diferencia no es solamente contable.

Es la diferencia entre comprar una empresa con recursos propios y hacer que la empresa comprada termine ayudando a pagar el precio de su propia adquisición.

La cuestión adquiere todavía mayor relevancia porque Transener presta un servicio público estratégico y opera bajo regulación estatal.

El Estado dejó de participar directamente del control de la compañía mediante la venta de su participación en Citelec. Sin embargo, la privatización no significa que desaparezca su responsabilidad sobre el funcionamiento del sistema eléctrico.

La transmisión de energía no es un mercado cualquiera.

Una falla en una empresa de este tipo puede afectar a buena parte del sistema nacional.

Por eso, además del precio obtenido por la venta, resulta fundamental observar qué sucede con la empresa después del traspaso.

La operación original ya había generado controversia por el proceso de adjudicación.

Durante la apertura de ofertas económicas, el sistema oficial Contrat.ar quedó fuera de servicio durante casi una hora. Antes de la interrupción aparecían como principales propuestas las de Central Puerto, por 301 millones de dólares, y Edenor, por 230 millones. Cuando el sistema volvió a funcionar apareció registrada la oferta de Edison-Genneia por 356,17 millones de dólares, que terminó siendo la más alta.

El Gobierno defendió entonces el proceso y destacó que las ofertas superaban en conjunto los 887 millones de dólares, aunque el ingreso efectivo para el Estado correspondió a la propuesta adjudicada.

Ahora la discusión es diferente.

Ya no se trata solamente de cuánto recibió el Estado por la venta.

Se trata de qué ocurrió con la empresa después.

Y especialmente de si los nuevos propietarios pueden utilizar los recursos generados por Transener para resolver las obligaciones financieras derivadas de la adquisición.

La respuesta a esa pregunta debería surgir de los balances, los contratos y las autorizaciones correspondientes.

También de los organismos encargados de controlar una actividad que, aunque esté en manos privadas, sigue siendo un servicio público esencial.

La privatización puede cambiar quién es dueño.

No elimina la necesidad de controles.

De hecho, cuando se trata de infraestructura crítica, el control público adquiere todavía más importancia: garantizar inversiones, cuidar la calidad del servicio y evitar que las decisiones financieras de los accionistas terminen debilitando a la compañía.

El caso Transener vuelve a poner ese debate sobre la mesa.

El Gobierno de Javier Milei hizo de la privatización uno de los pilares de su política económica. La lógica oficial sostiene que el sector privado puede administrar empresas de manera más eficiente y que el Estado debe concentrarse en regular en lugar de gestionar.

Pero para que ese modelo funcione existe una condición básica.

Que el regulador sea capaz de controlar.

Y que las reglas sean suficientemente claras para impedir que una empresa estratégica quede atrapada en una ingeniería financiera que priorice el recupero de la inversión de sus nuevos dueños por encima de las necesidades de la propia compañía.

La cuestión no es ideológica.

Es bastante más concreta.

Quién pone el dinero.

Quién asume la deuda.

Quién recibe los beneficios.

Y quién termina cargando con los riesgos.

Transener es demasiado importante para que esas preguntas queden solamente dentro de los balances privados.

La privatización ya está hecha.

Ahora empieza otra etapa, mucho menos visible pero igual de importante: comprobar qué hicieron los nuevos propietarios con la empresa que compraron.

La controversia alrededor de Transener muestra que privatizar no significa simplemente cambiar un nombre en el registro de accionistas. También implica controlar qué ocurre después con una compañía estratégica. Si se confirma que fondos de la propia empresa fueron utilizados para financiar la adquisición, el caso abrirá un debate todavía mayor sobre los límites de las operaciones financieras de los nuevos dueños y sobre la capacidad del Estado para controlar un servicio esencial.