El Estado brasileño ha sido sometido a una revisión de sus políticas de protección de los derechos humanos ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU. Durante esta revisión, la delegación de Brasil defendió que se han experimentado mejoras significativas desde el cambio de gobierno a principios de este año.

En el inicio de la revisión, Rita Cristina de Oliveira, secretaria ejecutiva del Ministerio de Derechos Humanos y Ciudadanía, afirmó: «Brasil está experimentando una reconstrucción profunda de sus políticas de derechos humanos, que anteriormente se vieron afectadas por la aplicación de una agenda perversa».

La jefa de la delegación brasileña ante el comité señaló que durante el gobierno anterior, encabezado por Jair Bolsonaro, predominaba un discurso de odio que se manifestaba en múltiples declaraciones públicas de altas autoridades. De Oliveira afirmó que uno de los efectos de este discurso fue el aumento de la violencia política y la celebración de elecciones en un ambiente de constante amenaza e inestabilidad. Mencionó específicamente el intento de toma de instituciones ocurrido en enero, poco después de que Luiz Inácio Lula da Silva asumiera la presidencia.

En contraste con las políticas anteriores, De Oliveira defendió que actualmente se están implementando nuevas políticas para apoyar a poblaciones históricamente discriminadas y en situación de vulnerabilidad, como afrobrasileños, indígenas, mujeres y miembros de la comunidad LGBTQ. Como ejemplo, mencionó que la semana pasada Lula da Silva aprobó un programa de ayuda a familias en el que el 73% de los beneficiarios son afrobrasileños. También se ha lanzado un plan dirigido a la juventud afrobrasileña para reducir la violencia letal y la vulnerabilidad social, luchando contra el racismo institucional.

De Oliveira destacó otros cambios en la política de derechos humanos de Brasil, como el abandono del llamado «Consenso de Ginebra», firmado por varios países con gobiernos conservadores en 2020, en el que se condenaba el aborto. Además, mencionó la creación de una secretaría nacional para la defensa de los derechos de las personas LGBTQ y la simplificación de los procedimientos para los solicitantes de asilo que enfrentan persecución en sus países de origen debido a su orientación sexual.

La jefa de la delegación de Brasil también reconoció que la lucha por la verdad y la memoria aún no se ha concluido en el país, casi 40 años después del fin de la dictadura. Se está revisando la composición de la Comisión de Amnistía y se está considerando el restablecimiento de una comisión especializada en muertes y desapariciones durante ese período.

En respuesta al informe inicial, Carlos Gómez Martínez, magistrado español y miembro del Comité de Derechos Humanos de la ONU, reconoció que algunos de los problemas que enfrenta Brasil están relacionados con el gobierno anterior, pero otros son de carácter estructural.