La jefa del bloque de La Libertad Avanza en el Senado afirmó que no fue informada sobre las modificaciones incorporadas al Presupuesto 2027 y cuestionó la falta de coordinación dentro del oficialismo. El capítulo sobre discapacidad incluye cambios en pensiones y prestaciones que generaron preocupación entre aliados del Gobierno.

Patricia Bullrich volvió a marcar diferencias dentro del oficialismo por los cambios incorporados al proyecto de Presupuesto 2027 en materia de discapacidad. La senadora y jefa del bloque de La Libertad Avanza aseguró que no había sido informada previamente sobre las modificaciones y apuntó contra la falta de coordinación entre las distintas áreas del Gobierno.

El malestar quedó expuesto después de que el proyecto enviado al Congreso incluyera un capítulo con modificaciones permanentes al sistema de atención de las personas con discapacidad. Bullrich sostuvo que el tema no había sido discutido en la mesa política del oficialismo, pese a que ella forma parte de ese espacio y conduce el bloque libertario en el Senado.

La legisladora reconoció que la situación generó un problema político para los representantes del oficialismo y sus aliados. Según explicó, los legisladores quedaron expuestos frente a sus propios bloques y ante la oposición al encontrarse con cambios que no habían sido anticipados durante las conversaciones previas sobre el Presupuesto.

Bullrich cuestionó particularmente la falta de comunicación y planteó que la mesa política debería funcionar como un espacio real de discusión antes de que las decisiones lleguen al Congreso. En sus declaraciones, sostuvo que una descoordinación de este tipo puede generar costos políticos para el Gobierno y afectar la relación entre sus propios integrantes.

La senadora también fue consultada directamente sobre el rol de Luis “Toto” Caputo, ministro de Economía, en la elaboración y envío del proyecto. Bullrich evitó responsabilizarlo de manera directa y señaló que no sabía si había actuado por su cuenta, aunque consideró que hubo un “error no forzado” dentro del proceso de elaboración del Presupuesto.

El capítulo cuestionado está compuesto por los artículos 36 al 41 del proyecto y plantea modificaciones sobre el sistema de prestaciones para personas con discapacidad. Entre otros puntos, propone cambios en la Ley de Emergencia en Discapacidad y en la normativa que regula las prestaciones básicas de atención integral.

Uno de los cambios señalados es la eliminación de los aranceles únicos de referencia del Nomenclador de Prestaciones Básicas. El proyecto también modifica las condiciones vinculadas al Certificado Único de Discapacidad y plantea cambios en la compatibilidad entre las pensiones por invalidez y el trabajo registrado o el monotributo.

La discusión ocurre mientras el Gobierno busca avanzar con el Presupuesto 2027 y necesita sostener acuerdos con distintos sectores del Congreso. La cuestión de la discapacidad ya había generado negociaciones entre el oficialismo y bloques aliados, por lo que la incorporación de nuevas modificaciones alteró un entendimiento que se había construido previamente en Diputados.

Bullrich también advirtió que la falta de debate interno puede tener consecuencias más allá del Congreso. Según planteó, cuando las decisiones no son discutidas previamente dentro de la propia coalición, los legisladores deben defender ante sus espacios políticos medidas de las que no fueron informados, mientras el Gobierno queda expuesto a cuestionamientos por su forma de tomar decisiones.

El episodio vuelve a mostrar las tensiones que aparecen cuando una coalición intenta transformar una propuesta económica en un proyecto legislativo concreto. El Presupuesto no solo ordena ingresos y gastos: también convierte en artículos de ley decisiones que pueden modificar políticas públicas y derechos existentes. En este caso, los cambios sobre discapacidad abrieron una discusión dentro del propio oficialismo antes de que el Congreso termine de definir el texto que finalmente será debatido.