Chile comenzó a caminar el último tramo para la escritura de una nueva Carta Magna -para que reemplace la escrita en tiempos de dictadura- en un segundo proceso constituyente. Tras asumir sus cargos, las y los consejeros recibieron de las manos de la Comisión Experta el borrador del texto con el que trabajarán hasta el 21 de octubre, fecha límite para la entrega de la iniciativa, que será plebiscitada en diciembre. Es muy diferente al texto que había sido aprobado por la Asamblea Constituyente y rechazado en un referéndum popular el año pasado. Entre los principales ejes, se destaca una visión de la sociedad alrededor de la figura de «la familia», una defensa cerrada de la disciplina partidaria y la construcción de un Estado que garantice más derechos sociales, aunque esta vez con una participación reconocida de los privados.
“A nuestro país le hará bien cerrar este ciclo”, sostuvo el presidente Gabriel Boric, en la ceremonia en el marco de un proceso que pareciera generar mucho menos entusiasmo en la sociedad y que estará dirigido por la extrema derecha.
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Ejes del nuevo texto constitucional
El borrador entregado en la jornada de este miércoles fue elaborado por la Comisión Experta paritaria, conformada -como lo indica su nombre- por 24 expertos y expertas, electos en partes iguales por las Cámaras de Diputados y de Senadores, en acuerdo entre las distintas fuerzas políticas. Lo hicieron entre marzo y mayo y lo dieron en mano este miércoles a las y los 51 integrantes del Consejo Constitucional.
El documento titulado «Anteproyecto de Constitución Política de la República de Chile» está firmado por los 24 comisionados más el secretario general del Proceso Constitucional, Luis Rojas Gallardo. Tiene 14 capítulos elaborados sobre doce bases establecidas en el marco del acuerdo que dieron curso al proceso, más Disposiciones Transitorias en 134 páginas.
Entre los ejes más destacados está el eje de discusión fundamental: la disposición de un Estado Social y democrático de derecho. Una forma de organización con la que se busca que el Estado tenga un rol más activo en el aseguramiento de los derechos sociales; aunque incorporando la participación de los privados, tal como lo establecen las bases institucionales del proceso constitucional. Así lo establece el artículo 1, inciso 2: «Chile se organiza en un Estado social y democrático de derecho, que reconoce derechos y libertades fundamentales y promueve el desarrollo progresivo de los derechos sociales, con sujeción al principio de responsabilidad fiscal y a través de instituciones estatales y privadas».
También fueron aprobadas normas para mejorar la disciplina partidaria. Una de las principales son las órdenes de partido, con ello se podrán dar órdenes excepcionales a sus parlamentarios, en temas en los que estén en juego los principios del partido. En ese mismo aspecto, se incluyó una norma anti-díscolos que considera la pérdida del escaño para los parlamentarios que renuncien o sean expulsados de los partidos bajo los que fueron electos. En cuanto al Poder Judicial, los expertos proponen cuatro órganos que estarán encargados del Gobierno Judicial; llevando adelante tareas de nombramientos, asuntos disciplinarios, la formación y el perfeccionamiento de jueces y funcionarios, así como la gestión y administración del Poder Judicial.
En el artículo 3, por ejemplo, se deja en evidencia una mirada moralista al determinar que “la familia es el núcleo fundamental de la sociedad”, sin especificar a qué tipo de familias se refiere ni dejar en claro una perspectiva de derechos en la diversidad. En el 4, en tanto, se adopta “la república democrática, con separación de poderes y régimen presidencial” y se determina que “la soberanía reside en el pueblo y se ejerce por este a través de elecciones periódicas, referendos, plebiscitos, mecanismos de participación y también de las autoridades que esta Constitución establece. Ningún individuo o grupo puede atribuirse su ejercicio”.
El Partido Republicano al frente del Consejo
El Consejo Constitucional cuenta con 50 escaños paritarios más uno indígena, electo en función de la cantidad de votos obtenidos por las comunidades. La conformación de este órgano está en las antípodas la Convención Constitucional: la mayoría de la representación, incluso con poder de veto, es de la derecha y de la extrema derecha, encarnadas en el Partido Republicano (PR – 23 bancas) -que está en contra de la modificación de la Constitución- y Chile Seguro -que tiene entre sus figuras más conocidas al expresidente Sebastián Piñera- (11 bancas). Con 16 lugares está Unidad para Chile, la lista con la que disputó las bancas el oficialismo, que en los papeles cuenta con la segunda mayoría.
En la jornada de este miércoles, fueron electos como presidenta Beatriz Hevia (PR), del Consejo Constitucional chileno, con 33 votos; y como vice Aldo Valle, independiente por un cupo de Partido Socialista, que obtuvo 17 votos.
«Chile no está bien (…) doy fe de la crisis profunda que vive nuestro país: una crisis política, económica, pero, sobre todo, social. A esta crisis integral que sufrimos la antecede una profunda crisis moral que se manifiesta en la descomposición de la vida familiar en el desprecio por la autoridad, las normas, y el Estado de derecho y por cierto en la justificación de la violencia y su solapada promoción como método de acción política», sostuvo en su discurso de apertura Hevia.
La mujer, de 30 años, dirigirá todo el proceso constitucional hasta el cierre, el próximo 17 de diciembre cuando se realice el plebiscito. Trabaja con José Antonio Kast, líder del PR, nostálgico de la dictadura, que reivindica figuras como las de Pinochet, Jair Bolsonaro o Donald Trump. Hevia, en tanto, también trabajó como asesora del Ministerio de Economía durante el Gobierno de Sebastián Piñera. Según el portal Lupa Constitucional, se manifestó inconforme con algunos de las 12 bases constitucionales pactadas, como, por ejemplo, la proclama de un Estado Social y Democrático de Derecho.
