Trabajadores, médicos, residentes y organizaciones sociales protagonizaron una nueva Marcha Federal de Salud contra los recortes impulsados por el gobierno de Javier Milei. El sistema sanitario denuncia falta de medicamentos, programas vaciados y hospitales cada vez más tensionados.

La crisis sanitaria volvió a ocupar las calles.

Y esta vez la consigna fue bastante directa: “La salud no puede esperar”.

Miles de trabajadores del sistema público, sindicatos, organizaciones sociales y profesionales de distintas provincias participaron de una nueva Marcha Federal de Salud para rechazar el recorte de más de 63 mil millones de pesos aplicado por el gobierno de Javier Milei sobre distintas áreas sanitarias.

La movilización comenzó frente al Ministerio de Salud y terminó en Plaza de Mayo, en una escena que mezcló guardapolvos, residentes agotados, pancartas y reclamos que ya empiezan a repetirse en hospitales de todo el país.

El conflicto gira alrededor de algo bastante concreto.

Menos presupuesto para medicamentos.

Recortes en programas oncológicos.

Menos fondos para vacunas, salud sexual y atención en provincias.

Según denunciaron trabajadores sanitarios y organizaciones médicas, el ajuste ya empieza a sentirse directamente en hospitales públicos, centros de atención y programas nacionales que sostenían tratamientos para millones de personas.

Entre los sectores más afectados aparecen programas de acceso a medicamentos, prevención de enfermedades, tratamientos contra el cáncer y distribución de vacunas. También hubo fuertes críticas por el deterioro del programa Remediar y por el recorte de fondos destinados a sistemas provinciales de salud.

Desde el Gobierno rechazan las acusaciones y aseguran que no existe desfinanciamiento sino una reorganización del gasto sanitario bajo criterios de “eficiencia”.

Pero en hospitales y centros de salud la percepción parece bastante distinta.

Trabajadores denuncian falta de insumos, salarios deteriorados y un aumento constante de la demanda en un contexto donde cada vez más personas abandonan la medicina privada por el costo de las prepagas.

La escena expone además una tensión mucho más profunda sobre el modelo de Estado que intenta construir el oficialismo.

Porque detrás de cada discusión presupuestaria aparece una pregunta central.

Qué lugar ocupa la salud pública en una Argentina atravesada por ajuste, desigualdad y caída del poder adquisitivo.

El problema además ya no afecta solamente a grandes hospitales nacionales.

También empieza a impactar sobre provincias y municipios que dependen de programas financiados desde Nación para sostener vacunación, medicamentos y atención primaria.

Y ahí aparece una preocupación bastante extendida dentro del sistema sanitario.

Que el ajuste económico termine deteriorando una estructura pública que históricamente funcionó como último refugio para millones de personas.

Porque cuando la salud pública entra en crisis, el problema rara vez queda encerrado dentro de los hospitales.

Tarde o temprano termina llegando a toda la sociedad.