El expresidente argentino, Alberto Fernández, se encuentra en el ojo del huracán judicial por un caso que involucra la contratación de seguros del Estado Nacional y comisiones extraordinarias para intermediarios cercanos a su círculo íntimo.

El expresidente Alberto Fernández enfrenta una nueva situación judicial que lo coloca en el centro de un supuesto entramado de corrupción. Esta vez, las acusaciones recaen en un decreto firmado en diciembre de 2021, el cual ordenaba que todas las dependencias del Estado contrataran a Nación Seguros SA, una empresa del Banco Nación. Este decreto ha sido señalado como la base para la contratación de intermediarios o brokers vinculados directamente al ex mandatario.

Uno de los principales implicados en este caso es Osvaldo Giordano, ex titular de la Anses, quien denunció que dicho decreto generó un negocio cautivo para un grupo económico y para un sector de intermediarios. La denuncia inicial se amplió a través de publicaciones en medios como Clarín y La Nación, detallando presuntas irregularidades en las contrataciones de seguros estatales.

El decreto en cuestión, el 823/21, estableció la obligatoriedad de contratar las pólizas de seguros a través de Nación Seguros SA, sin prohibir expresamente la intermediación de brokers. Esto abrió la puerta a presuntas comisiones extraordinarias, como el caso de un broker vinculado a Fernández que habría obtenido una comisión del 17%, tres veces mayor al estándar del mercado.

La Justicia investiga no solo a Fernández, sino también a otros involucrados como Alberto Pagliano, expresidente de Nación Seguros, y Federico D’Angelo Campos, exdirector general de operaciones del Fondo de Garantías de Sustentabilidad de la Anses, así como a intermediarios como Héctor Martínez Sosa, esposo de la histórica secretaria de Fernández.

El caso involucra al menos cuatro denuncias por delitos como defraudación a la Administración pública y asociación ilícita. La Sindicatura General de la Nación (Sigen) estaba encargada de supervisar las contrataciones de seguros, según el decreto.

Fernández ha defendido el decreto argumentando que buscaba eliminar la intermediación y promover contrataciones directas para evitar situaciones similares a las del gobierno anterior. Sin embargo, las denuncias apuntan a presuntas irregularidades que podrían implicar un desvío de fondos públicos en beneficio de un círculo cercano al expresidente.