Ante la inminencia de un veto presidencial al financiamiento de las universidades, el oficialismo enfrenta la incertidumbre de no contar con los votos necesarios, mientras la oposición busca alternativas para evitar mayores conflictos

La posibilidad de que el gobierno no consiga los 87 votos necesarios para mantener el veto al financiamiento universitario genera tensiones y negociaciones en el Congreso. El PRO ha advertido al oficialismo sobre la importancia de asegurar los apoyos necesarios y explorar otras vías antes de enfrentar una situación que podría desencadenar grandes manifestaciones, superiores a las previstas para el 2 de octubre.

La situación se complica debido a que algunos legisladores que no se opusieron al veto a las pensiones de los jubilados, ahora parecen reacios a apoyar una medida similar contra la educación universitaria. La UCR, históricamente defensora de la educación, ha sido clara en su posición, alentando a sus legisladores a resistir cualquier cambio que perjudique a las universidades. Martín Lousteau y otros líderes del partido han sido vocales en mantener el apoyo al financiamiento educativo.

Innovación Federal y otros bloques menores, decisivos en votaciones pasadas, también han mostrado su descontento con la dirección actual del gobierno en este asunto, lo que podría significar una falta de apoyo crítica para el oficialismo. La posición del gobierno se ha complicado aún más después de ofrecer un aumento salarial del 5.8% a los docentes universitarios, que se percibe insuficiente frente a la inflación acumulada.

Las tensiones dentro del bloque de la UCR son palpables, con algunos legisladores que han cambiado su voto en temas cruciales después de reunirse con el presidente Javier Milei. Las consecuencias de estas acciones han sido severas, incluyendo suspensiones y procesos éticos, lo que ha enviado un mensaje claro a los legisladores sobre la seriedad de mantener la coherencia en sus votos.

Con el veto presidencial que debe decidirse antes del 3 de octubre, el escenario político está cargado de incertidumbre. Los legisladores enfrentan la disyuntiva de apoyar una medida impopular o desafiar la línea del partido, con implicaciones significativas para el futuro político del país y la educación superior.

La propuesta del gobierno de transferir la gestión de las universidades nacionales a las provincias ha sido recibida con fuerte oposición, tanto en el ámbito político como académico. Figuras prominentes como Martín Tetaz y Emiliano Yacobitti han expresado su rechazo, destacando la inversión en educación como una de las de mayor retorno social.

A medida que la fecha límite se acerca, todos los ojos están puestos en el Congreso, donde los próximos movimientos del oficialismo y la oposición podrían definir el rumbo de la política educativa del país en los años venideros.