El impacto del rumbo económico de Javier Milei empieza a generar cuestionamientos dentro de sectores empresarios de Córdoba. Roberto Urquía, uno de los principales referentes del empresariado agroindustrial de la provincia, puso el foco en la caída del consumo y en las dificultades que atraviesan trabajadores, comercios e industrias.
Durante mucho tiempo, Córdoba fue uno de los territorios donde Javier Milei encontró una de sus bases de respaldo más importantes. Pero hay una diferencia entre apoyar un programa económico y convivir todos los días con sus consecuencias.
Esa distancia parece empezar a aparecer también dentro del empresariado cordobés.
Roberto Urquía, uno de los nombres más importantes del sector agroindustrial de la provincia, lanzó una advertencia que difícilmente pueda pasar inadvertida: hay trabajadores que no logran llegar al día 15 del mes con su salario.
La frase tiene una fuerza particular porque no proviene de un dirigente opositor ni de un representante sindical. Surge desde uno de los sectores empresarios que durante años reclamaron condiciones más favorables para producir, invertir y desarrollar la actividad privada.
Urquía describió un escenario de dificultades crecientes para trabajadores y comerciantes. En su mirada, el problema ya no puede reducirse a una discusión sobre indicadores macroeconómicos: aparece en los negocios que venden menos, en las familias que tienen cada vez menos margen y en una actividad industrial que enfrenta un escenario complejo.
La cuestión central es el consumo.
Cuando los ingresos de los hogares pierden capacidad para sostener el nivel de compras, el efecto comienza a recorrer toda la economía. El comercio recibe menos clientes. Los pedidos disminuyen. Las empresas producen menos. Y esa cadena termina afectando a trabajadores, proveedores y pequeñas y medianas empresas.
Es una dinámica que puede volverse difícil de revertir si se prolonga en el tiempo.
La preocupación adquiere todavía mayor relevancia en una provincia con una fuerte identidad productiva. Córdoba no es solamente un distrito electoral importante: también es uno de los principales centros agroindustriales e industriales del país.
Por eso, cuando el empresariado empieza a advertir que la situación económica está golpeando el entramado productivo, el mensaje tiene una dimensión política además de económica.
Urquía también cuestionó la situación de las provincias y los municipios y reclamó mayor presencia de recursos nacionales. En particular, puso sobre la mesa las dificultades vinculadas con la infraestructura y las rutas.
Para una provincia cuya economía depende en buena medida del movimiento de la producción, las rutas forman parte del sistema productivo. No son un elemento secundario.
El estado de la infraestructura afecta el traslado de mercaderías, los costos de las empresas y la conexión entre las zonas productivas y los mercados.
Por eso, la discusión sobre el rol del Estado vuelve a aparecer incluso dentro de sectores empresarios que históricamente fueron críticos de la intervención estatal excesiva.
El Gobierno de Milei sostiene que la reducción del gasto público y el ordenamiento de las cuentas son condiciones necesarias para construir una economía más estable. Pero el desafío aparece cuando ese proceso se encuentra con una economía real que todavía necesita recuperar consumo, inversión y producción.
Una cosa es ordenar las cuentas.
Otra es conseguir que esa estabilidad se traduzca en una mejora perceptible para quienes viven de un salario, sostienen un comercio o conducen una empresa.
La frase sobre llegar al día 15 funciona justamente como una imagen concreta de esa tensión.
No habla de una planilla.
Habla del calendario.
De hacer cuentas.
De mirar cuánto queda después de pagar las primeras obligaciones del mes y preguntarse cómo seguir.
Ese tipo de señales suele ser especialmente relevante porque permite observar la economía desde otro lugar. Los grandes indicadores pueden mostrar determinadas tendencias, pero el humor social también se construye con pequeñas experiencias acumuladas: vender menos, postergar una compra, reducir gastos o dejar de contratar un servicio.
Y cuando esas decisiones se repiten en miles de hogares, terminan teniendo consecuencias sobre toda la actividad.
El malestar empresario tampoco significa necesariamente una ruptura política con Milei.
Las posiciones pueden ser mucho más complejas.
Un empresario puede valorar determinadas medidas del Gobierno y, al mismo tiempo, advertir que el nivel de consumo resulta insuficiente. Puede defender el equilibrio fiscal y reclamar que el Estado atienda determinadas necesidades de infraestructura. Puede respaldar la búsqueda de estabilidad y señalar que esa estabilidad todavía no alcanza para recomponer la actividad.
No hay contradicción obligatoria en eso.
De hecho, puede ser una de las discusiones más importantes de esta etapa: qué necesita una economía después de estabilizarse y cómo se consigue que la recuperación deje de ser una expectativa para convertirse en una experiencia concreta.
Córdoba puede convertirse en un escenario especialmente significativo para esa discusión.
El respaldo que Milei consiguió allí convirtió a la provincia en uno de sus territorios políticos más favorables. Por eso, cualquier señal de descontento proveniente de su propio entramado empresario adquiere un peso adicional.
No porque implique automáticamente un cambio político.
Sino porque muestra que el debate empieza a trasladarse desde la política hacia la actividad cotidiana.
El círculo rojo puede acompañar un programa económico durante un tiempo determinado.
Pero las empresas necesitan vender.
Los trabajadores necesitan que sus ingresos alcancen.
Los comercios necesitan clientes.
Y las provincias necesitan infraestructura para que su producción pueda circular.
Son necesidades bastante menos abstractas que cualquier discusión sobre modelos económicos.
La advertencia de Urquía, en ese sentido, funciona como una señal de alarma. El problema que describe no aparece solamente en los grandes centros urbanos ni en los discursos de la oposición. También empieza a ser señalado desde sectores empresarios que conocen de cerca la actividad productiva.
El Gobierno todavía puede argumentar que el camino elegido necesita tiempo.
Pero el tiempo también tiene un costo.
Y para quienes ya no llegan al día 15, ese costo dejó de ser una discusión teórica.