La UIA y trece cámaras empresarias promovieron un acuerdo para avanzar con una Ley Nacional de Gestión Integral de Envases. El objetivo es unificar criterios ambientales y fortalecer un modelo de economía circular sin afectar la competitividad industrial.
La basura también es una discusión política.
Y económica.
Y ambiental.
Por eso la Unión Industrial Argentina junto a trece cámaras empresarias volvió a impulsar una ley nacional para regular la gestión de envases post consumo, un debate que Argentina arrastra desde hace más de dos décadas sin lograr todavía una normativa definitiva.
La iniciativa busca establecer reglas comunes para el tratamiento, reciclaje y recuperación de envases utilizados por industrias alimenticias, químicas, plásticas, papeleras, metalúrgicas y de consumo masivo.
El eje central del proyecto gira alrededor de un concepto cada vez más presente en las discusiones ambientales globales: la economía circular.
Es decir, reducir residuos, reutilizar materiales y transformar desechos en nuevos insumos productivos en lugar de enviarlos directamente a basurales o rellenos sanitarios.
La UIA sostiene que la futura ley debería funcionar bajo criterios homogéneos en todo el país para evitar superposición de normativas provinciales o municipales que compliquen la actividad industrial.
También propone avanzar sobre sistemas de gestión compartida entre Estado, empresas y consumidores, incorporando mecanismos de reciclaje, trazabilidad y recuperación de materiales post consumo.
El debate no es nuevo.
Desde hace años existen proyectos parlamentarios vinculados a responsabilidad extendida del productor, reciclaje e inclusión de recuperadores urbanos dentro de circuitos formales de gestión ambiental.
Pero ahora la discusión reaparece en un contexto distinto.
Con presión internacional sobre industrias más sostenibles.
Mayor preocupación social por residuos plásticos.
Y ciudades cada vez más desbordadas por sistemas de tratamiento insuficientes.
El tema además toca intereses económicos enormes.
Porque detrás de cada envase existe una cadena productiva gigantesca que incluye fabricantes, supermercados, logística, reciclado y gestión de residuos.
Y ahí empiezan tensiones bastante sensibles.
Quién financia el sistema.
Quién asume costos ambientales.
Y cuánto debe intervenir el Estado.
Las cámaras empresarias intentan evitar esquemas que, según sostienen, podrían afectar competitividad o trasladar costos excesivos a la producción. Mientras tanto, sectores ambientalistas reclaman regulaciones más estrictas y mayor responsabilidad empresarial sobre residuos que terminan contaminando ciudades, ríos y ecosistemas.
La discusión también revela algo bastante contemporáneo.
Durante años el modelo económico global funcionó alrededor de producir, consumir y descartar.
Ahora empieza lentamente otra etapa donde incluso las grandes industrias entienden que la sustentabilidad dejó de ser solamente un discurso ambiental.
También se convirtió en una necesidad económica y política.
