Un informe del Departamento de Estado estadounidense, elaborado por la auditora KPMG, detalló el movimiento de los ingresos obtenidos entre enero y septiembre de 2026 por la venta de petróleo, oro, minerales y fertilizantes. Casi el 99% de los fondos fue desembolsado, aunque el mecanismo mantiene bajo supervisión de Washington el acceso del Gobierno interino venezolano a esos recursos.

Estados Unidos gestionó más de 12.260 millones de dólares provenientes de la comercialización de recursos naturales de Venezuela durante los primeros nueve meses de 2026. La mayor parte correspondió a exportaciones de petróleo y sus derivados, aunque también hubo ingresos por operaciones vinculadas con oro, minerales y fertilizantes. El dinero fue depositado en una cuenta bajo control del Departamento del Tesoro estadounidense, desde donde se autorizaron desembolsos para el Gobierno interino encabezado por Delcy Rodríguez.

Los datos surgen de un informe elaborado por la firma auditora KPMG y divulgado por el Departamento de Estado el jueves 12 de noviembre. El documento, fechado el 29 de octubre y remitido al Congreso, ofrece detalles sobre un mecanismo que comenzó a funcionar después de la captura de Nicolás Maduro en enero y que modificó la forma en que se administran los ingresos de las exportaciones venezolanas.

Según el reporte, hasta el 30 de septiembre se habían desembolsado 12.110 millones de dólares, equivalentes al 98,7% de los depósitos registrados. Otros 168,56 millones permanecían bajo custodia para futuras operaciones autorizadas. La mayor parte de los recursos fue canalizada hacia la economía venezolana mediante operaciones de cambio de divisas realizadas a través de bancos comerciales.

El sistema establece que los compradores de petróleo y otros recursos naturales depositen el dinero en cuentas supervisadas por Estados Unidos. Para acceder a esos fondos, el Banco Central de Venezuela debe presentar solicitudes en nombre del Gobierno interino y justificar el destino de cada desembolso. De esta manera, Washington mantiene capacidad de autorización sobre los ingresos generados por las exportaciones del país sudamericano.

El mecanismo atravesó distintas etapas. En un primer momento, los recursos fueron depositados en una cuenta del Banco Nacional de Qatar vinculada al Banco Central venezolano. Hacia fines de enero, la administración estadounidense estableció una cuenta específica bajo control del Tesoro, que pasó a concentrar las operaciones posteriores.

De acuerdo con el informe, más de 12.100 millones de dólares procedieron de la venta de petróleo, productos derivados y gas natural. Las operaciones con oro aportaron otros 108 millones, mientras que los minerales representaron unos 22 millones y los fertilizantes alrededor de 24,6 millones.

En cuanto al destino de los recursos, el documento señala que el 35,75% de los desembolsos se vinculó con alimentos y productos de consumo, mientras que el 23% correspondió a servicios administrativos y el 12,5% a actividades agrícolas. La sanidad pública y la adquisición de medicamentos representaron el 5,68%.

Una parte importante del dinero no se transfirió directamente a organismos estatales, sino que ingresó al sistema financiero venezolano mediante operaciones de divisas. El Banco Central distribuyó dólares entre entidades comerciales, que luego los pusieron a disposición de empresas y particulares. El objetivo declarado fue aportar liquidez al mercado cambiario y contribuir a la estabilidad del bolívar.

El reporte también identificó alrededor de 133 millones de dólares en pagos directos a proveedores por servicios y suministros destinados al funcionamiento del Gobierno. Entre las operaciones mencionadas figuran adquisiciones de equipamiento médico, pagos vinculados con la minería y compromisos relacionados con la compra de vacunas a la Organización Panamericana de la Salud.

Sin embargo, la publicación del documento no despejó todas las preguntas sobre el funcionamiento del esquema. La versión difundida mantiene ocultos los nombres de las aproximadamente veinte empresas que realizaron los depósitos, así como otros datos comerciales considerados confidenciales. Investigaciones periodísticas señalaron que las compañías Trafigura y Vitol habrían concentrado una parte significativa de las operaciones, aunque el informe público no permite verificar de manera independiente la participación de cada comprador.

La administración de Donald Trump presentó el mecanismo como una herramienta para garantizar transparencia y evitar que los ingresos petroleros fueran utilizados de manera irregular. Desde el Departamento de Estado sostuvieron que los recursos están beneficiando a la población venezolana mediante el financiamiento de necesidades esenciales y el sostenimiento de sectores estratégicos.

Pero el esquema también abre una discusión sobre la soberanía económica del país. Aunque el informe sostiene que los fondos continúan siendo propiedad de Venezuela, su utilización depende de autorizaciones de funcionarios estadounidenses. En la práctica, Washington conserva una influencia directa sobre el destino de una de las principales fuentes de ingresos de la economía venezolana.

La divulgación de las cifras se produce en una etapa de profunda reconfiguración de las relaciones entre ambos países. Tras la captura de Maduro, el Gobierno interino de Rodríguez estableció acuerdos con la administración Trump para mantener las exportaciones de recursos naturales bajo nuevas condiciones de supervisión. El petróleo, históricamente central para la economía venezolana, quedó así en el centro de una relación política y financiera marcada por una fuerte asimetría.

Los más de 12.000 millones de dólares muestran la magnitud de los recursos movilizados, pero también dejan planteados interrogantes sobre los controles, la identificación de los compradores y la capacidad de las instituciones venezolanas para decidir sobre sus propios ingresos. La transparencia de las operaciones y el destino efectivo del dinero serán aspectos centrales para evaluar si el mecanismo cumple con los objetivos que declara Washington o si consolida una dependencia financiera que limita la autonomía económica del país.