El Gobierno de Giorgia Meloni aprobó un decreto que establece nuevas reglas para la integración educativa de estudiantes extranjeros. La norma fija un límite del 30% para determinados alumnos que no dominan el italiano, incorpora cursos de idioma para algunas familias y prohíbe cubrirse el rostro dentro de los establecimientos escolares.

El Gobierno italiano aprobó un decreto-ley que modifica las reglas de integración dentro del sistema educativo y establece un límite del 30% para determinados estudiantes que no tienen un dominio suficiente del italiano. La medida fue impulsada por la primera ministra Giorgia Meloni y comenzará a aplicarse a partir del ciclo lectivo 2027-2028.

El límite no alcanza a todos los estudiantes extranjeros por igual. En las escuelas primarias se contempla a alumnos que no tengan ciudadanía italiana, no hayan nacido en Italia o no hayan realizado al menos dos años de educación inicial en el país. En los niveles secundarios, el criterio incluye a estudiantes que no hayan completado determinados años dentro del sistema educativo italiano.

La intención declarada por el Gobierno es evitar que determinados establecimientos concentren una proporción elevada de estudiantes con dificultades para comunicarse en italiano. Meloni sostiene que la distribución entre distintas escuelas puede favorecer el aprendizaje del idioma y evitar la formación de aulas con una concentración particularmente alta de alumnos que recién se incorporan al sistema educativo italiano.

La medida también contempla una mayor participación de las familias. Cuando existan dificultades importantes de integración escolar, los padres de los estudiantes podrán ser derivados a cursos de italiano. El Ministerio de Educación informó que habrá programas específicos y que pueden establecerse sanciones económicas en caso de incumplimiento de esos recorridos formativos.

Otro de los puntos más controvertidos es la prohibición de ingresar a las escuelas con el rostro cubierto. La norma alcanza al burka y al niqab y establece excepciones vinculadas con determinadas razones sanitarias o de seguridad. También contempla sanciones económicas que pueden recaer sobre los padres cuando la infracción sea cometida por un menor.

El Gobierno italiano sostiene que estas disposiciones forman parte de una política destinada a fortalecer la integración. Meloni presentó las medidas como una forma de combinar el aprendizaje del idioma con el cumplimiento de las normas del país. Desde el oficialismo también remarcan que la participación familiar en la educación puede contribuir al desempeño escolar.

La oposición italiana cuestionó el decreto y sostuvo que el Ejecutivo está colocando cuestiones culturales y migratorias en el centro de la agenda educativa. La secretaria del Partido Democrático, Elly Schlein, calificó la iniciativa de manera negativa y cuestionó que el Gobierno priorice estas medidas frente a otros problemas del sistema público de educación.

La aplicación del límite del 30% plantea además un desafío práctico. En algunos barrios italianos, la proporción de estudiantes de origen extranjero es elevada, por lo que distribuirlos entre diferentes establecimientos puede resultar difícil. Los responsables de las escuelas ya habían advertido sobre las dificultades para aplicar un límite similar que existía como recomendación, especialmente porque los colegios deben garantizar la inscripción de los niños que viven en su zona.

Según datos de la Fundación ISMU, alrededor de 900.000 estudiantes extranjeros asisten actualmente a las escuelas italianas y representan aproximadamente el 11,6% del alumnado. Una parte importante procede de otros países europeos, mientras que también existe una presencia significativa de estudiantes con origen africano.

El debate ocurre además en un contexto político marcado por la inmigración y la integración. La oposición y otros sectores interpretan que el Gobierno busca responder al crecimiento de fuerzas de derecha que colocaron estas cuestiones entre sus principales temas de campaña. Desde el oficialismo, en cambio, se presenta el decreto como una política educativa destinada a mejorar la integración y evitar desigualdades dentro de las aulas.

La nueva normativa abre así una discusión que va más allá de las aulas. El Gobierno deberá demostrar cómo funcionará en la práctica la distribución de estudiantes, cómo se implementarán los cursos de italiano y cómo convivirá la prohibición de cubrir el rostro con las normas existentes sobre libertad religiosa. Mientras tanto, las escuelas quedan ante el desafío de aplicar una política que busca combinar integración lingüística, organización educativa y nuevas restricciones dentro de los establecimientos.