El negocio financiero de la cadena de supermercados cerró el último ejercicio con una pérdida de $41.151 millones, golpeado por el fuerte aumento de los clientes que no pudieron afrontar sus deudas. La incobrabilidad de Tarjetas del Mar creció 266% en términos reales y llevó a la empresa a endurecer sus condiciones de crédito.
La morosidad de los hogares comenzó a dejar una huella cada vez más visible en los balances de las empresas que financian el consumo. La Anónima, una de las principales cadenas de supermercados del país, registró una pérdida de $41.151 millones en su negocio financiero durante los doce meses cerrados el 30 de junio, principalmente por el deterioro de la cartera de su tarjeta de crédito.
El problema se concentró en Tarjetas del Mar, la sociedad que administra la tarjeta propia de La Anónima. Los cargos correspondientes a deudores incobrables pasaron de $13.297 millones a $48.675 millones en términos comparables. El salto representó un incremento real del 266% y terminó absorbiendo los ingresos que generaba la actividad financiera.
Durante el último ejercicio, Tarjetas del Mar obtuvo ingresos netos por $26.197 millones, frente a los $18.931 millones del período anterior. Sin embargo, esa mejora quedó neutralizada por los $48.675 millones destinados a cubrir créditos que la compañía considera de difícil cobro y por otros $14.258 millones en gastos comerciales y administrativos.
El resultado financiero pasó así de una pérdida de $11.481 millones a un rojo de $41.151 millones en apenas un año. La magnitud del deterioro muestra cómo el aumento de la morosidad dejó de ser un problema concentrado en bancos y entidades financieras para alcanzar también a empresas comerciales que utilizan el crédito como una herramienta para sostener sus ventas.
El caso de La Anónima se produce mientras la mora de los hogares alcanza niveles elevados. En junio llegó al 12,8%, el registro más alto de la serie publicada por el Banco Central desde 2010. La tendencia comenzó a acelerarse en noviembre de 2024 y las tarjetas de crédito se encuentran entre los segmentos más afectados.
Detrás de los números aparece una dificultad concreta para muchas familias: sostener el pago de sus compromisos financieros en un contexto en el que el crédito se convirtió en una herramienta cada vez más utilizada para afrontar gastos cotidianos. Los últimos datos citados por el informe señalan que casi seis millones de personas tenían algún tipo de atraso en sus obligaciones.
Para La Anónima, el impacto tiene una particularidad. Su negocio financiero está ligado directamente al consumo de los hogares que compran en sus supermercados, por lo que el deterioro de la capacidad de pago puede afectar al mismo tiempo al financiamiento y al nivel de consumo. La tarjeta funciona así como un puente entre las compras diarias y las posibilidades de pago de cada familia.
Frente al aumento de los incumplimientos, la compañía modificó sus políticas para otorgar tarjetas y créditos y avanzó con la refinanciación de parte de la cartera que se encontraba en mora. Según informó la empresa, esas medidas comenzaron a mostrar una mejora en las previsiones más recientes, aunque el balance anual todavía refleja el fuerte impacto acumulado.
El fenómeno también muestra una tensión dentro de la expansión del crédito. El financiamiento permite sostener el consumo cuando los ingresos no alcanzan para cubrir determinados gastos, pero cuando las cuotas se acumulan y la capacidad de pago no crece al mismo ritmo, el problema termina trasladándose hacia quienes otorgaron ese crédito.
La situación de La Anónima pone números concretos a una dificultad que atraviesa a una parte de los hogares. Mientras la morosidad continúa siendo una señal relevante para el sistema financiero, el balance de la cadena muestra que sus consecuencias ya alcanzan de manera directa a empresas que durante años utilizaron las tarjetas propias como una herramienta para financiar el consumo.
Ahora, la evolución de la cartera será clave para determinar si las nuevas condiciones de otorgamiento y las refinanciaciones permiten reducir el nivel de incobrabilidad. Por el momento, el salto desde $13.297 millones hasta $48.675 millones muestra hasta qué punto el deterioro de la capacidad de pago terminó convirtiéndose en un problema también para quienes financiaron las compras.