El oficialismo busca avanzar con la reforma electoral antes de fin de año y puso en marcha una nueva ofensiva en el Senado. Detrás del apuro legislativo aparece una disputa por el liderazgo dentro de La Libertad Avanza, mientras Karina Milei busca limitar el margen de autonomía de la jefa del bloque oficialista.

La discusión por el futuro de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) dejó de ser solamente un debate sobre el sistema electoral. En las últimas horas, se convirtió también en un nuevo capítulo de la interna de La Libertad Avanza, con Patricia Bullrich en el centro de una pulseada que enfrenta a la conducción del Senado con el núcleo político que responde a Javier y Karina Milei.

El Gobierno aceleró las gestiones para llevar el proyecto al recinto y busca conseguir una primera aprobación antes de que termine el período ordinario. El movimiento llegó después de que trascendiera una frase atribuida a Bullrich, en la que habría advertido que el oficialismo no conseguiría aprobar nuevas leyes si intentaban desplazarla. La filtración profundizó el enfrentamiento y fue interpretada en la Casa Rosada como un desafío a la conducción política del espacio.

En ese contexto, Martín Menem, presidente de la Cámara de Diputados, salió a reclamar públicamente que el Senado avance con la iniciativa. Planteó que la Cámara alta debería otorgarle media sanción en los próximos quince días y sostuvo que el país no necesita que los contribuyentes financien las internas de los partidos políticos.

El mensaje tuvo un destinatario político evidente. La negociación en el Senado depende en buena medida de Bullrich, que conduce el bloque de La Libertad Avanza y había expresado dudas sobre la posibilidad de reunir los votos necesarios. Mientras el jefe de Gabinete, Diego Santilli, sostiene que existen acuerdos con gobernadores y sectores aliados, en el entorno de la senadora advierten que los respaldos todavía no están garantizados.

La intervención de Menem se produjo después de una serie de señales de distanciamiento entre Bullrich y la Casa Rosada. Uno de los episodios más recientes fue una publicación de Javier Milei en redes sociales, en la que cuestionó a quienes, según escribió, estarían dispuestos a hundir un barco al comprender que no podrían convertirse en sus capitanes. En el ámbito político, el mensaje fue interpretado como una alusión a las aspiraciones de liderazgo de la senadora.

También el canciller Pablo Quirno se sumó a las críticas al plantear que el Gobierno no debía detenerse en ambiciones personales. Las declaraciones reforzaron la presión sobre Bullrich en un momento en que el oficialismo intenta ordenar su estructura y definir quiénes tendrán protagonismo en la construcción política hacia 2027.

La secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, aparece como una de las principales impulsoras de esa estrategia. Según el relato de fuentes del oficialismo, desde su entorno se busca establecer un esquema de mayor disciplina interna: acompañar las decisiones de la conducción o quedar al margen. La disputa no se limita a una diferencia legislativa, sino que involucra el control del partido, la relación con los aliados y la definición de candidaturas.

La convocatoria de la Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado para el martes 17 de noviembre aceleró todavía más el conflicto. El proyecto llevaba meses sin avances concretos y ahora vuelve a la agenda parlamentaria con plazos ajustados. La decisión tomó por sorpresa a sectores del propio bloque oficialista, incluido el entorno de Bullrich, que no tenía previsto ese movimiento en el cronograma inmediato.

La reforma electoral no se limita a eliminar las primarias. También contempla cambios en el financiamiento de los partidos, mayores requisitos para conservar la personería jurídica, modificaciones en las alianzas electorales y nuevas reglas para la competencia política. Entre los puntos más discutidos aparece la posibilidad de ampliar los aportes privados a las campañas, una cuestión que abre interrogantes sobre las condiciones de transparencia y la influencia económica en los procesos electorales.

El oficialismo sostiene que las PASO representan un gasto innecesario y que las internas partidarias deberían ser financiadas por las propias agrupaciones. Sin embargo, la discusión también involucra el papel de esas primarias como mecanismo para ordenar candidaturas, resolver disputas internas y permitir que la ciudadanía participe en la selección de representantes antes de las elecciones generales.

La negociación con los bloques aliados tampoco está resuelta. Sectores del PRO y de la UCR condicionan su respaldo a otros compromisos, entre ellos el tratamiento de Ficha Limpia. A eso se suman las conversaciones con los gobernadores, que buscan garantías sobre recursos, obras y representación política en sus distritos. La reforma electoral se convirtió así en una pieza de un tablero mucho más amplio, donde cada apoyo parlamentario puede depender de acuerdos que exceden el contenido de la ley.

En ese escenario, Bullrich enfrenta una doble presión: debe conducir un bloque que necesita reunir voluntades para avanzar con el proyecto y, al mismo tiempo, sostener su lugar dentro de un oficialismo que parece decidido a reducir su autonomía. La Casa Rosada busca mostrar que la iniciativa puede avanzar con o sin su protagonismo, aunque el resultado legislativo dependerá justamente de las negociaciones que se desarrollen en el Senado.

El apuro también responde al calendario electoral. Con el cierre del período ordinario previsto para el 30 de noviembre, el Gobierno evalúa recurrir a sesiones extraordinarias para completar el trámite parlamentario. La discusión se cruza, además, con la preparación de los comicios de 2027 y con la necesidad de definir las reglas antes de que los procesos electorales entren en una etapa de organización formal.

La disputa por las PASO expone, en definitiva, una contradicción dentro del oficialismo: mientras el Gobierno presenta la reforma como una cuestión de eficiencia y reducción del gasto público, su tratamiento se desarrolla en medio de una pelea por el poder, las candidaturas y el control de la estructura libertaria. La discusión sobre cómo se votará en 2027 se convirtió también en una discusión sobre quién tendrá la última palabra dentro del espacio gobernante.