La investigación por el fentanilo contaminado que provocó decenas de muertes sumó un nuevo capítulo. Una de las exfuncionarias detenidas declaró ante la Justicia que las principales decisiones del Ministerio de Salud eran consultadas con Mario Lugones, una afirmación que vuelve a poner al ministro en el centro de una de las crisis sanitarias más graves de los últimos años.

La investigación por el fentanilo contaminado continúa escalando y ya no se limita a las responsabilidades técnicas dentro de los organismos de control. Las declaraciones de una de las exfuncionarias detenidas abrieron una nueva línea de análisis judicial al señalar que las decisiones más relevantes del área sanitaria no se adoptaban sin la intervención del ministro de Salud, Mario Lugones.

Según trascendió de la causa, la exfuncionaria sostuvo que los principales expedientes y resoluciones vinculados con el funcionamiento de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) eran elevados para consulta política antes de avanzar. La declaración fue incorporada al expediente que investiga la distribución de partidas de fentanilo contaminado que causaron una tragedia sanitaria con decenas de víctimas fatales.

Las afirmaciones profundizan la presión sobre el titular de la cartera sanitaria, que hasta el momento había evitado quedar directamente involucrado en la investigación judicial. Si bien la Justicia todavía no formuló acusaciones contra Lugones, los dichos de la exfuncionaria alimentan las sospechas sobre el nivel de conocimiento que pudo haber existido dentro del Ministerio respecto de las irregularidades detectadas en los laboratorios involucrados.

El expediente ya provocó la detención de dos exautoridades sanitarias acusadas de no haber actuado a tiempo frente a las advertencias técnicas que señalaban graves deficiencias en los procesos de producción y control de medicamentos. Los investigadores sostienen que existieron demoras en la adopción de medidas preventivas que podrían haber evitado la circulación de los lotes contaminados.

La tragedia del fentanilo se convirtió en uno de los episodios más delicados que enfrenta el sistema sanitario argentino en las últimas décadas. Además del impacto sobre las familias de las víctimas, el caso expuso serias fallas en los mecanismos de fiscalización estatal y abrió un debate sobre el funcionamiento de los organismos encargados de garantizar la seguridad de los medicamentos.

En paralelo, la oposición reclama mayores explicaciones por parte del Gobierno nacional y exige conocer cómo funcionó la cadena de decisiones dentro del Ministerio de Salud durante los meses previos a la distribución del producto contaminado. La investigación judicial continúa incorporando documentación y testimonios para reconstruir el recorrido administrativo que permitió que el medicamento llegara a hospitales y clínicas.

Mientras la causa avanza, el escenario político también comienza a resentirse. Las nuevas declaraciones no implican una responsabilidad penal automática para el ministro, pero incrementan el costo político de un expediente que ya dejó de ser exclusivamente sanitario para transformarse en un caso de fuerte impacto institucional.

Con la investigación todavía en desarrollo, el foco permanece puesto en determinar si las fallas fueron consecuencia de negligencias administrativas o si existieron responsabilidades políticas de mayor alcance dentro de la estructura del Gobierno nacional.