La conferencia de Naciones Unidas reúne a gobiernos de todo el mundo en Ereván, Armenia, para evaluar los avances en la protección de los ecosistemas. A mitad del camino hacia 2030, menos de la mitad de las metas nacionales evaluadas avanza según lo previsto y la falta de financiación amenaza con ampliar la distancia entre los compromisos y los resultados.

La naturaleza tiene un problema que ya no puede resolverse únicamente con declaraciones de buenas intenciones. Bosques, océanos, humedales y especies silvestres enfrentan presiones crecientes, mientras los países intentan cumplir una serie de objetivos internacionales que, por ahora, avanzan a un ritmo insuficiente. En ese escenario, la COP17 de biodiversidad se convirtió en una instancia decisiva para determinar cuánto se ha hecho y qué falta para evitar un deterioro todavía mayor de los ecosistemas.

La conferencia comenzó el 19 de octubre en Ereván, la capital de Armenia, y se extenderá hasta el 30 de octubre de 2026. Su principal tarea es realizar la primera evaluación global del Marco Mundial de Biodiversidad de Kunming-Montreal, el acuerdo internacional aprobado en 2022 para detener y revertir la pérdida de biodiversidad durante esta década.

El encuentro llega en un momento clave. El plazo de 2030 está cada vez más cerca y los datos disponibles muestran una brecha considerable entre las metas anunciadas y las acciones efectivamente implementadas. La discusión ya no gira solamente alrededor de qué debe protegerse, sino también de cómo financiar, ejecutar y medir las políticas necesarias para conseguirlo.

El marco internacional establece 23 metas para 2030 y cuatro objetivos generales para 2050. Entre sus compromisos más conocidos figura la iniciativa de conservar al menos el 30 por ciento de las superficies terrestres y marinas del planeta para el final de esta década. La propuesta busca ampliar y mejorar la protección de los espacios naturales, preservar hábitats esenciales y mantener las condiciones que permiten la supervivencia de numerosas especies.

Sin embargo, la conservación es apenas una parte del desafío. El acuerdo también plantea restaurar ecosistemas degradados, reducir la contaminación, enfrentar las especies invasoras y limitar los efectos de las actividades humanas sobre la naturaleza. Además, propone modificar incentivos económicos perjudiciales para el ambiente y avanzar hacia formas de producción y consumo más sostenibles.

Los avances institucionales existen, pero todavía no alcanzan. Cerca del 90 por ciento de los países participantes estableció objetivos nacionales de biodiversidad, mientras que alrededor del 60 por ciento desarrolló estrategias y planes de acción. Más del 70 por ciento presentó informes nacionales para evaluar sus progresos.

Aun así, menos de la mitad de las metas nacionales examinadas se encuentra encaminada según lo previsto. La diferencia entre disponer de un plan y lograr resultados concretos sigue siendo uno de los principales obstáculos de la política ambiental internacional.

El financiamiento aparece como una de las discusiones centrales de la cumbre. El marco de Kunming-Montreal establece la necesidad de movilizar al menos 200.000 millones de dólares anuales de todas las fuentes para 2030, incluidos 30.000 millones de dólares por año en financiación internacional destinada a la biodiversidad.

La cifra refleja la dimensión económica del problema. Proteger áreas naturales, recuperar ambientes degradados, fortalecer los sistemas de vigilancia y acompañar a las comunidades que dependen de los ecosistemas requiere recursos sostenidos. Sin fondos suficientes, incluso los compromisos más ambiciosos corren el riesgo de quedar reducidos a documentos oficiales.

La discusión también involucra a los países con menos recursos, que reclaman mecanismos de financiación más accesibles y una distribución equitativa de las responsabilidades. Muchos territorios con una enorme riqueza biológica enfrentan dificultades económicas para sostener políticas de conservación, mientras que buena parte de la demanda mundial de materias primas, alimentos y recursos naturales se origina en mercados de mayor capacidad financiera.

En ese contexto, la protección de la biodiversidad no puede separarse de las desigualdades internacionales. La conservación necesita conocimientos científicos, instituciones sólidas y participación comunitaria, pero también acuerdos que permitan repartir los costos y los beneficios de manera justa.

Otro de los asuntos que se debate es el funcionamiento del Fondo de Cali, un mecanismo destinado a promover una distribución más equitativa de los beneficios derivados del uso comercial de información digital sobre secuencias genéticas. El objetivo es que las actividades económicas que aprovechan recursos genéticos contribuyan a financiar la conservación y a reconocer los intereses de los países y las comunidades vinculados con esos recursos.

La cuestión tiene implicaciones que van más allá de la investigación científica. La información genética puede utilizarse en el desarrollo de productos farmacéuticos, agrícolas y biotecnológicos. Establecer cómo se comparten los beneficios de esas aplicaciones es parte de una discusión más amplia sobre quién obtiene valor económico de la naturaleza y quién participa de ese valor.

Los pueblos indígenas y las comunidades locales también ocupan un lugar importante en las negociaciones. Sus conocimientos tradicionales y sus prácticas de manejo territorial pueden contribuir a conservar ecosistemas, aunque históricamente sus voces no siempre tuvieron el mismo peso en las decisiones ambientales.

Incorporar su participación no es solamente una cuestión de representación. También supone reconocer derechos, conocimientos y formas de relación con el territorio que pueden resultar fundamentales para la protección de la biodiversidad. Las políticas diseñadas sin tener en cuenta a quienes habitan los ecosistemas corren el riesgo de desconocer necesidades locales y generar nuevos conflictos.

La cumbre también pone sobre la mesa la relación entre biodiversidad, cambio climático y economía. La degradación de los ambientes naturales reduce su capacidad para almacenar carbono, regular el agua y amortiguar determinados fenómenos extremos. A su vez, el calentamiento global modifica los hábitats y aumenta la presión sobre especies que ya enfrentan amenazas derivadas de la pérdida de territorio, la contaminación o la explotación excesiva.

Por eso, las respuestas ambientales necesitan coordinación entre distintos sectores del Estado y de la economía. Los ministerios de ambiente no pueden resolver por sí solos problemas que también dependen de las políticas agrícolas, energéticas, industriales, comerciales y financieras.

El encuentro de Ereván busca establecer dónde se encuentran los mayores retrasos y qué medidas pueden acelerar el cumplimiento de las metas durante los cuatro años que restan hasta 2030. La evaluación global permitirá comparar los compromisos nacionales con los avances informados e identificar las áreas donde se necesitan nuevas decisiones.

El desafío consiste en transformar esa revisión en resultados verificables. Los gobiernos deberán demostrar que las estrategias se traducen en ecosistemas restaurados, hábitats protegidos, menor presión sobre las especies y mecanismos financieros capaces de sostener las acciones a largo plazo.

La pérdida de biodiversidad puede parecer un problema distante cuando se expresa en cifras globales o en nombres científicos. Sin embargo, sus consecuencias atraviesan la vida cotidiana: los alimentos dependen de sistemas naturales saludables, el agua requiere cuencas protegidas y numerosos sectores productivos necesitan suelos fértiles, polinizadores y ecosistemas capaces de resistir las alteraciones del clima.

La COP17 representa una oportunidad para revisar el rumbo, pero su importancia dependerá de las decisiones que sobrevivan al cierre de las negociaciones. La comunidad internacional ya cuenta con un marco compartido y una lista de objetivos. Lo que sigue faltando, en demasiados casos, es la velocidad política y económica necesaria para cumplirlos.

Salvar la naturaleza no depende de una sola conferencia ni de una promesa pronunciada frente a las cámaras. Depende de políticas sostenidas, recursos suficientes, cooperación internacional y controles que permitan saber si los compromisos se cumplen.

A mitad del camino hacia 2030, la pregunta que enfrenta el mundo es concreta: si los países conocen los riesgos y ya acordaron buena parte de las metas, ¿podrán convertir ese consenso en acciones antes de que el tiempo disponible se agote?