El Ministerio Público dispuso la apertura de tres causas penales vinculadas con la crisis de la entidad financiera, una de ellas relacionada directamente con el presidente paraguayo. La investigación apunta a esclarecer posibles responsabilidades en la supervisión del banco, el manejo de fondos públicos y las decisiones de las autoridades estatales.

La crisis de Ueno Bank sumó un nuevo capítulo institucional en Paraguay. La Fiscalía General del Estado dispuso el inicio de tres investigaciones penales vinculadas con el colapso de la entidad financiera y las actuaciones de funcionarios actuales y anteriores. Entre los expedientes figura uno que alcanza al presidente Santiago Peña, cuya gestión quedó bajo escrutinio por sus vínculos previos con el grupo empresario relacionado con el banco y por las decisiones adoptadas durante la crisis.

La resolución fue firmada el 5 de noviembre por el fiscal general Emiliano Rolón Fernández. A partir de distintas denuncias presentadas ante el Ministerio Público, se conformó un equipo de agentes fiscales de la Unidad Especializada de Delitos Económicos y Anticorrupción para investigar los hechos y determinar si existieron conductas con relevancia penal.

Una de las causas incorpora una ampliación de la denuncia presentada originalmente en octubre de 2025 contra Peña. La nueva presentación agrega hechos relacionados con la supervisión de Ueno Bank, la colocación de recursos públicos en la entidad y las actuaciones atribuidas a autoridades del Banco Central del Paraguay y de organismos estatales que depositaban fondos allí.

Otra de las denuncias fue impulsada por senadores y apunta también contra integrantes y exintegrantes del directorio del Banco Central, funcionarios del Instituto de Previsión Social y autoridades de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes. La tercera investigación se originó en una presentación del ministro de Economía y Finanzas, Óscar Lovera Chávez.

Para avanzar con las pesquisas fueron designados los fiscales Elena Fiore Franco, Silvia Margarita González Vester y Christian Manuel Benítez. La coordinación quedó a cargo de González Vester, bajo la supervisión de la fiscala adjunta Nancy Salomón Marín.

La decisión representa un avance en el análisis de las responsabilidades políticas y administrativas que rodearon la crisis. Sin embargo, la apertura de una investigación no equivale a una imputación ni supone que se haya probado la comisión de delitos. El objetivo de esta etapa es reunir documentación, examinar las denuncias y establecer si existen elementos suficientes para avanzar hacia eventuales acusaciones formales.

El caso se desarrolla en medio de una crisis financiera que obligó al Banco Central paraguayo a intervenir Ueno Bank y avanzar con un proceso de resolución de la entidad. La medida generó preocupación entre millones de clientes y trabajadores, además de abrir interrogantes sobre el destino de los depósitos y los fondos públicos que estaban bajo administración del banco.

La entidad tenía una presencia importante en el sistema financiero paraguayo y administraba recursos de organismos estatales. Entre los puntos que deberán esclarecerse aparecen las operaciones crediticias, la calidad de los activos, los mecanismos de control y la eventual existencia de beneficios indebidos para empresas vinculadas con el grupo propietario.

La controversia también alcanzó al Banco Central. Su entonces titular, Carlos Carvallo, presentó su renuncia a pedido de Peña en medio de los cuestionamientos por la supervisión de la entidad. Carvallo había encabezado Ueno antes de asumir la conducción del organismo regulador, una circunstancia que alimentó las preguntas sobre los controles aplicados durante el crecimiento del banco.

A su vez, la relación empresarial previa entre Peña y el grupo vinculado a Ueno quedó en el centro de la discusión pública. El mandatario había sido socio de una firma relacionada con el propietario de la entidad hasta marzo de 2025, según los antecedentes difundidos durante la crisis. Esa conexión forma parte del contexto sobre el que se formularon las denuncias, aunque por sí sola no determina responsabilidad penal.

La investigación contra el Presidente se suma a las actuaciones que ya alcanzaban a directivos y exintegrantes de la entidad. La Fiscalía había confirmado detenciones y diligencias para analizar posibles hechos de lesión de confianza, estafa y conducta indebida en situaciones de crisis, entre otras figuras que deberán ser evaluadas a partir de las pruebas.

La crisis de Ueno Bank dejó expuesta una cuestión central para las instituciones paraguayas: la necesidad de garantizar que los organismos de control actúen con independencia y que la administración de recursos públicos esté sometida a mecanismos transparentes de supervisión. La investigación deberá establecer si hubo fallas regulatorias, decisiones irregulares o responsabilidades individuales en el proceso que terminó con la intervención.

En un escenario de fuerte tensión política, el avance de las causas coloca a la Justicia ante una tarea compleja: reconstruir qué ocurrió con la entidad financiera y determinar quiénes tuvieron responsabilidad en las decisiones que condujeron a su resolución. El resultado será relevante no solo para los depositantes afectados, sino también para la confianza en el sistema bancario y en las instituciones encargadas de proteger los recursos públicos.