Un fallo judicial suspendió de manera cautelar el proceso de privatización de AySA impulsado por el gobierno de Javier Milei. La decisión se produjo tras una presentación que advirtió sobre posibles impactos ambientales y cuestionó la falta de garantías respecto de la continuidad y expansión del servicio de agua potable y saneamiento.

La estrategia privatizadora del Gobierno encontró un nuevo obstáculo en los tribunales.

La Justicia bonaerense resolvió suspender de forma cautelar el proceso de privatización de AySA, la empresa encargada de prestar los servicios de agua potable y cloacas para millones de usuarios del Área Metropolitana de Buenos Aires.

La medida fue adoptada por el Juzgado Contencioso Administrativo N°2 de La Plata, que hizo lugar a una presentación impulsada por la Defensoría del Pueblo de la provincia de Buenos Aires. En su resolución, el magistrado consideró que el proceso debía ser analizado con mayor profundidad debido a posibles riesgos vinculados al acceso al agua, la protección ambiental y las obligaciones futuras de inversión en infraestructura.

El fallo pone en pausa una de las privatizaciones más importantes previstas por la administración de Javier Milei. El Gobierno había avanzado durante los últimos meses con los pliegos y mecanismos destinados a transferir la mayoría del paquete accionario de la empresa al sector privado, una operación contemplada dentro de su programa de reforma del Estado.

Entre los cuestionamientos planteados en la demanda aparecen dudas sobre la cobertura futura del servicio, la ejecución de obras de saneamiento, la remediación de pasivos ambientales y la protección del derecho de acceso al agua potable. Según la resolución, estos aspectos requieren una evaluación más detallada antes de permitir que el proceso continúe.

Desde el Gobierno sostienen que la incorporación de capital privado permitiría mejorar la eficiencia operativa, ampliar inversiones y reducir la dependencia de recursos estatales. La privatización de AySA forma parte de un esquema más amplio de venta o concesión de empresas públicas impulsado desde la aprobación de la Ley Bases.

La decisión judicial no implica una cancelación definitiva del proceso, pero sí representa un freno significativo para una de las iniciativas más sensibles del programa económico oficial.

Mientras el Ejecutivo analiza los pasos a seguir, el debate vuelve a poner sobre la mesa una discusión histórica en Argentina: cuál debe ser el rol del Estado en la prestación de servicios esenciales y cómo garantizar simultáneamente eficiencia, inversión y acceso universal a recursos fundamentales como el agua.