El proyecto permitirá ampliar la capacidad de evacuación de agua de la presa y reforzar la protección de las poblaciones del Alto Valle ante crecidas extraordinarias del río Neuquén. La obra contempla un canal de 1.620 metros y una capacidad de conducción de hasta 4.000 metros cúbicos por segundo.

Después de casi dos décadas de demoras, una obra hidráulica pendiente en el complejo Cerros Colorados volvió a ocupar un lugar central en la agenda de infraestructura de Neuquén. El gobernador Rolando Figueroa firmó con el ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo, un convenio de colaboración para avanzar con la construcción del canal aliviador de la presa Portezuelo Grande, una intervención destinada a mejorar la seguridad del sistema frente a posibles crecidas extraordinarias del río Neuquén.

El acuerdo busca encaminar una obligación que el Estado nacional mantiene pendiente desde 2009, cuando la Corte Suprema de Justicia dejó firme una sentencia que ordenaba ejecutar las obras necesarias para ampliar la capacidad de evacuación de la presa. La falta de avances durante 17 años convirtió el proyecto en una deuda de infraestructura que atraviesa distintas administraciones y que ahora comienza a transitar una nueva etapa institucional.

La importancia de la intervención excede el funcionamiento de una central hidroeléctrica. Una crecida de grandes dimensiones puede comprometer a las poblaciones ubicadas aguas abajo, entre ellas Añelo y distintas localidades del Alto Valle, además de poner en riesgo rutas, instalaciones productivas y estructuras energéticas vinculadas con Planicie Banderita, El Chañar y el desarrollo de Vaca Muerta.

El proyecto contempla la construcción de un canal de aproximadamente 1.620 metros sobre la margen derecha de Portezuelo Grande. La nueva infraestructura tendrá capacidad para conducir hasta 4.000 metros cúbicos de agua por segundo y funcionará como una tercera vía de evacuación, que se sumará a las alternativas existentes para responder ante situaciones hidrológicas extremas.

Los estudios técnicos identificaron que la principal limitación del complejo Cerros Colorados frente a grandes crecidas no se encuentra en la capacidad de almacenamiento de sus embalses, sino en las posibilidades de liberar grandes volúmenes de agua. Por eso, la incorporación de un nuevo canal apunta a reducir la presión sobre la presa y evitar que el nivel del embalse alcance condiciones que puedan comprometer su seguridad.

El funcionamiento de esta tercera vía estará asociado a un sistema de terraplén fusible. Se trata de una estructura diseñada para habilitar el paso del agua cuando se alcancen determinados niveles de crecida, permitiendo derivar los caudales hacia el embalse Los Barreales. Su activación estará vinculada a situaciones excepcionales, por lo que no se plantea como una descarga permanente, sino como una alternativa de seguridad ante escenarios de riesgo.

El diseño fue elaborado por la Fundación de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de La Plata, por encargo del Consejo Federal de Inversiones. El trabajo técnico permitió definir las características de una intervención que busca fortalecer el comportamiento hidráulico de todo el sistema y reducir la exposición de las poblaciones y actividades económicas de la región.

El convenio también distribuye responsabilidades entre Nación y Provincia. El Estado nacional tendrá a su cargo la elaboración del proyecto ejecutivo, los procedimientos de contratación, la inspección y la supervisión de los trabajos, a través de la Secretaría de Obras Públicas. La Secretaría de Energía deberá gestionar los mecanismos de financiamiento, que se instrumentarán mediante los contratos de concesión de los complejos hidroeléctricos del Comahue y los instrumentos financieros correspondientes.

Neuquén, por su parte, deberá tramitar el Estudio de Impacto Ambiental y Social, gestionar los permisos relacionados con el uso del agua y del cauce, garantizar la disponibilidad de los terrenos y obtener las autorizaciones necesarias para ejecutar la obra. También tendrá que coordinar las cuestiones vinculadas con el territorio y las condiciones ambientales de la intervención.

La firma del acuerdo representa un paso administrativo y político importante, aunque todavía deberá traducirse en el desarrollo del proyecto ejecutivo, los procedimientos de contratación y la ejecución material de los trabajos. La diferencia entre formalizar un compromiso y completar una infraestructura será, en adelante, el verdadero indicador del avance.

En una región donde el agua sostiene actividades productivas, abastece a las poblaciones y forma parte de la matriz energética, la seguridad de las presas constituye una cuestión estratégica. Portezuelo Grande concentra una responsabilidad que no se limita a la generación hidroeléctrica: también interviene en la regulación de una cuenca de la que dependen comunidades enteras.

La obra pendiente durante 17 años vuelve así a la agenda con una dimensión que combina seguridad pública, planificación territorial y desarrollo económico. El desafío será convertir el convenio entre Neuquén y Nación en una intervención concreta, con controles ambientales, financiamiento definido y plazos verificables. Porque frente a las grandes crecidas, la prevención no puede depender de acuerdos que queden solamente en el papel.