Por mayoría, el máximo tribunal penal aceptó el recurso presentado por los damnificados y habilitó la revisión de su exclusión como querellantes. La decisión no revierte los sobreseimientos, pero podría permitir que los afectados recuperen la capacidad de aportar pruebas, impulsar medidas y apelar las resoluciones judiciales.
La causa $LIBRA volvió a moverse en los tribunales y sumó una resolución que representa un revés judicial para el presidente Javier Milei. La Cámara Federal de Casación Penal aceptó el recurso de queja presentado por los damnificados que habían sido apartados del expediente y abrió el camino para que se revise su reincorporación como querellantes.
La decisión fue adoptada por la Sala II con los votos de los jueces Alejandro Slokar y Ángela Ledesma, mientras que Guillermo Yacobucci se pronunció en disidencia. El fallo no implica todavía que los afectados recuperen formalmente su lugar en la causa ni que queden anulados los sobreseimientos dictados en primera instancia. Sin embargo, habilita una instancia decisiva para discutir quiénes pueden participar de la investigación y reclamar que continúe.
La importancia del paso judicial está en las facultades que podrían recuperar los damnificados si vuelven a ser reconocidos como querellantes. Esa condición les permitiría impulsar medidas de prueba, aportar elementos a la investigación y recurrir las decisiones que consideren perjudiciales para sus intereses. En un expediente que había quedado prácticamente sin acusadores particulares, su reincorporación podría modificar el escenario procesal.
Los afectados habían sido apartados en julio por el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi, quien consideró que no estaba acreditada la existencia de una estafa y que, por lo tanto, no correspondía reconocerlos como víctimas dentro del proceso. La decisión fue luego confirmada por la Cámara Federal porteña, que rechazó los planteos de los damnificados y les negó la posibilidad de llevar directamente esa discusión ante Casación.
Ante ese escenario, los representantes de los afectados presentaron una queja ante el máximo tribunal penal. Allí sostuvieron que la exclusión les impedía acceder a la Justicia y participar de una investigación vinculada con la promoción pública de un activo digital por parte del Presidente, que estuvo acompañada por un fuerte movimiento de operaciones y terminó con un desplome abrupto de su cotización.
La resolución de Casación permite ahora que esa discusión avance. Slokar consideró que los argumentos presentados podían encuadrarse dentro de los motivos previstos por el Código Procesal Penal para habilitar la intervención del tribunal. Ledesma acompañó esa postura al entender que se había planteado una cuestión federal suficiente. Yacobucci, en cambio, consideró que el recurso debía ser declarado inadmisible.
El próximo paso será escuchar a las partes y analizar si corresponde devolverles a los damnificados su condición de querellantes. No se trata de una resolución automática ni de una reapertura inmediata de la investigación, pero sí de una instancia que puede alterar el curso de un expediente cuyo cierre había sido celebrado por el Gobierno.
La decisión también coincide con otro movimiento relevante dentro de la causa. La Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), encabezada por el fiscal Sergio Rodríguez, solicitó que se dejen sin efecto los sobreseimientos de todos los imputados al considerar que la investigación fue prematura y que todavía quedan medidas de prueba por realizar.
El organismo anticorrupción intervino luego de un planteo impulsado por las organizaciones CIPCE e INECIP. En su presentación del 29 de octubre, sostuvo que el expediente no había agotado las líneas de investigación necesarias y pidió que se retomara la acción penal. También dejó planteada una apelación subsidiaria para el caso de que el juzgado rechazara su solicitud.
Ese planteo pone en cuestión uno de los argumentos centrales que habían sostenido el cierre de la causa: que no existían elementos suficientes para continuar con la investigación. Para la PIA, en cambio, todavía hay aspectos que deben profundizarse antes de dar por concluido el expediente.
La causa había quedado en una situación favorable para los imputados después de que el juez Martínez de Giorgi dictara los sobreseimientos a pedido del fiscal Eduardo Taiano. Entre las personas alcanzadas por esa resolución se encuentran Javier Milei, su hermana Karina y otros involucrados en el episodio. Sin querellantes habilitados para recurrirla, el margen para cuestionar judicialmente ese cierre se había reducido considerablemente.
Ahora, la intervención de Casación y el planteo de la fiscalía anticorrupción abren dos caminos institucionales que podrían confluir en una revisión de lo resuelto. Si los damnificados recuperan su lugar en el expediente, estarán en condiciones de apelar los sobreseimientos y reclamar nuevas medidas. La PIA, por su parte, ya pidió que se reconsidere el cierre desde el ámbito de la acusación pública.
El caso $LIBRA sigue así lejos de tener una conclusión definitiva. La resolución de Casación no establece responsabilidades penales ni determina que haya existido un delito, pero vuelve a colocar en el centro una cuestión fundamental: la posibilidad de que quienes se consideran perjudicados puedan ser escuchados y participar de un proceso judicial.
En una investigación que involucra al Presidente y que desde el comienzo estuvo atravesada por fuertes controversias políticas e institucionales, el acceso de las presuntas víctimas a la Justicia adquiere una relevancia que excede la disputa procesal. La próxima decisión de los tribunales determinará si el expediente recupera voces que habían quedado afuera y si existen condiciones para revisar un cierre que, hasta ahora, parecía haber dejado el caso sin margen de avance.
