El Tribunal de Justicia de Neuquén dictará sentencia para ocho implicados en una estafa millonaria que involucra la malversación de fondos de planes sociales, mientras confirma el sobreseimiento de otros seis que actuarán como testigo

En un giro judicial que busca poner fin a uno de los casos más notorios de corrupción en la administración de planes sociales, el Tribunal de Justicia de Neuquén está a punto de emitir las primeras condenas para ocho personas implicadas en una compleja red de estafas que ascendió a más de 935 millones de pesos. Este caso, que sacudió los cimientos del Ministerio de Desarrollo Social y Trabajo de la provincia, revela cómo un grupo de exfuncionarios y empleados del gobierno manipuló fondos destinados a la lucha contra el desempleo entre septiembre de 2020 y julio de 2022.

Los acusados, que ocuparon diversos niveles en una estructura organizativa piramidal, fueron hallados responsables de operar una asociación ilícita que desvió fondos a través de la emisión y cobro fraudulento de cheques y tarjetas de débito. Los principales implicados, identificados como líderes del grupo, incluyen a Ricardo Soiza, exdirector general de Gestión de Planes Sociales; Néstor Pablo Sanz, director de Fiscalización; y Marcos Ariel Osuna, responsable de Gestión de Programas del mismo ministerio.

Según fuentes judiciales, los niveles inferiores de la estructura incluyeron a reclutadores de beneficiarios, cobradores y otros beneficiarios indirectos, todos los cuales recibieron órdenes de los cabecillas de la operación. A los acusados se les imputa el delito de asociación ilícita en concurso real con fraude a la administración pública y defraudación especial por uso indebido de tarjeta de crédito, sumando un total de 9.303 actos delictivos.

En un intento por agilizar el proceso judicial y centrarse en los principales responsables, la fiscalía ha negociado acuerdos de condena con algunos de los implicados, quienes aceptaron penas de tres años de prisión condicional y la realización de trabajos comunitarios. Entre tanto, otros seis implicados fueron sobreseídos tras colaborar con la investigación, proporcionando información clave que permitió desentrañar la red de estafas.

La resolución final sobre estas condenas y el posible cambio de la medida cautelar para Ricardo Soiza, quien actualmente se encuentra en prisión preventiva, se espera para este miércoles en una audiencia pública. El caso ha generado una profunda preocupación en la provincia de Neuquén, poniendo en tela de juicio la gestión y control de los fondos destinados a programas sociales esenciales para la población vulnerable.