El gobierno nacional extendería las concesiones de las hidroeléctricas por un año, mientras Neuquén exige participación en las decisiones. La incertidumbre afecta tanto a empresas como a trabajadores.

El futuro de las represas hidroeléctricas del Comahue se encuentra en un punto crítico con la inminente expiración de concesiones clave. El 11 de agosto vencen los contratos de Alicurá (AES), Cerros Colorados (Aconcagua Energía) y El Chocón (Enel), mientras que Piedra del Águila (Central Puerto) caducará el 29 de diciembre. Ante esta situación, el gobierno de Javier Milei contempla extender las concesiones por un año, postergando el plan de transferir las operaciones a Enarsa y, posteriormente, privatizarlas.

Esta prórroga se plantea como una medida para evitar conflictos con las empresas actuales, que desconocen el futuro de sus operaciones y exigen una decisión definitiva. La incertidumbre genera preocupación no solo en las compañías, sino también en la provincia de Neuquén, que solicita un mayor protagonismo en la gestión de las represas y alerta sobre los riesgos para el empleo y los seguros vinculados a las concesionarias.

Mientras tanto, la Comisión de Hidrocarburos de la Legislatura de Neuquén ha avanzado con un dictamen para que el Congreso de la Nación trate proyectos de ley que permitan el traspaso de la administración de las represas a la provincia. La iniciativa busca que Neuquén, junto con Río Negro, participe en la toma de decisiones y reciba beneficios de una tarifa eléctrica diferencial, argumentando la propiedad provincial de los recursos hídricos utilizados en la generación de energía.

En este escenario de alta tensión, las decisiones que se tomen en las próximas semanas serán cruciales para definir el control y el desarrollo futuro de estas importantes infraestructuras energéticas.