Los jueces y empleados administrativos de un tribunal de apelaciones en el estado occidental de Colima, México, se han visto obligados a comenzar a trabajar desde sus casas esta semana para protegerse de la violencia generada por la delincuencia. Estas medidas se han tomado después de recibir amenazas y ser víctimas de acciones violentas.
El «home office» ha sido implementado oficialmente debido a la creciente ola de violencia en la ciudad y en áreas cercanas a las instalaciones del tribunal. Las autoridades judiciales han instruido a los jueces y trabajadores a mantenerse localizables a través de correo electrónico, teléfono y redes sociales, según informes de medios locales y la agencia de noticias ANSA.
Estas medidas se tomaron tras el asesinato de dos personas que asistían a una audiencia en las afueras del Centro de Justicia Penal Federal, sede del tribunal, el pasado domingo. Además, se reportó un tiroteo contra la patrulla que custodiaba la casa del juez Uriel Villegas, quien fue asesinado en junio de 2020 y estaba a cargo de varios casos relacionados con el crimen organizado.
En otro incidente, ocurrido anteanoche en el estado occidental de Jalisco, un ataque con explosivos contra un vehículo en el que se trasladaban funcionarios de seguridad dejó al menos seis personas muertas, incluyendo tres policías, y otras 12 heridas. El gobernador Enrique Alfaro calificó este ataque como un hecho sin precedentes y un desafío al Estado mexicano en su conjunto. Aunque aún no se ha atribuido la autoría del atentado a ninguna organización criminal en particular, el estado es conocido por ser la base de operaciones del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), una de las organizaciones de narcotráfico más poderosas de México.
Estos incidentes reflejan la grave situación de violencia ligada al narcotráfico que vive México desde hace años. Desde el inicio de la ofensiva militar contra el crimen organizado en 2006, el país ha sufrido alrededor de 350,000 asesinatos y decenas de miles de desapariciones. Es crucial tomar medidas efectivas para garantizar la seguridad de los jueces y los ciudadanos en general, así como para combatir la impunidad y la influencia de los grupos delictivos en el país.
