Un informe registró 151 muertes de personas en situación de calle y 619 hechos de violencia entre agosto de 2025 y agosto de 2026. Más de la mitad de los episodios correspondió a violencia institucional, en un escenario donde la exclusión social deja de ser una estadística y se convierte en una experiencia cotidiana de abandono, hostigamiento y desprotección.

Hay números que describen una realidad. Y hay números que obligan a preguntarse cómo llegamos hasta ahí.

Entre agosto de 2025 y agosto de 2026, al menos 151 personas en situación de calle murieron en Argentina. En el mismo período fueron registrados 619 hechos de violencia contra personas que viven en esas condiciones, según el quinto informe del Registro Unificado de Violencia (RUV).

Son casi 13 muertes por mes.

Y un episodio de violencia registrado cada 14 horas.

Detrás de cada cifra hay una historia que no aparece completa en una planilla: una persona que perdió su vivienda, alguien que quedó afuera del mercado laboral, una familia que se desarmó, una persona mayor que ya no pudo sostener el costo de vivir bajo techo. La situación de calle rara vez comienza en una vereda. Suele ser el último eslabón de una cadena de problemas que se fueron acumulando hasta dejar a alguien sin red.

El informe relevó 619 episodios en todo el país y los dividió en tres categorías: violencia institucional, estructural y social. La primera concentró 356 casos, equivalentes al 57,5% del total.

La definición utilizada por el RUV es amplia pero concreta: incluye hostigamiento, maltrato, robos, desplazamientos forzados del espacio público y otras formas de violencia ejercidas por fuerzas de seguridad o funcionarios públicos, además de situaciones producidas durante detenciones.

El dato resulta particularmente grave porque modifica la imagen habitual de quién ejerce la violencia.

No se trata solamente de conflictos entre particulares.

Más de la mitad de los episodios registrados tuvo como protagonistas a instituciones estatales o agentes vinculados con ellas.

La segunda categoría fue la violencia estructural, con 148 casos, el 23,8% del total. Allí se incluyen lesiones graves, con o sin fallecimiento, vinculadas con las condiciones materiales de vivir a la intemperie y en situación de itinerancia.

La tercera fue la violencia social, con 115 episodios, equivalentes al 18,6%. Son ataques producidos en el espacio público, tanto entre personas en situación de calle como por parte de otros ciudadanos, en un contexto atravesado por la estigmatización y el rechazo.

Las tres categorías pueden parecer distintas.

En la vida real, muchas veces se superponen.

Una persona expulsada de un lugar público puede terminar durmiendo en otro sitio todavía más precario. Alguien que no tiene acceso a una vivienda queda más expuesto a enfermedades, accidentes, robos y agresiones. Y quien además es tratado como un problema de seguridad antes que como una persona con derechos puede quedar atrapado en un círculo donde cada salida parece conducir nuevamente a la calle.

El territorio también importa.

La Ciudad de Buenos Aires concentró 349 de los 619 casos registrados, el 56% del total nacional. Le siguieron la provincia de Buenos Aires, con 59; Salta, con 35; y Santa Fe, con 30.

Cuando los datos se relacionan con la población de cada jurisdicción, CABA también aparece en primer lugar, con 11,66 casos cada 100.000 habitantes. Neuquén registró 2,48, mientras Mendoza alcanzó 2,53 y Tierra del Fuego 2,10.

La concentración en las grandes ciudades no resulta sorprendente. Allí se cruzan mayores niveles de población, desigualdad, circulación y presencia de personas que llegan buscando trabajo o asistencia. Pero también existe una dimensión territorial menos visible: la falta de vivienda y de redes de cuidado no desaparece cuando termina el mapa de las grandes capitales.

El informe advierte además sobre un cambio en las respuestas gubernamentales. Según sus conclusiones, aumentaron las políticas orientadas a la expulsión de personas en situación de calle del espacio público, asociadas con prácticas punitivas, desplazamientos, detenciones ilegales, hostigamiento y falta de asistencia.

Ahí aparece una discusión que excede la seguridad.

¿Qué hace una ciudad cuando alguien duerme en una plaza?

Puede intentar que esa persona desaparezca de la plaza.

O puede preguntarse por qué terminó durmiendo allí.

La primera opción puede ser más rápida y también más visible. La segunda es mucho más difícil porque obliga a intervenir sobre la vivienda, el empleo, la salud, las adicciones, los vínculos familiares, la salud mental y las redes de asistencia.

No hay una solución sencilla.

Pero hay una diferencia fundamental entre administrar la pobreza para que no se vea y enfrentar las causas que la producen.

Los 151 fallecimientos registrados durante el período vuelven esa diferencia todavía más urgente. El informe no presenta simplemente una fotografía de personas viviendo en condiciones extremas: muestra las consecuencias que puede tener la ausencia de protección cuando una persona queda completamente expuesta.

También hay que leer los datos con cautela. El RUV aclara que no puede establecerse una comparación directa con el informe anterior, que había registrado 345 episodios, porque cada año se incorporan nuevas fuentes de información provenientes de medios, organizaciones y organismos públicos.

Eso no reduce la gravedad del relevamiento.

Al contrario: muestra también cuánto depende el conocimiento sobre la situación de calle de que alguien registre lo que ocurre.

Porque una parte del problema es justamente esa invisibilidad.

Las personas que viven en la calle suelen aparecer en la conversación pública cuando una esquina se convierte en noticia, cuando existe un conflicto o cuando una política anuncia un operativo. El resto del tiempo quedan fuera del centro de la escena, como si fueran parte del paisaje urbano.

Pero nadie nace siendo una estadística.

Y nadie debería convertirse en una.

El RUV habla de una “normalización” de las violencias, de un paisaje de crueldad que puede terminar desensibilizando a la sociedad.

Quizás esa sea la advertencia más importante del informe.

Cuando una persona duerme en la calle durante meses, cuando una agresión se convierte en una escena habitual o cuando la expulsión reemplaza a la asistencia, existe el riesgo de que la emergencia deje de parecernos extraordinaria.

Y una sociedad que se acostumbra a ver personas viviendo y muriendo en la calle empieza a aceptar como normal algo que nunca debería serlo.

La discusión, entonces, no debería ser solamente cómo despejar las calles.

Debería ser cómo conseguir que haya menos personas obligadas a vivir en ellas.

Porque una política pública puede mover a una persona de una vereda a otra.

Pero resolver el problema significa conseguir que esa persona tenga un lugar donde vivir, una red que la sostenga y un Estado que la trate primero como persona y después como cualquier otra cosa.