La Cámara Federal porteña ratificó la orden de distribuir alimentos almacenados para comedores populares y exigió evaluar sanciones para la funcionaria Leila Gianni y el dirigente social Juan Grabois por su comportamiento en una reciente audiencia.
La Cámara Federal porteña ha confirmado la medida cautelar del juez Sebastián Casanello que instruye al Ministerio de Capital Humano a elaborar un plan inmediato de distribución de alimentos destinados a comedores populares y merenderos. La orden judicial, que busca atender la urgencia alimentaria en el país, había sido emitida tras una denuncia presentada por el dirigente social Juan Grabois.
El tribunal, compuesto por los jueces Martín Irurzun, Eduardo Farah y Roberto Boico, avaló la decisión de Casanello, destacando que el Ministerio de Capital Humano debe considerar la naturaleza, cantidad y fecha de vencimiento de los alimentos para su distribución inmediata. Esta confirmación se da en medio de tensiones y enfrentamientos verbales entre la subsecretaria Legal de Capital Humano, Leila Gianni, y Grabois, quienes ahora podrían enfrentar sanciones disciplinarias.
El conflicto surgió a raíz de la acumulación de más de 5 millones de kilos de alimentos en depósitos estatales de Villa Martelli y Tucumán, revelada por el medio El Destape. Estos alimentos, que incluyen yerba mate, leche en polvo, aceite y productos secos, estaban en riesgo de desperdiciarse, lo que llevó a Grabois a denunciar el caso. El gobierno había argumentado que los comedores populares eran «truchos» o no contaban con la cantidad de beneficiarios declarada.
La demora en la distribución de estos alimentos generó preocupación en diversos sectores, incluidos movimientos sociales y la Iglesia, que exigieron una acción inmediata. Monseñor Oscar Ojea, presidente del Episcopado Argentino, llamó a la reflexión y urgió al gobierno a entregar los alimentos en tiempos de emergencia alimentaria.
En respuesta a la orden judicial, el Ministerio de Capital Humano, con el apoyo del Ejército, inició el operativo de distribución en Villa Martelli y Tafí Viejo, con un plazo máximo de quince días para completar la entrega.
La Cámara Federal no solo ratificó la necesidad de distribuir los alimentos, sino que también ordenó al Colegio Público de Abogados y al Ministerio de Capital Humano evaluar las conductas de Gianni y Grabois durante la audiencia. La resolución podría llevar a sanciones que van desde apercibimientos hasta suspensiones o cesantías, dependiendo del avance del proceso administrativo.
En medio de estas tensiones, Grabois celebró la decisión en sus redes sociales, mientras que Gianni criticó la intervención judicial en las políticas públicas del gobierno. El desenlace de este conflicto subraya las contradicciones y desafíos en la gestión de políticas sociales en Argentina.
