El Gobierno busca utilizar fondos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la Anses para ampliar el financiamiento hipotecario, pero las entidades financieras advierten que la propuesta no resuelve uno de los principales problemas del sistema: el descalce entre los plazos de los depósitos y los créditos. La iniciativa vuelve a poner en discusión hasta dónde puede intervenir el Estado para reconstruir un mercado hipotecario que sigue siendo muy pequeño.

Conseguir una vivienda propia se convirtió hace años en una de las grandes dificultades económicas de los argentinos. Los precios de los inmuebles, los ingresos que perdieron capacidad de compra y la escasez de créditos de largo plazo construyeron una combinación que dejó a millones de familias lejos de una posibilidad que durante décadas fue una parte central del proyecto de vida de la clase media.

Ahora el Gobierno de Javier Milei intenta reactivar ese mercado recurriendo a una herramienta que, en principio, puede parecer contradictoria con su discurso de reducción de la intervención estatal: utilizar recursos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la Anses para facilitar el financiamiento hipotecario.

La propuesta impulsada por el ministro de Economía, Luis Caputo, busca que esos fondos funcionen como una fuente de financiamiento de mayor plazo para las entidades bancarias. La idea es que los bancos puedan contar con recursos que les permitan ampliar la oferta de créditos para vivienda.

El problema aparece cuando se mira cómo funciona realmente un banco.

Los depósitos de los ahorristas suelen tener plazos relativamente cortos. Una hipoteca, en cambio, puede extenderse durante décadas. Prestar dinero a veinte o treinta años utilizando fondos que pueden ser retirados mucho antes genera un problema de liquidez que no desaparece simplemente porque exista una nueva fuente de financiamiento.

Y ahí aparecen las dudas de las entidades.

Según la información publicada por La Política Online, en los bancos consideran que el fondeo ofrecido por el Gobierno no resuelve completamente ese descalce de plazos y podría incluso trasladar riesgos adicionales al sistema financiero.

La discusión es importante porque el crédito hipotecario necesita algo más que dinero disponible.

Necesita previsibilidad.

Un banco que presta a veinte o treinta años tiene que estimar cómo evolucionarán sus costos de financiamiento, la inflación, las tasas de interés y la capacidad de pago de quienes reciben los créditos. En una economía donde esas variables pueden cambiar bruscamente, ofrecer préstamos tan largos implica asumir riesgos que las entidades no necesariamente están dispuestas a cargar.

El Gobierno busca, precisamente, reducir parte de esas dificultades.

El FGS, administrado por la Anses, posee activos que pueden ser utilizados para realizar inversiones de largo plazo. La apuesta oficial consiste en canalizar una porción de esos recursos hacia instrumentos que ayuden a desarrollar el mercado hipotecario.

Pero aparece una pregunta inevitable: ¿qué riesgo está dispuesto a asumir el Estado para que los bancos presten?

Porque si el sector público aporta el financiamiento, absorbe parte del riesgo o establece mecanismos de garantía, el crédito puede expandirse. Pero también aumenta la responsabilidad sobre recursos que pertenecen al sistema previsional.

El FGS no es una caja cualquiera.

Su función está vinculada con la sustentabilidad del sistema de seguridad social y sus activos forman parte del patrimonio destinado a respaldar las obligaciones previsionales. Por eso, cualquier estrategia que utilice esos recursos necesita ser evaluada no solamente por la cantidad de hipotecas que puede generar, sino también por el riesgo que asume el fondo.

La discusión tampoco debería reducirse a una pelea ideológica entre Estado y mercado.

Argentina necesita crédito hipotecario.

Eso parece difícil de discutir.

El punto es cómo conseguirlo sin construir un mecanismo que termine trasladando pérdidas al conjunto de la sociedad si el esquema fracasa.

Durante años, el país tuvo dificultades para desarrollar un mercado de hipotecas profundo. La inflación destruyó buena parte de los mecanismos tradicionales de financiamiento de largo plazo y convirtió cualquier préstamo a tasa fija en una apuesta demasiado costosa para los bancos.

La aparición de los créditos ajustados por inflación modificó parcialmente ese escenario, pero también generó nuevos riesgos para los hogares cuando los ingresos no evolucionan al mismo ritmo que las cuotas.

Por eso, reconstruir el crédito hipotecario requiere una combinación mucho más compleja que simplemente conseguir fondos.

Hace falta estabilidad macroeconómica.

Hace falta un sistema financiero capaz de prestar a largo plazo.

Hace falta que los salarios tengan cierta previsibilidad.

Y hace falta que las familias puedan asumir una deuda durante muchos años sin quedar expuestas a cambios económicos que vuelvan imposible pagarla.

En ese sentido, las dudas de los bancos funcionan como una advertencia para el Gobierno: el problema no necesariamente es la falta de recursos, sino la estructura sobre la que se pretende construir el mercado.

Si el dinero del FGS permite generar préstamos, pero las entidades siguen sin tener incentivos para prestar a largo plazo, el programa puede quedarse a mitad de camino.

Y si para que funcione el Estado debe asumir cada vez más riesgos, la pregunta será quién termina pagando el costo cuando algo salga mal.

La contradicción resulta interesante.

Un Gobierno que llegó al poder reivindicando el protagonismo del mercado ahora necesita utilizar herramientas públicas para intentar reconstruir un mercado que, por sí solo, todavía no consigue despegar.

Eso no significa necesariamente que la política sea equivocada.

Significa que la economía real suele ser bastante menos sencilla que los discursos políticos.

El mercado hipotecario necesita instituciones, ahorro de largo plazo y estabilidad. Y cuando esas condiciones no existen, el Estado puede intentar crearlas o facilitar su aparición.

La discusión relevante, entonces, no es si debe intervenir o no.

Es cómo intervenir sin convertir los recursos previsionales en el seguro de una política que todavía genera dudas entre quienes deberán implementarla.

Porque detrás de cada crédito hipotecario hay una familia que busca algo mucho más concreto que una estadística financiera: dejar de alquilar y empezar a construir un lugar propio.

Y para que eso vuelva a ser posible en Argentina, no alcanza con conseguir dinero.

También hay que conseguir confianza.