El exasesor de campaña de Javier Milei fue intimado junto con una de sus empresas a pagar una deuda con el Banco Galicia que ya supera los $138 millones. El juez Pablo Frick también ordenó la inhibición de sus bienes mientras avanza el juicio ejecutivo.

La historia de Fernando Cerimedo suma ahora un capítulo financiero y judicial. El Juzgado Comercial N.º 14, Secretaría N.º 27, le ordenó al exasesor de campaña de Javier Milei y a la firma Numen Publicidad y Sondeos SRL responder por una deuda que el Banco Galicia reclama y que, según la liquidación presentada en el expediente, alcanzó los $138.977.808,22.

La causa comenzó este año a partir de un pagaré firmado por la empresa y avalado por Cerimedo. El documento había sido emitido el 10 de febrero de 2025 por $70 millones y presentado al cobro el 10 de marzo de ese mismo año. Como el pago no se concretó, comenzaron a acumularse intereses y penalidades establecidos en el contrato.

Para abril de este año, la suma reclamada ya incluía el capital, intereses compensatorios, intereses punitorios y las costas del proceso. La cifra final presentada por la entidad bancaria llegó así a casi duplicar el monto original del pagaré.

El juez Pablo D. Frick dispuso entonces librar una intimación para exigir el pago de los $70 millones correspondientes al capital y otros $70 millones calculados provisoriamente para cubrir intereses y gastos del proceso. Esto no significa que la Justicia haya establecido de manera definitiva que la deuda final sea exactamente de $140 millones: se trata de una instancia propia de un juicio ejecutivo, iniciado a partir de una obligación documentada.

La medida más relevante, sin embargo, no está solamente en la intimación.

El magistrado también ordenó la inhibición de bienes solicitada por el Banco Galicia. La entidad argumentó que no tenía conocimiento de activos suficientes de los demandados que permitieran garantizar el eventual cobro de la deuda. Además, la Justicia pidió informes al Registro Único Laboral y a la Administración Nacional de la Seguridad Social para determinar si existen datos laborales vinculados con Cerimedo.

Una inhibición de bienes es una medida cautelar: limita la posibilidad de disponer de determinados bienes mientras avanza el proceso y busca evitar que el eventual cobro quede sin respaldo.

No es una condena penal.

Tampoco implica, por sí misma, una sentencia definitiva sobre toda la discusión económica entre las partes.

El expediente todavía está en etapa de ejecución. Cerimedo y la empresa deberán presentarse, constituir domicilio y podrán plantear las excepciones que contempla la legislación procesal dentro del plazo que establezca el tribunal.

Pero el episodio adquiere una dimensión política inevitable por la trayectoria reciente de Cerimedo.

Durante la campaña presidencial de 2023 fue presentado como una de las personas vinculadas a la estrategia digital que acompañó el ascenso de Milei. Con el paso del tiempo, su nombre quedó asociado a distintas controversias políticas y judiciales, tanto en Argentina como en otros países de la región.

El propio Gobierno buscó posteriormente tomar distancia de él.

La situación vuelve a poner sobre la mesa una característica de la política contemporánea: quienes construyen poder en las redes pueden alcanzar una enorme visibilidad en poco tiempo y, del mismo modo, quedar expuestos cuando aparecen conflictos que exceden la discusión electoral.

En este caso, el problema tiene una naturaleza mucho más concreta.

Hay un pagaré.

Hay una deuda reclamada por un banco.

Hay una empresa involucrada.

Y hay una decisión judicial que busca garantizar que, si corresponde pagar, existan bienes sobre los cuales ejecutar ese cobro.

El contraste también resulta llamativo. La política suele moverse entre grandes discursos sobre libertad económica, emprendimiento y crecimiento. Pero detrás de esas palabras existe una dimensión mucho más prosaica: los contratos se cumplen, los créditos se pagan y las obligaciones tienen consecuencias cuando eso no ocurre.

El expediente contra Cerimedo todavía deberá atravesar distintas etapas antes de llegar a una resolución definitiva sobre el monto exigible. Pero la decisión judicial ya establece un dato concreto: el reclamo dejó de ser solamente una discusión entre una entidad financiera y una empresa y pasó a tener una respuesta formal de los tribunales.

La inhibición tampoco significa que el Estado haya confiscado bienes ni que Cerimedo haya sido condenado por un delito.

Es una herramienta preventiva dentro de un proceso comercial.

Precisamente por eso, conviene separar la dimensión política de la jurídica. Las controversias que rodean al exasesor de Milei pueden tener una enorme repercusión pública, pero esta causa tiene un objeto específico: determinar el cumplimiento de una obligación económica documentada.

La Justicia deberá ahora definir cómo continúa el proceso y qué monto corresponde finalmente abonar, mientras los demandados tienen derecho a ejercer su defensa.

En una Argentina donde la discusión política suele ocupar todo el espacio, esta vez el protagonista es un expediente comercial.

Un pagaré de $70 millones terminó convertido, por intereses, penalidades y costas, en un reclamo cercano a los $139 millones.

Cerimedo deberá ahora responder ante la Justicia por una deuda que se multiplicó con el paso del tiempo. El expediente recién comienza su recorrido, pero la primera señal ya está dada: en los tribunales, las cuentas pendientes también terminan encontrando su propia forma de hacer ruido.