La jefa del bloque de La Libertad Avanza en el Senado busca acelerar las negociaciones para eliminar las primarias antes de que termine 2026. Mientras Diego Santilli intenta reunir apoyos entre los gobernadores, Bullrich advierte que los votos todavía no están asegurados y vuelve a mostrar diferencias dentro del oficialismo.

Patricia Bullrich fijó una fecha límite para una de las reformas políticas que impulsa el gobierno de Javier Milei: el 31 de diciembre. La jefa del bloque libertario en el Senado considera que el Congreso debe resolver antes de fin de año si elimina las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), en medio de negociaciones que todavía no consiguieron despejar las dudas sobre los votos necesarios.

La definición expone una dificultad para la Casa Rosada. Aunque el oficialismo sostiene que trabaja para conseguir los respaldos parlamentarios, las conversaciones con los gobernadores siguen abiertas y las posiciones de los bloques aliados no están completamente definidas. Bullrich, que mantiene contacto cotidiano con los senadores, evitó dar por cerrado un acuerdo que el Gobierno todavía necesita construir.

“El esfuerzo tiene que ser lo antes posible y como máximo hasta el 31 de diciembre”, afirmó la legisladora en una entrevista con Infobae. Su argumento es que las reglas electorales no deberían modificarse durante un año en el que se celebran elecciones, por lo que la discusión debe quedar resuelta antes de que comience 2027.

La senadora también dejó abierta la posibilidad de que el oficialismo termine optando por una suspensión en lugar de una eliminación definitiva. Consultada sobre una alternativa que permita mantener primarias no obligatorias para los espacios que necesiten resolver internas, respondió que podría ser una opción, aunque consideró que el calendario ya deja poco margen para introducir soluciones intermedias.

La negociación está repartida entre distintos actores del Gobierno. Bullrich trabaja sobre los votos en la Cámara alta, mientras que el jefe de Gabinete, Diego Santilli, lleva adelante las conversaciones con los gobernadores. El problema es que los acuerdos políticos todavía no se traducen en garantías suficientes para avanzar con la reforma.

Bullrich marcó diferencias con el optimismo que Santilli transmite sobre las negociaciones. “Él es un optimista consuetudinario”, señaló, al explicar que ella mantiene un contacto directo con los senadores y prefiere evaluar las posibilidades a partir de sus respuestas concretas. También recordó que, después de las reuniones con gobernadores durante el viaje presidencial a París, parecía que el oficialismo estaba cerca de avanzar, pero las definiciones no llegaron como se esperaba.

El diálogo con las provincias resulta decisivo porque varios mandatarios condicionan su respaldo a otras demandas. Entre ellas aparecen discusiones sobre recursos, acuerdos fiscales y el armado electoral en sus distritos. En algunos casos, los gobernadores buscan garantías de que La Libertad Avanza no presentará candidatos propios que compitan contra sus estructuras locales; en otros, los acuerdos están vinculados con reclamos específicos que todavía deben resolverse.

La situación muestra que la reforma electoral no se discute de manera aislada. Forma parte de una negociación más amplia sobre la relación entre la Casa Rosada y las provincias, en la que cada voto parlamentario puede depender de compromisos políticos y económicos. La dificultad para cerrar esos entendimientos deja al descubierto los límites de la mayoría oficialista en el Congreso.

La Unión Cívica Radical también ocupa un lugar relevante en el cálculo legislativo. Sus senadores pueden resultar determinantes para que el proyecto avance, pero las conversaciones todavía no garantizan un respaldo uniforme. Sin una mayoría consolidada, el Gobierno corre el riesgo de que una iniciativa presentada como prioritaria quede trabada en el Senado.

La discusión tiene además consecuencias para la organización de los partidos de cara a 2027. Las PASO funcionan como un mecanismo para que distintas listas compitan dentro de un mismo espacio político y definan una candidatura común. Su eliminación modificaría ese proceso y obligaría a las fuerzas políticas a resolver sus internas mediante otros procedimientos, con posibles efectos sobre las alianzas y la competencia electoral.

Bullrich conoce esa dinámica por experiencia propia. En 2023 ganó la interna de Juntos por el Cambio frente a Horacio Rodríguez Larreta, pero ahora cuestiona el costo que aquella disputa tuvo para la coalición antes de las elecciones generales. Según su evaluación, la competencia dejó al espacio debilitado y facilitó que parte de sus votantes se inclinara por Sergio Massa.

Su postura refleja una contradicción política que atraviesa el debate: las primarias pueden ordenar una competencia interna y ofrecer una instancia de participación ciudadana, pero también pueden profundizar las divisiones dentro de una coalición. La discusión sobre su continuidad requiere, por eso, considerar tanto los costos organizativos como las consecuencias que un cambio en las reglas puede tener para la representación política.

En paralelo, Bullrich volvió a alimentar las especulaciones sobre su propio futuro electoral al afirmar que está “preparada para ser presidente”. La senadora evitó anunciar una candidatura y sostuvo que todavía falta tiempo para definir las fórmulas de 2027. También aclaró que Milei no le ofreció integrar una eventual fórmula presidencial como vicepresidenta.

Las declaraciones suman otro elemento a las tensiones dentro del oficialismo. A medida que se acerca el próximo año electoral, las negociaciones por las candidaturas y las alianzas empiezan a convivir con la agenda legislativa. La reforma de las PASO puede modificar el terreno en el que se definan esas disputas y, por eso, el debate excede una cuestión administrativa.

El Gobierno busca cerrar el año con avances en su programa político, pero la fecha que planteó Bullrich también funciona como una advertencia sobre los tiempos que quedan. Para que la reforma prospere, no alcanza con anunciar que los votos están: será necesario convertir las conversaciones con gobernadores y bloques aliados en compromisos efectivos.

El 31 de diciembre aparece así como un límite político y parlamentario. Antes de esa fecha, el oficialismo deberá resolver si cuenta con los apoyos para eliminar las primarias, si acepta una alternativa intermedia o si la iniciativa queda pendiente. La respuesta definirá no solo una parte del sistema electoral de 2027, sino también la capacidad del Gobierno para construir acuerdos más allá de su núcleo de apoyo.