La administración de Donald Trump anunció nuevas restricciones migratorias contra funcionarios, exfuncionarios y figuras políticas de ambos países, bajo acusaciones de corrupción y vínculos con el narcotráfico. Las medidas forman parte de una estrategia regional que combina sanciones diplomáticas y cooperación con gobiernos aliados.

Estados Unidos volvió a utilizar el acceso a su territorio como instrumento de presión política en América Latina. El jueves 22 de octubre, el Gobierno de Donald Trump anunció nuevas restricciones de visas que afectan a decenas de ciudadanos de Colombia y Bolivia, entre ellos funcionarios, exfuncionarios, legisladores y figuras vinculadas a instituciones estatales.

Washington justificó las medidas como parte de su campaña contra la corrupción y el narcotráfico en el continente. Sin embargo, las decisiones también se inscriben en una estrategia más amplia de la Casa Blanca, que busca reforzar su influencia regional mediante acuerdos de seguridad, sanciones migratorias y coordinación con gobiernos cercanos a sus prioridades.

En Colombia, las restricciones alcanzaron a siete ciudadanos y se extendieron a sus familiares directos. Entre ellos se encuentra Ricardo Roa Barragán, expresidente de la petrolera estatal Ecopetrol y antiguo responsable de la campaña presidencial de Gustavo Petro en 2022.

La lista también incluye al alcalde de Sincelejo, Yahir Acuña; al senador electo Wadith Manzur; a la representante electa Karen Manrique; a los exsenadores Julio Elías Chagüí y Liliana Bitar, y al excongresista y exalcalde de Envigado José Ignacio Mesa Betancur.

Algunos de los afectados enfrentan investigaciones judiciales o administrativas en Colombia. Roa, por ejemplo, fue imputado por presunto tráfico de influencias en una causa vinculada con la compra de un apartamento y posibles relaciones con contratos adjudicados por Ecopetrol. También recibió una imputación por presuntas irregularidades en los gastos declarados durante la campaña presidencial de Petro.

Estas actuaciones deben distinguirse de una condena judicial: las imputaciones y las investigaciones no determinan por sí mismas la culpabilidad de una persona. La decisión estadounidense, por su parte, constituye una medida migratoria y no reemplaza los procedimientos judiciales que correspondan en Colombia.

En Bolivia, el alcance de las restricciones fue todavía mayor. La administración Trump anunció medidas contra 40 ciudadanos, entre ellos integrantes y antiguos miembros del sistema judicial, funcionarios vinculados a investigaciones contra el narcotráfico y otras figuras públicas. El grupo incluye a 15 cargos o excargos y a 25 familiares directos.

Entre los nombres señalados aparecen el exfiscal general Juan Lanchipa, el exministro de Justicia Iván Lima y distintos fiscales, jueces y responsables de seguridad. Las autoridades estadounidenses sostienen que las medidas responden a presuntas actividades de corrupción o vínculos con el tráfico de drogas.

La decisión se suma a las restricciones anunciadas a fines de septiembre, cuando Washington ya había apuntado contra funcionarios de Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú. En aquella ocasión, uno de los principales nombres fue el del entonces fiscal general boliviano Roger Mariaca, a quien Estados Unidos acusó de facilitar actividades del narcotráfico y obstaculizar investigaciones. Mariaca rechazó la medida y sostuvo que representaba una forma de presión política sobre su trabajo.

El trasfondo de estas decisiones es la iniciativa Escudo de las Américas, impulsada por Trump para coordinar acciones regionales contra el crimen organizado, la corrupción y el narcotráfico. La administración estadounidense presenta el programa como una herramienta para proteger las instituciones democráticas y fortalecer la seguridad hemisférica.

El secretario de Estado, Marco Rubio, afirmó que las nuevas restricciones forman parte de una campaña destinada a impedir que personas involucradas en actividades ilícitas socaven a gobiernos elegidos democráticamente. La política contempla la posibilidad de limitar o negar visas cuando Washington considere que existen consecuencias adversas para sus intereses de política exterior.

Pero el uso de estas herramientas también abre interrogantes sobre el alcance de la influencia estadounidense en los asuntos internos de otros países. La revocación de una visa no equivale a una sentencia penal, aunque puede tener consecuencias políticas, diplomáticas y personales importantes, especialmente cuando afecta a figuras con responsabilidades públicas.

La estrategia de Washington se desarrolla, además, en un escenario latinoamericano cambiante. Los gobiernos de la región enfrentan problemas persistentes de corrupción, expansión de redes criminales y debilidad institucional, pero también mantienen diferencias sobre cómo abordar esos desafíos y qué papel debe ocupar Estados Unidos en las decisiones de seguridad.

En este contexto, las sanciones migratorias funcionan como una señal de alineamiento: la Casa Blanca busca mostrar que está dispuesta a actuar contra personas a las que considera vinculadas con redes ilícitas, al mismo tiempo que fortalece la cooperación con los gobiernos que participan de su iniciativa regional.

La eficacia de esa política dependerá, sin embargo, de algo más que las restricciones de entrada a Estados Unidos. Combatir la corrupción y el narcotráfico requiere investigaciones independientes, justicia con garantías, controles institucionales y cooperación internacional sostenida. Sin esos elementos, las sanciones pueden generar impacto político inmediato, pero no necesariamente modificar las estructuras que permiten que las redes criminales se mantengan.

Para Colombia y Bolivia, las medidas representan un nuevo episodio de una relación con Washington en la que seguridad, migración y política exterior aparecen cada vez más entrelazadas. El desafío será enfrentar los delitos que afectan a sus sociedades sin debilitar la autonomía de sus instituciones ni convertir las acusaciones en sustitutos de la prueba judicial.

La disputa contra el crimen organizado sigue siendo una necesidad regional. La cuestión de fondo es cómo llevarla adelante con resultados concretos, transparencia y respeto por el Estado de derecho.