El Ministerio Público Fiscal de Neuquén anticipó que recurrirá la sentencia del noveno juicio por delitos de lesa humanidad cuando se conozcan los fundamentos. El fiscal Miguel Palazzani cuestionó especialmente la declaración de no culpabilidad del gendarme Miguel Cil y adelantó que también revisará las penas consideradas bajas y el tratamiento judicial del caso de Carlos Magariños.

El noveno juicio por los crímenes de la última dictadura militar en Neuquén terminó, pero la discusión judicial está lejos de haber terminado. Apenas conocido el veredicto, la Fiscalía Federal anticipó que recurrirá parte de la sentencia ante la Cámara Federal de Casación Penal una vez que el Tribunal Oral Federal dé a conocer sus fundamentos.

El fiscal Miguel Palazzani fue claro al explicar la decisión. Para la acusación, la participación del gendarme Miguel Cil en los hechos investigados quedó acreditada durante el debate y, por eso, la Fiscalía considera que corresponde cuestionar la resolución que estableció su no culpabilidad.

El tribunal había dictado dos condenas a prisión perpetua para Sergio San Martín y Jorge Di Pasquale por tormentos y privaciones ilegales de la libertad en 15 casos, además de atribuirles responsabilidad por los homicidios vinculados con las desapariciones de Leticia Veraldi y Juan Raúl Pichulmán.

También fueron condenados otros acusados a penas menores: Emilio Sachitella recibió cinco años, mientras que Carlos Carreto y Luis Renes fueron condenados a cuatro años de prisión. El policía neuquino Miguel Ferrari fue absuelto. En el caso de Miguel Cil, fallecido durante el proceso, el tribunal dictó una declaración de no culpabilidad después de considerar que ya se había producido toda la prueba y que la defensa había podido ejercer su derecho.

Ahí aparece uno de los puntos centrales de la futura apelación.

Palazzani sostuvo que la prueba reunida durante los cinco meses del juicio demuestra la participación de Cil y que la resolución debe ser revisada. La Fiscalía esperará los fundamentos escritos para conocer con precisión cómo los jueces llegaron a esa conclusión y, a partir de allí, formulará el recurso.

No será el único aspecto bajo revisión.

El Ministerio Público también adelantó que analizará las penas que considera bajas. Durante los alegatos, la Fiscalía había pedido condenas mucho más severas, incluidas penas perpetuas para integrantes de los grupos de tareas. Para la acusación, los delitos investigados forman parte de los crímenes cometidos desde el aparato estatal durante la última dictadura y, por su gravedad, requieren respuestas proporcionales.

El caso de Carlos Magariños tendrá además un lugar particular en la discusión.

Magariños continúa desaparecido y durante el juicio la Fiscalía había solicitado que el tribunal reconociera judicialmente que fue víctima de un homicidio. El tribunal adelantó que se pronunciará sobre ese planteo cuando publique los fundamentos completos de la sentencia.

Ese punto excede una cuestión estrictamente penal.

En los procesos por delitos de lesa humanidad, la reconstrucción de lo ocurrido tiene también una dimensión vinculada con el derecho a la verdad. Determinar qué sucedió con una persona desaparecida, quiénes participaron y qué responsabilidad tuvo cada integrante del aparato represivo forma parte de una búsqueda que no termina necesariamente con una condena.

Por eso, cada sentencia abre también una nueva etapa de discusión.

La APDH recibió positivamente el fallo en algunos de sus aspectos, particularmente por las condenas a perpetua y por el reconocimiento judicial del plan sistemático de violencia y de los crímenes de lesa humanidad investigados. Su presidenta, Silvia Barco, sostuvo que el proceso constituye otro paso en la construcción de memoria, verdad y justicia.

El tribunal también hizo lugar a un planteo de la Fiscalía relacionado con el daño transgeneracional sufrido por las infancias durante el terrorismo de Estado. La resolución reconoció esa dimensión y dejó en manos de la Fiscalía la tarea de entregar la sentencia y reconocer la condición de víctimas a hijos e hijas de personas desaparecidas que declararon durante el juicio sobre las consecuencias que tuvieron los secuestros y la violencia ejercida contra sus familias.

Es una dimensión particularmente importante porque muestra que las consecuencias de una política represiva no terminan necesariamente cuando termina un operativo.

El secuestro de una persona afecta a una familia. La desaparición deja preguntas sin respuesta. El silencio impuesto durante décadas puede atravesar generaciones. Los juicios, en ese sentido, no solamente buscan determinar responsabilidades penales: también permiten reconstruir historias que durante mucho tiempo fueron deliberadamente ocultadas.

El noveno juicio de La Escuelita se extendió durante cinco meses y volvió a poner frente a la Justicia hechos ocurridos durante la última dictadura en la región. Ahora comienza una nueva etapa, menos visible pero decisiva: la revisión de los argumentos que sostienen el fallo.

La Fiscalía no puede apelar una sentencia solamente porque no coincide con ella. Debe explicar jurídicamente por qué considera que determinadas decisiones deben modificarse. Por eso los fundamentos serán determinantes para conocer con precisión cuáles serán los puntos del recurso y qué alcance tendrá la discusión ante Casación.

El veredicto, entonces, no es el punto final.

En una causa marcada por desapariciones, secuestros y otros delitos de lesa humanidad, la discusión judicial continúa porque todavía quedan preguntas sobre responsabilidades, penas y hechos que el Estado debe reconocer formalmente.

La historia de La Escuelita vuelve a demostrar que la memoria no funciona como un archivo cerrado.

Cada juicio agrega piezas.

Y cada sentencia, incluso cuando llega décadas después, vuelve a poner en discusión qué ocurrió, quiénes fueron responsables y hasta dónde está dispuesto el Estado democrático a llegar para que aquellos crímenes no queden sin respuesta.