Estados Unidos reunió en Panamá a 18 países para profundizar la Coalición Anticárteles de las Américas, una alianza que combina cooperación contra el narcotráfico con una creciente presencia militar de Washington en la región. Argentina integra el bloque y Colombia acaba de sumarse, pero México, Brasil y Canadá permanecen afuera. El problema no es combatir al crimen organizado —una obligación de cualquier democracia— sino qué se está construyendo en su nombre.

Hay palabras que América Latina conoce demasiado bien.

Seguridad. Enemigo. Guerra. Orden.

Suelen llegar acompañadas de una urgencia verdadera y terminar justificando políticas bastante más amplias que aquella urgencia inicial. Esta vez el enemigo son los carteles del narcotráfico y Estados Unidos ha decidido que llegó el momento de combatirlos mediante una arquitectura regional que incorpora explícitamente a las Fuerzas Armadas.

El secretario de Defensa estadounidense, Pete Hegseth, encabezó esta semana en Panamá una nueva reunión de la Coalición Anticárteles de las Américas, nacida dentro de la iniciativa Escudo de las Américas impulsada por Donald Trump. Participaron representantes de 18 países y Colombia anunció su incorporación como nuevo miembro.

La fotografía parece contundente.

Las sillas vacías, también.

México, Brasil y Canadá siguen sin incorporarse. Venezuela y Cuba, naturalmente, tampoco. La coalición que Washington presenta como respuesta hemisférica al narcotráfico continúa, por lo tanto, sin algunos de los países más importantes del continente.

No es un detalle diplomático. Es una pregunta sobre la naturaleza misma del proyecto.

Un problema real, una respuesta discutible

Conviene empezar por aquello que no debería admitir demasiadas discusiones.

El narcotráfico constituye una amenaza enorme para las democracias latinoamericanas. Compra policías, infiltra gobiernos, financia organizaciones armadas, lava fortunas dentro de economías legales, controla territorios y convierte a los sectores más pobres en proveedores de soldados y víctimas.

No enfrentarlo también es una decisión política.

Pero reconocer la dimensión del problema no obliga a aceptar cualquier respuesta.

Estados Unidos está desplazando progresivamente el combate contra las drogas desde el terreno policial, judicial y de cooperación internacional hacia una lógica militar. Hegseth habló en Panamá de degradar, desmantelar y destruir las organizaciones narcotraficantes y abrió la puerta a operaciones militares conjuntas con Colombia contra grupos armados considerados terroristas por Washington.

Incluso resumió la filosofía de la coalición con una frase difícil de imaginar en un seminario sobre Estado de derecho: “hacemos cosas malas a gente mala”.

Suena formidable para una película de acción.

Para una política pública democrática, en cambio, quedan algunas preguntas.

Quién determina quiénes son los malos. Bajo qué jurisdicción. Con qué pruebas. Mediante qué procedimiento. Y quién responde cuando el misil se equivoca.

Argentina ya eligió silla

Javier Milei decidió colocar a la Argentina dentro de esta nueva arquitectura desde el comienzo.

En marzo participó junto a Trump de la cumbre fundacional de Escudo de las Américas en Miami. El encuentro reunió fundamentalmente a gobiernos de centroderecha y derecha alineados con Washington y estableció una cooperación basada en inteligencia, seguridad y capacidad militar contra las organizaciones criminales.

La decisión resulta coherente con el alineamiento internacional que Milei ha convertido prácticamente en política de Estado: Estados Unidos primero y las preguntas después.

Pero existe una diferencia entre fortalecer la cooperación internacional contra el crimen organizado y entregar autonomía estratégica.

Argentina tiene razones de sobra para combatir el narcotráfico y compartir inteligencia con otros Estados. También tiene instituciones, leyes, un Congreso y una historia demasiado dolorosa respecto de la participación militar en asuntos de seguridad interior como para considerar esos límites una antigualla progresista.

De hecho, después de la cumbre de marzo, el propio Gobierno evaluó que algunos componentes del acuerdo podrían requerir aprobación del Congreso.

No sería un obstáculo burocrático.

Se llama democracia.

El gran ausente vive al lado de Estados Unidos

La ausencia más difícil de explicar es México.

Si se pretende construir una gran alianza continental contra los carteles, hacerlo sin México tiene aproximadamente la misma lógica que organizar una cumbre amazónica sin Brasil.

El gobierno mexicano ha defendido la cooperación bilateral con Washington, pero bajo una fórmula bastante sencilla: coordinación sin subordinación. México acepta compartir información y trabajar contra las organizaciones criminales, pero rechaza intervenciones militares estadounidenses dentro de su territorio.

Esa diferencia ayuda a entender por qué no forma parte de la coalición.

También revela el verdadero debate.

No se discute únicamente si hay que combatir al narcotráfico.

Se discute quién conduce ese combate y hasta dónde puede llegar Estados Unidos dentro de América Latina.

Colombia cambia y Washington avanza

Colombia acaba de modificar el tablero.

Con la llegada del conservador Abelardo de la Espriella a la presidencia, Bogotá solicitó una cooperación militar más estrecha con Estados Unidos y se incorporó a Escudo de las Américas. Hegseth planteó incluso la posibilidad de realizar ataques conjuntos contra el ELN y disidencias de las FARC consideradas organizaciones terroristas. Washington prevé además alrededor de 1.000 millones de dólares en asistencia de seguridad.

El giro colombiano resulta especialmente significativo porque el país conoce mejor que casi ninguno los límites de militarizar el problema de las drogas.

Décadas de Plan Colombia, fumigaciones, operaciones militares y miles de millones de dólares estadounidenses no consiguieron hacer desaparecer la cocaína.

Los jefes cambian.

Las rutas se desplazan.

Las organizaciones se fragmentan.

El negocio sobrevive.

Porque detrás de cada cartel destruido continúa existiendo aquello que ninguna bomba puede eliminar: un mercado multimillonario dispuesto a comprar la mercancía.

También está China detrás de la puerta

La nueva doctrina estadounidense tampoco termina en las drogas.

Desde su lanzamiento, Escudo de las Américas incorporó explícitamente la preocupación por la influencia de potencias externas en el hemisferio. Washington habla de combatir actores extranjeros “malignos” y ha señalado particularmente la creciente presencia económica y tecnológica china en América Latina.

El mapa empieza entonces a parecerse a algo bastante mayor.

Seguridad.

Migración.

Narcotráfico.

China.

Comercio.

Tecnología.

Recursos estratégicos.

La vieja doctrina Monroe regresa con ropa nueva, algoritmos y drones.

Y para Argentina la discusión deja de ser abstracta cuando China es uno de sus principales socios comerciales, participa de inversiones estratégicas y Estados Unidos presiona al mismo tiempo para limitar la utilización de tecnología china incluso en Vaca Muerta.

Los derechos humanos no pueden quedar afuera

Hay además una señal especialmente preocupante.

Durante el encuentro en Panamá, Hegseth pidió a los países latinoamericanos que rechazaran la jurisdicción de la Corte Penal Internacional, institución creada precisamente para perseguir genocidios, crímenes de guerra y delitos de lesa humanidad cuando los Estados no pueden o no quieren hacerlo.

Ahí el asunto cambia de escala.

Porque combatir organizaciones criminales dentro de la democracia exige algo bastante más difícil que destruirlas: hacerlo sin convertirse en aquello que se combate.

Los derechos humanos no son un premio para ciudadanos ejemplares.

Son límites al poder.

También cuando enfrente hay narcotraficantes.

Especialmente entonces.

Una coalición incompleta para un continente dividido

Estados Unidos tiene derecho a defender su seguridad. Los gobiernos latinoamericanos tienen la obligación de combatir organizaciones que corroen sus democracias. Y la cooperación internacional es imprescindible ante redes criminales que hace décadas dejaron de respetar fronteras.

Nada de eso requiere obediencia automática.

México eligió cooperar sin aceptar intervención militar estadounidense. Brasil permanece afuera. Argentina eligió alinearse. Colombia acaba de cambiar de posición.

Esas diferencias explican bastante mejor el estado actual del continente que cualquier fotografía de familia.

Quizás el problema de la nueva coalición de Trump no sean solamente quienes están sentados alrededor de la mesa.

Son también quienes decidieron no sentarse.

Porque América Latina ya conoció demasiadas veces proyectos diseñados desde Washington para salvarla de algún enemigo urgente.

Algunos enemigos eran reales.

Lo que no siempre resultó tan evidente fue quién terminaba salvándonos de los salvadores.