Un informe del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) estima que los países en desarrollo necesitarán unos 305.000 millones de dólares anuales para 2035. Sin embargo, los fondos públicos internacionales destinados a la adaptación apenas alcanzaron entre 28.200 y 31.700 millones en 2024, una brecha que amenaza con profundizar las desigualdades frente a la crisis climática.

El mundo avanza hacia un escenario de mayor calentamiento global, pero los recursos destinados a preparar a los países para enfrentar sus consecuencias siguen siendo insuficientes. Así lo advierte el Informe sobre la Brecha de Adaptación 2026 del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), que señala una distancia cada vez más preocupante entre las necesidades de las naciones en desarrollo y el financiamiento internacional disponible.

El documento, publicado el 4 de noviembre, calcula que los países en desarrollo necesitarán alrededor de 305.000 millones de dólares anuales para 2035 con el objetivo de adaptar sus economías, territorios e infraestructuras a los impactos del cambio climático. Sin embargo, los flujos de financiamiento público internacional provenientes de países desarrollados alcanzaron apenas entre 28.200 y 31.700 millones de dólares en 2024.

La diferencia no es solamente una cuestión contable. Detrás de esa brecha aparecen comunidades expuestas a inundaciones, sequías, olas de calor y otros fenómenos extremos, que necesitan infraestructura, sistemas de prevención y recursos para reducir los daños. La adaptación climática incluye desde fortalecer defensas costeras y mejorar el acceso al agua hasta desarrollar sistemas de alerta temprana, proteger la producción de alimentos y preparar las ciudades para temperaturas más elevadas.

El informe advierte que el financiamiento internacional creció apenas unos 1.000 millones de dólares entre 2023 y 2024. Además, los recursos destinados a los países menos desarrollados y a los pequeños Estados insulares, dos grupos especialmente vulnerables, retrocedieron respecto del máximo alcanzado en 2022, pese a que sus necesidades continúan aumentando.

La situación resulta todavía más preocupante frente al compromiso asumido en la COP30 de triplicar los fondos internacionales para adaptación hacia 2035. Según los cálculos del PNUMA, incluso si ese objetivo se cumple, los recursos cubrirían apenas entre el 20% y el 29% de las necesidades estimadas. Es decir, la mayor parte del financiamiento necesario seguiría sin estar disponible.

La directora ejecutiva del organismo, Inger Andersen, advirtió que el mundo no está preparado para adaptarse siquiera a las condiciones climáticas actuales, mucho menos a las consecuencias de superar el umbral de calentamiento de 1,5 grados. Por eso, reclamó acelerar los compromisos financieros y aumentar los esfuerzos para proteger vidas, economías y territorios.

El documento también pone el foco en las pérdidas y daños que ya provoca el cambio climático. Los países afectados no solo necesitan recursos para prevenir futuros impactos, sino también asistencia para recuperarse de los perjuicios que ya sufrieron. En ese terreno, los mecanismos internacionales continúan mostrando limitaciones.

Un ejemplo es el Fondo para responder a las Pérdidas y los Daños, cuyo primer llamado recibió solicitudes de financiamiento por 2.800 millones de dólares, frente a una disponibilidad inicial de apenas 342 millones. La diferencia refleja la magnitud de las necesidades y las dificultades para garantizar una respuesta acorde con los daños registrados.

A las limitaciones económicas se suman obstáculos administrativos e institucionales. Los procedimientos complejos, la falta de capacidades técnicas y las dificultades para acceder a los mecanismos internacionales pueden retrasar proyectos incluso cuando existen recursos disponibles. Por eso, el PNUMA plantea que no alcanza con aumentar los fondos: también es necesario simplificar los mecanismos de acceso, fortalecer las instituciones y garantizar que las comunidades afectadas participen en las decisiones.

El informe identifica algunos avances. La cooperación financiera entre países en desarrollo y los aportes canalizados a través de bancos multilaterales aumentaron de 3.800 millones de dólares en 2019 a 9.600 millones en 2024. También crece la participación del sector privado, aunque su contribución todavía tiene un alcance limitado para financiar obras y políticas de adaptación orientadas al interés público.

La discusión adquiere especial relevancia para regiones como América Latina, donde la vulnerabilidad climática convive con desigualdades económicas, dependencia de los recursos naturales y grandes diferencias en la capacidad de respuesta de los gobiernos. La falta de financiamiento puede profundizar esas brechas y dejar a las comunidades con menos recursos expuestas a consecuencias cada vez más costosas.

La advertencia de Naciones Unidas llega en un momento en que los países deben avanzar desde los compromisos diplomáticos hacia medidas concretas. Adaptarse al cambio climático requiere planificación de largo plazo, infraestructura y recursos previsibles. Sin una distribución más equitativa del financiamiento internacional, las naciones que menos contribuyeron históricamente al problema seguirán enfrentando algunos de sus impactos más severos con herramientas insuficientes.