Dos jóvenes fueron detenidos en Presidencia Roque Sáenz Peña después de que una advertencia del FBI activara una investigación de la Justicia Federal. Las consultas realizadas a ChatGPT fueron una de las primeras señales que permitieron detectar la amenaza, mientras que los allanamientos incorporaron nuevos elementos a la causa.

Una investigación iniciada a partir de una alerta del FBI permitió detectar un presunto plan de ataques contra establecimientos educativos en el norte argentino. El caso ocurrió en Presidencia Roque Sáenz Peña, Chaco, donde dos jóvenes fueron detenidos luego de que organismos estadounidenses advirtieran sobre conversaciones en ChatGPT que podrían estar relacionadas con la preparación de un ataque.

La información llegó a la Argentina y fue recibida por la Unidad de Investigaciones de Delitos Complejos y Procedimientos Judiciales de Gendarmería Nacional en Sáenz Peña. A partir de allí, los investigadores comenzaron a trabajar bajo la supervisión de la Fiscalía Federal de Presidencia Roque Sáenz Peña para identificar al usuario y determinar si existía una amenaza concreta.

Según la información incorporada a la investigación, las consultas realizadas a la plataforma de inteligencia artificial contenían referencias a un posible ataque contra instituciones educativas. Entre los establecimientos que habrían sido mencionados figuraba la Universidad de la Cuenca del Plata, en Corrientes, además de otros espacios educativos de la región.

La pesquisa avanzó mediante el análisis de información digital y el cruce de datos que permitió orientar las medidas judiciales hacia un domicilio de la ciudad chaqueña. Con una orden de allanamiento, efectivos de Gendarmería ingresaron a la vivienda y secuestraron distintos elementos que ahora forman parte de la investigación.

Entre los objetos incautados había dos agendas con anotaciones manuscritas que, según la evaluación inicial, estarían vinculadas con la planificación investigada. También se encontraron dispositivos electrónicos, herramientas y material con simbología nazi. Los investigadores secuestraron tres teléfonos celulares, tres computadoras portátiles, una computadora de escritorio y distintos dispositivos de almacenamiento, cuyo contenido deberá ser analizado.

Un dato relevante del procedimiento fue que no se encontraron armas de fuego ni explosivos, pese a que las consultas que habían originado la alerta incluían referencias a esos elementos. Esa diferencia obliga a separar las afirmaciones que aparecieron en las conversaciones digitales de aquello que efectivamente pudo comprobarse durante el allanamiento.

Los dos jóvenes quedaron a disposición de la Justicia Federal. La investigación deberá determinar cuál fue la participación de cada uno, la veracidad de las amenazas y si existía una intención concreta de llevar adelante los ataques. Por ahora, las acusaciones forman parte de una causa en desarrollo y deberán ser acreditadas judicialmente.

El episodio guarda relación con otro caso investigado semanas antes en Quilmes, provincia de Buenos Aires. Allí, una alerta del FBI también había permitido que las autoridades argentinas intervinieran ante conversaciones de un adolescente con ChatGPT vinculadas con una posible agresión en un establecimiento educativo. La reiteración de situaciones de este tipo encendió las alarmas sobre las amenazas dirigidas contra comunidades escolares.

Los casos también abrieron un debate sobre el funcionamiento de los sistemas de inteligencia artificial y los mecanismos de seguridad de las plataformas. Las conversaciones con estos servicios pueden ser sometidas a procesos de detección de amenazas y, ante situaciones consideradas graves, derivar en alertas a las autoridades. Esto plantea interrogantes sobre la privacidad digital, la prevención y los límites de la intervención de las empresas tecnológicas.

Más allá de las particularidades de cada expediente, las investigaciones vuelven a poner en primer plano la necesidad de atender las amenazas en ámbitos educativos con responsabilidad, sin convertir las sospechas en condenas anticipadas. La prevención requiere coordinación entre instituciones, intervención judicial y acompañamiento de las comunidades escolares. En Chaco, el desafío inmediato será esclarecer qué ocurrió y determinar si el peligro detectado en el entorno digital tenía un correlato real.