En el marco de la investigación por estafas con planes sociales, un nuevo imputado se suma al caso, mientras otro acusado es sobreseído. La nueva imputación recae en un colaborador de los funcionarios estatales involucrados en la asociación ilícita.

La investigación sobre estafas con planes sociales continúa arrojando novedades, esta vez con la inclusión de un nuevo imputado y el sobreseimiento de otro acusado. La nueva imputación recae en A.M.L, identificado como un colaborador de los funcionarios y empleados estatales que formaban parte de la asociación ilícita investigada. Según la fiscalía, este individuo se ubicaría en el nivel 5 de la pirámide de la organización delictiva.

Las acusaciones contra A.M.L se centran en su presunta participación en la suscripción de contratos de alquiler de vehículos con uno de los líderes de la banda, Pablo Sanz. Según los registros judiciales, A.M.L habría cobrado sus servicios utilizando cheques provenientes de la cuenta donde se depositaban los fondos destinados al pago de planes sociales. Se estima que el total de los cheques emitidos ascendió a $4.982.500, lo que representa una cifra significativa en el contexto de la investigación.

En contrapartida, el fiscal Juan Narvaez solicitó el sobreseimiento de M.M.G, quien inicialmente había sido señalado como responsable del alquiler de los vehículos. La decisión de sobreseer a este individuo se basa en la falta de evidencia que lo vincule directamente con las actividades delictivas en cuestión.

El nuevo imputado, A.M.L, enfrenta cargos por integrar la asociación ilícita, en concurso real con defraudación especial por el uso no autorizado de tarjeta de débito y fraude a la administración pública reiterada, todo en calidad de coautor. Estas acusaciones subrayan la complejidad y gravedad de la trama delictiva en la que se encuentra involucrado, así como la determinación de las autoridades judiciales de llevar a cabo una investigación exhaustiva para esclarecer los hechos y aplicar la justicia correspondiente.