El ministro de Economía defendió la expansión del crédito hipotecario como una herramienta de “justicia social”, una expresión que Javier Milei convirtió durante años en uno de sus principales blancos ideológicos. La contradicción no es menor: mientras el Gobierno busca utilizar recursos del sistema previsional para impulsar el acceso a la vivienda, el Presidente sostiene una visión radicalmente opuesta sobre el papel de la redistribución y la intervención estatal.

Hay palabras que en política pesan más que otras. “Justicia social” es una de ellas.

Durante décadas, la expresión quedó asociada al peronismo y a la idea de que el Estado debe intervenir para reducir desigualdades y ampliar el acceso a determinados derechos y bienes. Javier Milei hizo de su rechazo una de las banderas centrales de su discurso: la calificó en numerosas oportunidades como un “robo” y cuestionó la legitimidad de utilizar al Estado para redistribuir recursos.

Por eso llamó la atención que Luis Caputo utilizara precisamente ese concepto para explicar una de las próximas apuestas económicas del Gobierno.

El ministro defendió el impulso al crédito hipotecario y sostuvo que facilitar el acceso a una vivienda para quienes tienen trabajo constituye una cuestión de justicia social. La propuesta contempla utilizar recursos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la Anses para ampliar el financiamiento de largo plazo.

La frase puede parecer apenas una elección de palabras.

No lo es.

Caputo no solamente habló de vivienda. También utilizó un argumento económico asociado históricamente a una concepción más activa del Estado: los créditos hipotecarios, dijo, generan un efecto multiplicador porque una familia que accede a una vivienda también compra muebles, electrodomésticos y otros bienes, movilizando distintas ramas de la economía.

La idea introduce una tensión evidente dentro del propio oficialismo.

Milei construyó su identidad política alrededor de una crítica profunda a la intervención estatal y a las políticas redistributivas. Su discurso económico plantea que la asignación de recursos debe surgir fundamentalmente de las decisiones individuales y del funcionamiento del mercado.

Caputo, en cambio, está defendiendo una política en la que el Estado utiliza activos públicos para intentar generar una condición que el mercado argentino, por sí solo, no logró construir de manera suficiente: crédito hipotecario accesible y de largo plazo.

La contradicción no significa necesariamente que el Gobierno haya abandonado su orientación económica.

Pero sí muestra que gobernar obliga a enfrentarse con problemas que no siempre encajan cómodamente en una doctrina.

El acceso a la vivienda es uno de ellos.

Argentina tiene una larga historia de dificultades para desarrollar crédito hipotecario. La inflación, las crisis recurrentes y la falta de instrumentos financieros de largo plazo hicieron que comprar una vivienda mediante un préstamo bancario se convirtiera en una posibilidad limitada para una parte de la población.

El problema no desaparece porque cambie el Gobierno.

Tampoco porque se lo explique exclusivamente desde la lógica del mercado.

Una familia puede tener empleo, capacidad de ahorro y voluntad de comprar una vivienda, pero si el sistema financiero no consigue ofrecerle un préstamo a veinte o treinta años en condiciones razonables, esa posibilidad continúa fuera de su alcance.

Ahí aparece la intervención que propone Caputo.

El Gobierno pretende utilizar recursos del FGS para facilitar el financiamiento hipotecario. Es decir, recurrir a una herramienta estatal para intentar generar un mercado que considera necesario para la economía.

Y ahí surge otra discusión.

El dinero del FGS está vinculado al sistema previsional. Por lo tanto, utilizar esos recursos para impulsar créditos hipotecarios obliga a preguntarse qué riesgos asumirá el Estado y cómo se garantizará que una política destinada a ampliar el acceso a la vivienda no termine comprometiendo recursos que tienen otra finalidad.

La cuestión no es menor.

Una política pública puede perseguir un objetivo socialmente deseable y, al mismo tiempo, necesitar reglas estrictas para evitar que sus costos recaigan sobre otros sectores.

Ese es precisamente el punto donde el debate deja de ser semántico.

“Justicia social” puede ser una expresión asociada al peronismo, pero el acceso a una vivienda no pertenece a ninguna identidad partidaria. Tampoco la necesidad de construir mecanismos de financiamiento que permitan que una persona que trabaja pueda acceder a un hogar propio.

Lo interesante es que el Gobierno de Milei parece encontrarse con una realidad que no siempre coincide con las categorías utilizadas durante la campaña.

La economía necesita inversión.

Necesita crédito.

Necesita consumo.

Y también necesita instrumentos capaces de resolver problemas que el mercado financiero argentino no logró solucionar durante décadas.

El Estado puede decidir no intervenir.

Pero también puede decidir hacerlo cuando considera que existe una falla que impide alcanzar determinados objetivos.

La verdadera discusión, entonces, no debería ser si Caputo utilizó una palabra tradicionalmente vinculada con el peronismo.

Debería ser qué política concreta propone detrás de esa palabra.

Porque decir “justicia social” no garantiza que una política sea justa. Del mismo modo, rechazar la expresión no elimina las desigualdades que existen en la sociedad.

Lo importante es mirar quién recibe los beneficios, quién asume los riesgos y cómo se financia el mecanismo.

En ese sentido, la escena tiene algo de paradoja política.

El ministro de Economía de un Gobierno que llegó al poder cuestionando buena parte del lenguaje tradicional de la política argentina acaba de recuperar una expresión que su propio Presidente convirtió en sinónimo de todo aquello que quería combatir.

Quizás la economía tenga, una vez más, una manera bastante particular de recordarle a la política que las palabras pueden cambiar de significado cuando llegan al despacho donde hay que tomar decisiones.

Y que, al final, una vivienda no pregunta si la política que permitió comprarla fue liberal, peronista o libertaria: importa que sea accesible, sostenible y que quien la habita pueda pagarla sin quedar atrapado en el intento.