El juez en lo Penal Económico Javier López Biscayart ya tiene en su poder documentos oficiales que acreditarían que en la supuesta maniobra de contrabando ilegal de armamento a Bolivia en 2019 estuvieron involucrados funcionarios de la más alta jerarquía del Gobierno de Cambiemos, como los exministros Oscar Aguad (Defensa) y Patricia Bullrich (Seguridad), informaron fuentes con acceso a esa documentación.
El escenario probatorio se completa, al menos hasta acá, con las investigaciones administrativas realizadas hacia el interior de los ministerios que habrían estado involucrados en la maniobra; lo que incluye las declaraciones de los gendarmes del comando Alacrán que viajaron a Bolivia y los altos mandos de la fuerza aérea que estuvieron al tanto de cómo se cargó el avión Hércules C-130 donde se presume que se trasladó el armamento.
Por otra parte, fuentes judiciales indicaron que «fue aceptada como querellante en la causa» la Aduana, que tiene un rol fundamental en la investigación para determinar el derrotero del material que según las denuncias fue enviado a Bolivia.
Detalles de los documentos
Entre los documentos presentados a la justicia se encuentra el manifiesto de carga del Hércules que partió desde Buenos Aires durante la noche del 12 de noviembre de 2019 y aterrizó en Bolivia en la madrugada del 13.
Ese documento, aportado por el Ministerio de Defensa, especifica que a bordo del Hércules iban los pertrechos habituales con los que se manejan los Alacranes, pero nada decía de las 70 mil municiones adicionales que se agregaron, sin incorporarse al manifiesto.
El Gobierno nacional avanza además en la reconstrucción, a través de investigaciones internas, del recorrido completo que habrían seguido los elementos represivos que, según fuera denunciado, el gobierno de Mauricio Macri puso a disposición de las fuerzas de seguridad bolivianas que enfrentaron las protestas sociales desatadas tras el golpe de estado al gobierno de Evo Morales.
El rol de la Dirección General de Aduanas (DGA)
En tanto, la Dirección General de Aduanas (DGA) que depende de la AFIP se constituyó este jueves como querellante en la causa donde se investiga el posible delito de contrabando agravado en el envío de armamento y material controlado a Bolivia, que lleva a delante el juez López Biscayart y en la que interviene el fiscal Claudio Navas Rial.
«La decisión de la DGA que encabeza Silvia Traverso sumará la expertise del servicio aduanero al trabajo que realizan el juzgado y la fiscalía a partir de la denuncia presentada por la ministra de Seguridad, Sabina Frederic; el ministro de Justicia, Martín Soria; y Mercedes Marcó del Pont», se informó a través de un comunicado.
Horas después se supo que la Justicia aceptó a la Aduana como querellante en el proceso.
Agencia Telam.
